La justicia ecuatoriana desestima la demanda de Assange contra las nuevas normas de asilo
El Gobierno de Moreno ha impuesto un rígido protocolo de visitas y convivencia como condición para devolver la conexión a internet al fundador de Wikileaks
Sara España
Guayaquil, El País
Julian Assange tiene dos opciones: o se acomoda a las nuevas normas de convivencia o sale de la Embajada de Ecuador en Londres. La justicia ecuatoriana ha desestimado la última alternativa a la que recurrió el fundador de Wikileaks para no someterse a un estricto régimen de visitas, comunicaciones y aseo, al rechazar la acción de protección que presentó el exjuez español Baltasar Garzón hace dos semanas durante una visita a Quito. El defensor del hacker australiano quería deslegitimar el nuevo protocolo, alegando que suponía una vulneración de sus derechos fundamentales y un “amordazamiento” de Assange. Pero los tribunales del país han declarado improcedente su demanda.
Según la jueza, Ecuador no ha vulnerado los derechos del australiano al condicionar su condición de asilado a que cumpla nuevas normas de comportamiento, puesto que conceder o retirar el asilo es potestad del Estado ecuatoriano. La decisión judicial es de primera instancia y puede ser apelada. La semana pasada se celebró una primera audiencia pero tuvo que suspenderse por problemas de conexión y de traductor que impedían al activista informático intervenir por videoconferencia.
Assange pretendía con la acción de protección presentada, y ahora desestimada, recuperar la comunicación a Internet y el régimen de visitas sin tener que someterse al control de la delegación diplomática de Ecuador en Londres, donde permanece desde 2012. El Gobierno de Lenín Moreno decidió hace siete meses cortar todas sus comunicaciones, después de que el fundador de Wikileaks reincidiera en sus pronunciamientos sobre política interna de otros países. Moreno ya le había advertido que no debía interferir en asuntos que pudieran afectar a la relación de Ecuador con otros países. Assange incluso firmó un compromiso en diciembre que incumplió en marzo al apoyar la crisis secesionista de Cataluña, en España. Desde entonces, se le cortó el acceso a internet y dejó de recibir visitas.
El nuevo protocolo establece, entre otras cuestiones, que Assange podrá conectarse solo a la red wifi de la Embajada a través de su propia computadora y de su teléfono móvil. Sus visitantes tendrán que anunciarse con una antelación de tres días y la autoridad diplomática podrá permitir o no la visita sin tener que dar argumentos. Además, tendrán que informar sobre los móviles y aparatos electrónicos con los que ingresarán a la legación diplomática durante la visita. En cuanto a los gastos de manutención, el Estado ecuatoriano dejará de cubrirlos y obligará a Assange a someterse a revisiones médicas trimestrales, que pagará él mismo, para asegurarse de que está en buen estado de salud. El australiano deberá también hacerse cargo de su aseo personal, del de su mascota y del espacio que utilice. Cualquier incumplimiento supondrá perder la protección de asilado.
Assange, que ha intervenido a través de videoconferencia en la audiencia judicial, ha cuestionado las verdaderas intenciones del Gobierno ecuatoriano al imponerle un nuevo pliego de condiciones. Según su denuncia, Ecuador quiere poner fin a su asilo y entregarle a Estados Unidos, debido a las nuevas relaciones entre ambos países y a la presión del Reino Unido y del vicepresidente estadounidense Mike Pence, que visitó Quito en junio. "Rechazamos esas maliciosas y perversas declaraciones, Ecuador no actúa por presiones de otras naciones", aseguró el procurador del Estado, Íñigo Salvador, recoge la agencia Efe. El canciller ecuatoriano, José Valencia, defendió a su vez que el protocolo es “perfectamente legal”, que cumple con la normativa internacional sobre asilo y que así lo ratifica la decisión de la jueza de rechazar la petición del australiano.
Guayaquil, El País
Julian Assange tiene dos opciones: o se acomoda a las nuevas normas de convivencia o sale de la Embajada de Ecuador en Londres. La justicia ecuatoriana ha desestimado la última alternativa a la que recurrió el fundador de Wikileaks para no someterse a un estricto régimen de visitas, comunicaciones y aseo, al rechazar la acción de protección que presentó el exjuez español Baltasar Garzón hace dos semanas durante una visita a Quito. El defensor del hacker australiano quería deslegitimar el nuevo protocolo, alegando que suponía una vulneración de sus derechos fundamentales y un “amordazamiento” de Assange. Pero los tribunales del país han declarado improcedente su demanda.
Según la jueza, Ecuador no ha vulnerado los derechos del australiano al condicionar su condición de asilado a que cumpla nuevas normas de comportamiento, puesto que conceder o retirar el asilo es potestad del Estado ecuatoriano. La decisión judicial es de primera instancia y puede ser apelada. La semana pasada se celebró una primera audiencia pero tuvo que suspenderse por problemas de conexión y de traductor que impedían al activista informático intervenir por videoconferencia.
Assange pretendía con la acción de protección presentada, y ahora desestimada, recuperar la comunicación a Internet y el régimen de visitas sin tener que someterse al control de la delegación diplomática de Ecuador en Londres, donde permanece desde 2012. El Gobierno de Lenín Moreno decidió hace siete meses cortar todas sus comunicaciones, después de que el fundador de Wikileaks reincidiera en sus pronunciamientos sobre política interna de otros países. Moreno ya le había advertido que no debía interferir en asuntos que pudieran afectar a la relación de Ecuador con otros países. Assange incluso firmó un compromiso en diciembre que incumplió en marzo al apoyar la crisis secesionista de Cataluña, en España. Desde entonces, se le cortó el acceso a internet y dejó de recibir visitas.
El nuevo protocolo establece, entre otras cuestiones, que Assange podrá conectarse solo a la red wifi de la Embajada a través de su propia computadora y de su teléfono móvil. Sus visitantes tendrán que anunciarse con una antelación de tres días y la autoridad diplomática podrá permitir o no la visita sin tener que dar argumentos. Además, tendrán que informar sobre los móviles y aparatos electrónicos con los que ingresarán a la legación diplomática durante la visita. En cuanto a los gastos de manutención, el Estado ecuatoriano dejará de cubrirlos y obligará a Assange a someterse a revisiones médicas trimestrales, que pagará él mismo, para asegurarse de que está en buen estado de salud. El australiano deberá también hacerse cargo de su aseo personal, del de su mascota y del espacio que utilice. Cualquier incumplimiento supondrá perder la protección de asilado.
Assange, que ha intervenido a través de videoconferencia en la audiencia judicial, ha cuestionado las verdaderas intenciones del Gobierno ecuatoriano al imponerle un nuevo pliego de condiciones. Según su denuncia, Ecuador quiere poner fin a su asilo y entregarle a Estados Unidos, debido a las nuevas relaciones entre ambos países y a la presión del Reino Unido y del vicepresidente estadounidense Mike Pence, que visitó Quito en junio. "Rechazamos esas maliciosas y perversas declaraciones, Ecuador no actúa por presiones de otras naciones", aseguró el procurador del Estado, Íñigo Salvador, recoge la agencia Efe. El canciller ecuatoriano, José Valencia, defendió a su vez que el protocolo es “perfectamente legal”, que cumple con la normativa internacional sobre asilo y que así lo ratifica la decisión de la jueza de rechazar la petición del australiano.
