May ultima un plan para salvar su Brexit y frenar a los euroescépticos
Reino Unido permanecerá en el territorio aduanero común europeo hasta cerrar un nuevo acuerdo de relación económica con la UE, según 'The Sunday Times'
Rafa de Miguel
Londres, El País
Paso a paso, ajena a las voces que daban su carrera por amortizada, Theresa May ha construido respuestas para cada obstáculo. En primer lugar, el desafío legal. El problema de Irlanda del Norte se había convertido en el principal escollo. ¿Cómo evitar que se volviera a poner en pie una frontera entre las dos Irlandas que diera al traste con los años de paz y buena relación conseguidos tras los Acuerdos del Viernes Santo? La "salvaguarda irlandesa", el llamado backstop impuesto por Bruselas, no aguantaba. Aislar al Ulster del resto de Reino Unido y mantener esta provincia dentro del Mercado Interior y la Unión Aduanera hubiera causado una crisis constitucional y política insalvable. La solución del Gobierno británico ha sido mantener a todo el país dentro del territorio aduanero común europeo durante el periodo de transición, hasta el 31 de diciembre de 2020, y durante unos meses más de extensión de ese periodo, hasta cerrar un nuevo acuerdo de relación económica.
La complicidad de Bruselas, según The Sunday Times, ha sido fundamental. Las autoridades comunitarias habrían mostrado su disposición a acompañar el acuerdo de retirada de la UE de una amplia declaración política, de hasta 50 páginas, que dibuje con claridad hacia donde se encaminaría la futura relación comercial, con una estructura muy similar a la del actual acuerdo de la UE con Canadá. Junto a eso, se admitiría una "cláusula de salida" que dejara claro que la extensión del periodo de transición no sería por tiempo indefinido y que Reino Unido tendría en su mano la llave para concluirlo. Finalmente, los controles aduaneros se realizarían "en el mercado", es decir, en las mismas fábricas y comercios, y por funcionarios británicos, para evitar la mínima apariencia de nuevas barreras.
A la complicada negociación se ha sumado una estrategia política artera. May, según The Times, ha permitido que parte de los nuevos términos del acuerdo sean redactados por Jacob Rees-Mogg, el líder del Grupo de Investigaciones Europeas que ha capitaneado la revuelta euroescéptica. La primera ministra esgrimirá una doble amenaza. Al ala dura de su partido le amenazará con hacerla responsable de los catastróficos efectos económicos de un Brexit no negociado si no respaldan el acuerdo. A los laboristas les recordará que, bajo los nuevos términos, Reino Unido se mantendrá durante un largo tiempo en la Unión Aduanera, como exigía este partido. Pretende así asegurarse el necesario apoyo de un puñado de diputados de la oposición.
Los euroescépticos comienzan a mostrar una rabia exagerada ante las maniobras envolventes de May. David Davis, el que fuera su ministro para el Brexit durante la primera fase de las negociaciones con Bruselas y que es hoy uno de los críticos más duros con la primera ministra y voluntarioso candidato a sucederla al frente del Partido Conservador, ha publicado una carta, también en The Sunday Times, en la que exige al Gobierno que haga públicos los documentos legales que sostienen su hipotético acuerdo con Bruselas. Davis llega a comparar la situación de May con la de Tony Blair, cuando se negó a mostrar los informes jurídicos internos previos a la intervención de Reino Unido en la guerra de Irak. "Ha llegado el momento de que el Gobierno haga públicos los informes legales que ha recibido. No hay pero que valga. Blair acabó sufriendo porque serpenteó y prevaricó. No hay más que ver cómo le contempla hoy la Historia. Exijo a la primera ministra que haga lo correcto y publique los informes. Si no lo hace, los ministros deberán ejercer su autoridad y obligarla a hacerlo", ha escrito Davis, quien en un nuevo ejercicio de deslealtad, o de disimulada impaciencia, ha vuelto a llamar a la rebelión a los miembros del Gobierno.
El resultado final de este largo camino, si culmina con éxito, será muy distinto del soñado por May al principio de su mandato e incluso al que diseñó el pasado verano con su llamado plan Chequers, que Bruselas rechazó desde el inicio. Pero la primera ministra ha sabido presentar como victorias de la lógica negociadora todas las renuncias que se ha visto obligada a aceptar.
La advertencia de los empresarios
No pasa un solo día sin que el Gobierno de Reino Unido reciba nuevas presiones de la comunidad empresarial y este fin de semana no ha sido una excepción. En una carta abierta firmada por 70 altos directivos de las principales compañías del país, se ha anunciado el lanzamiento de una nueva campaña para exigir que haya un segundo referéndum.
"Se prometió a la comunidad empresarial que si el país votaba por el Brexit seguiríamos disfrutando de un comercio libre de fricciones con la UE, y que dispondríamos de la certeza necesaria sobre nuestra relación futura para poder realizar inversiones a largo plazo.
A pesar de los esfuerzos de la primera ministra, todas las propuestas intercambiadas entre el Gobierno y la Comisión Europea se han quedado cortas y no se acercan en absoluto al acuerdo del que hoy disfrutamos con la UE", dice el texto, que acaba pidiendo un nuevo referéndum para que los ciudadanos tengan la última palabra.
Londres, El País
Paso a paso, ajena a las voces que daban su carrera por amortizada, Theresa May ha construido respuestas para cada obstáculo. En primer lugar, el desafío legal. El problema de Irlanda del Norte se había convertido en el principal escollo. ¿Cómo evitar que se volviera a poner en pie una frontera entre las dos Irlandas que diera al traste con los años de paz y buena relación conseguidos tras los Acuerdos del Viernes Santo? La "salvaguarda irlandesa", el llamado backstop impuesto por Bruselas, no aguantaba. Aislar al Ulster del resto de Reino Unido y mantener esta provincia dentro del Mercado Interior y la Unión Aduanera hubiera causado una crisis constitucional y política insalvable. La solución del Gobierno británico ha sido mantener a todo el país dentro del territorio aduanero común europeo durante el periodo de transición, hasta el 31 de diciembre de 2020, y durante unos meses más de extensión de ese periodo, hasta cerrar un nuevo acuerdo de relación económica.
La complicidad de Bruselas, según The Sunday Times, ha sido fundamental. Las autoridades comunitarias habrían mostrado su disposición a acompañar el acuerdo de retirada de la UE de una amplia declaración política, de hasta 50 páginas, que dibuje con claridad hacia donde se encaminaría la futura relación comercial, con una estructura muy similar a la del actual acuerdo de la UE con Canadá. Junto a eso, se admitiría una "cláusula de salida" que dejara claro que la extensión del periodo de transición no sería por tiempo indefinido y que Reino Unido tendría en su mano la llave para concluirlo. Finalmente, los controles aduaneros se realizarían "en el mercado", es decir, en las mismas fábricas y comercios, y por funcionarios británicos, para evitar la mínima apariencia de nuevas barreras.
A la complicada negociación se ha sumado una estrategia política artera. May, según The Times, ha permitido que parte de los nuevos términos del acuerdo sean redactados por Jacob Rees-Mogg, el líder del Grupo de Investigaciones Europeas que ha capitaneado la revuelta euroescéptica. La primera ministra esgrimirá una doble amenaza. Al ala dura de su partido le amenazará con hacerla responsable de los catastróficos efectos económicos de un Brexit no negociado si no respaldan el acuerdo. A los laboristas les recordará que, bajo los nuevos términos, Reino Unido se mantendrá durante un largo tiempo en la Unión Aduanera, como exigía este partido. Pretende así asegurarse el necesario apoyo de un puñado de diputados de la oposición.
Los euroescépticos comienzan a mostrar una rabia exagerada ante las maniobras envolventes de May. David Davis, el que fuera su ministro para el Brexit durante la primera fase de las negociaciones con Bruselas y que es hoy uno de los críticos más duros con la primera ministra y voluntarioso candidato a sucederla al frente del Partido Conservador, ha publicado una carta, también en The Sunday Times, en la que exige al Gobierno que haga públicos los documentos legales que sostienen su hipotético acuerdo con Bruselas. Davis llega a comparar la situación de May con la de Tony Blair, cuando se negó a mostrar los informes jurídicos internos previos a la intervención de Reino Unido en la guerra de Irak. "Ha llegado el momento de que el Gobierno haga públicos los informes legales que ha recibido. No hay pero que valga. Blair acabó sufriendo porque serpenteó y prevaricó. No hay más que ver cómo le contempla hoy la Historia. Exijo a la primera ministra que haga lo correcto y publique los informes. Si no lo hace, los ministros deberán ejercer su autoridad y obligarla a hacerlo", ha escrito Davis, quien en un nuevo ejercicio de deslealtad, o de disimulada impaciencia, ha vuelto a llamar a la rebelión a los miembros del Gobierno.
El resultado final de este largo camino, si culmina con éxito, será muy distinto del soñado por May al principio de su mandato e incluso al que diseñó el pasado verano con su llamado plan Chequers, que Bruselas rechazó desde el inicio. Pero la primera ministra ha sabido presentar como victorias de la lógica negociadora todas las renuncias que se ha visto obligada a aceptar.
La advertencia de los empresarios
No pasa un solo día sin que el Gobierno de Reino Unido reciba nuevas presiones de la comunidad empresarial y este fin de semana no ha sido una excepción. En una carta abierta firmada por 70 altos directivos de las principales compañías del país, se ha anunciado el lanzamiento de una nueva campaña para exigir que haya un segundo referéndum.
"Se prometió a la comunidad empresarial que si el país votaba por el Brexit seguiríamos disfrutando de un comercio libre de fricciones con la UE, y que dispondríamos de la certeza necesaria sobre nuestra relación futura para poder realizar inversiones a largo plazo.
A pesar de los esfuerzos de la primera ministra, todas las propuestas intercambiadas entre el Gobierno y la Comisión Europea se han quedado cortas y no se acercan en absoluto al acuerdo del que hoy disfrutamos con la UE", dice el texto, que acaba pidiendo un nuevo referéndum para que los ciudadanos tengan la última palabra.
