COB defiende la estatización de los fondos de pensiones tras anuncio de arbitraje de la BBVA
El principal ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, se refirió el asunto y aconsejó al Gobierno que concilie el resarcimiento que el Estado debe pagar a la administradora de pensiones española.
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
Tras conocerse que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) instauró un arbitraje en contra del país por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación de esa administradora privada a la Gestora Pública, la Central Obrera Boliviana (COB) ha salido al frente para defender la estatización del manejo de los fondos de pensiones que impulsó hace varios años.
El principal ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, se refirió el asunto y aconsejó al Gobierno que concilie el resarcimiento que el Estado debe pagar a la firma española.
“Creemos que no nos hemos equivocado, ahora hay una amenaza de un juicio, pero creemos que el Estado está en la obligación de negociar, de conciliar el resarcimiento a las AFP. Ese trabajo seguramente lo hará el Gobierno central a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía”, sostuvo.
Al igual que lo hiciera ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, Huarachi aseguró que “no están en riesgo los aportes de los trabajadores, sino que (está pendiente) los beneficios y la indemnización que le debe en la etapa de transición a las AFP”.
El 1 de agosto la entidad bancaria española solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) un proceso de arbitraje contra Bolivia, ante la decisión del gobierno nacional de administrar los aportes de jubilación mediante una Gestora Pública y la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre una adecuada compensación a la firma europea.
Guillén explicó el lunes que el Gobierno negoció la transferencia pero el monto solicitado por BBVA fue “excesivo”, lo que derivó en el diferendo. Agregó que la transferencia se está realizando en función a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley de Pensiones.
No obstante, la COB ha solicitado un informe al Gobierno para absolver las dudas. “Hemos pedido esa información, seguramente en la Comisión Económica nos brindará un informe el Ministro de Economía y Finanzas”.
Tras conocerse que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) instauró un arbitraje en contra del país por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación de esa administradora privada a la Gestora Pública, la Central Obrera Boliviana (COB) ha salido al frente para defender la estatización del manejo de los fondos de pensiones que impulsó hace varios años.
El principal ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, se refirió el asunto y aconsejó al Gobierno que concilie el resarcimiento que el Estado debe pagar a la firma española.
“Creemos que no nos hemos equivocado, ahora hay una amenaza de un juicio, pero creemos que el Estado está en la obligación de negociar, de conciliar el resarcimiento a las AFP. Ese trabajo seguramente lo hará el Gobierno central a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía”, sostuvo.
Al igual que lo hiciera ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, Huarachi aseguró que “no están en riesgo los aportes de los trabajadores, sino que (está pendiente) los beneficios y la indemnización que le debe en la etapa de transición a las AFP”.
El 1 de agosto la entidad bancaria española solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) un proceso de arbitraje contra Bolivia, ante la decisión del gobierno nacional de administrar los aportes de jubilación mediante una Gestora Pública y la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre una adecuada compensación a la firma europea.
Guillén explicó el lunes que el Gobierno negoció la transferencia pero el monto solicitado por BBVA fue “excesivo”, lo que derivó en el diferendo. Agregó que la transferencia se está realizando en función a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley de Pensiones.
No obstante, la COB ha solicitado un informe al Gobierno para absolver las dudas. “Hemos pedido esa información, seguramente en la Comisión Económica nos brindará un informe el Ministro de Economía y Finanzas”.
