Subprocurador acusa a Carlos Mesa de politizar el caso Quiborax
La Paz, Fides
El subprocurador del Estado, Javier Moncada, aseguró que el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) es responsable por acción y omisión en el caso Quiborax, y lo acusó de politizar y mediatizar el asunto que es estrictamente jurídico.
“Entonces el expresidente Carlos Mesa es doblemente responsable por acción por emitir un decreto supremo contrario a las leyes vigentes y por omisión porque no cumple las leyes que él mismo promulga”, indicó en entrevista con medios estatales.
En junio, Bolivia hizo efectivo el pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras un fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que tomó en cuenta la decisión de Mesa quien dictó mediante una norma la “revocatoria” de las concesiones en el salar de Uyuni.
Moncada explicó que el exmandatario promulgó la Ley 2564 en 2003 que establecía la realización de auditorías para sustentar la “anulación” de las concesiones de la empresa extranjera; sin embargo, tales auditorías no se efectuaron y Mesa no explicó la razón.
Agregó que en 2004 el actual portavoz de la demanda marítima aprobó el Decreto 27589 que disponía la “revocatoria” de las concesiones, figura que no formaba parte del ordenamiento del Estado y que sirvió para el laudo dictado por el CIADI. “Mesa vulnera el procedimiento de seguir la nulidad, para eso era la auditoría, y por decreto establece la revocatoria de concesiones”, señaló.
El subprocurador del Estado, Javier Moncada, aseguró que el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) es responsable por acción y omisión en el caso Quiborax, y lo acusó de politizar y mediatizar el asunto que es estrictamente jurídico.
“Entonces el expresidente Carlos Mesa es doblemente responsable por acción por emitir un decreto supremo contrario a las leyes vigentes y por omisión porque no cumple las leyes que él mismo promulga”, indicó en entrevista con medios estatales.
En junio, Bolivia hizo efectivo el pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras un fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que tomó en cuenta la decisión de Mesa quien dictó mediante una norma la “revocatoria” de las concesiones en el salar de Uyuni.
Moncada explicó que el exmandatario promulgó la Ley 2564 en 2003 que establecía la realización de auditorías para sustentar la “anulación” de las concesiones de la empresa extranjera; sin embargo, tales auditorías no se efectuaron y Mesa no explicó la razón.
Agregó que en 2004 el actual portavoz de la demanda marítima aprobó el Decreto 27589 que disponía la “revocatoria” de las concesiones, figura que no formaba parte del ordenamiento del Estado y que sirvió para el laudo dictado por el CIADI. “Mesa vulnera el procedimiento de seguir la nulidad, para eso era la auditoría, y por decreto establece la revocatoria de concesiones”, señaló.