Nicaragua: la vicepresidenta Rosario Murillo responsabilizó al "terrorismo golpista" de los cientos de muertos
"Pero vencimos, somos libres, no pudieron y no pasarán", afirmó la esposa del mandatario Daniel Ortega y advirtió que murieron 197 personas y no 317, como registraron las organizaciones no gubernamentales. "El gobierno está en una política de negación", respondió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
Infobae
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, atribuyó este martes a la oposición, a la que acusó de "terrorismo golpista", la muerte de 197 personas en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
"Son 197 hermanos cuya vida fue cegada por el terrorismo golpista, por los criminales. Ellos los mataron", sentenció la poderosa primera dama en su alocución diaria a medios oficialistas.
"¡Que paguen por sus crímenes, ellos los golpistas asesinaron a estos hermanos!", dijo Murillo, quien sustentó la cifra de muertos en un informe presentado este martes por la policía.
Ese informe señala que entre el 19 de abril y el 25 de julio murieron 197 personas "víctimas del terrorismo golpista", entre los que reconoce el deceso de 22 policías y sólo cinco estudiantes universitarios, que encabezan las protestas.
La vicepresidenta dijo que el gobierno sabe quiénes dirigieron, promovieron, financiaron y ejecutaron "el golpe de estado, ese sangriento intento de detener el buen rumbo que llevaba" Nicaragua.
"Pero vencimos, somos libres, no pudieron y no pasarán", dijo la esposa de Ortega al referirse a los manifestantes que el gobierno también ha calificado de "derechistas, satánicos, vandálicos, delincuentes" y personas "diabólicas".
En su intervención, Murillo pidió varias veces justicia para las víctimas de "los golpistas" y desconoció la responsabilidad del gobierno en la violenta represión que se ejerció contra los manifestantes, que según organizaciones de derechos humanos deja 317 muertos y al menos 2.000 heridos.
La primera dama señaló que esas cifras han sido manipuladas para "para dañar la imagen del gobierno de Nicaragua", y que existe una campaña "de difamación nacional e internacional" contra la administración del presidente Ortega.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez considera que el gobierno está en "una política de negación, de minimizar la gran barbarie que cometieron porque saben que son los responsables". Están convirtiendo a las "víctimas en victimarios, es un juego perverso", dijo Núñez a la AFP.
Los grupos de derechos humanos afirman que los muertos fueron ocasionados por la violenta represión cometida por antimotines y paramilitares contra los manifestantes en las marchas y en la llamada "operación limpieza" de barricadas opositoras en vías y ciudadas.
La oposición denunció la semana pasada que el gobierno emprendió una fuerte persecución y detenciones ilegales contra activistas y personas que participaron en las protestas.
En tanto, más de 130 opositores fueron detenidos y encausados judicialmente en los últimos días acusados de terrorismo y otros delitos en base a una ley promovida por el gobierno que castiga con hasta 20 años de prisión la participación en actividades que alteren el orden constitucional.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones que luego se transformó en una demanda de salida del poder de Ortega debido a la represión y las muertes.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, atribuyó este martes a la oposición, a la que acusó de "terrorismo golpista", la muerte de 197 personas en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
"Son 197 hermanos cuya vida fue cegada por el terrorismo golpista, por los criminales. Ellos los mataron", sentenció la poderosa primera dama en su alocución diaria a medios oficialistas.
"¡Que paguen por sus crímenes, ellos los golpistas asesinaron a estos hermanos!", dijo Murillo, quien sustentó la cifra de muertos en un informe presentado este martes por la policía.
Ese informe señala que entre el 19 de abril y el 25 de julio murieron 197 personas "víctimas del terrorismo golpista", entre los que reconoce el deceso de 22 policías y sólo cinco estudiantes universitarios, que encabezan las protestas.
La vicepresidenta dijo que el gobierno sabe quiénes dirigieron, promovieron, financiaron y ejecutaron "el golpe de estado, ese sangriento intento de detener el buen rumbo que llevaba" Nicaragua.
"Pero vencimos, somos libres, no pudieron y no pasarán", dijo la esposa de Ortega al referirse a los manifestantes que el gobierno también ha calificado de "derechistas, satánicos, vandálicos, delincuentes" y personas "diabólicas".
En su intervención, Murillo pidió varias veces justicia para las víctimas de "los golpistas" y desconoció la responsabilidad del gobierno en la violenta represión que se ejerció contra los manifestantes, que según organizaciones de derechos humanos deja 317 muertos y al menos 2.000 heridos.
La primera dama señaló que esas cifras han sido manipuladas para "para dañar la imagen del gobierno de Nicaragua", y que existe una campaña "de difamación nacional e internacional" contra la administración del presidente Ortega.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez considera que el gobierno está en "una política de negación, de minimizar la gran barbarie que cometieron porque saben que son los responsables". Están convirtiendo a las "víctimas en victimarios, es un juego perverso", dijo Núñez a la AFP.
Los grupos de derechos humanos afirman que los muertos fueron ocasionados por la violenta represión cometida por antimotines y paramilitares contra los manifestantes en las marchas y en la llamada "operación limpieza" de barricadas opositoras en vías y ciudadas.
La oposición denunció la semana pasada que el gobierno emprendió una fuerte persecución y detenciones ilegales contra activistas y personas que participaron en las protestas.
En tanto, más de 130 opositores fueron detenidos y encausados judicialmente en los últimos días acusados de terrorismo y otros delitos en base a una ley promovida por el gobierno que castiga con hasta 20 años de prisión la participación en actividades que alteren el orden constitucional.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones que luego se transformó en una demanda de salida del poder de Ortega debido a la represión y las muertes.
