Rodríguez Veltzé ratifica que su Gobierno restableció la legalidad en el caso Quiborax
La Paz, ANF
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ratificó ante la Fiscalía que su Gobierno se enfocó en “sanear” los procedimientos y “reestablecer el principio de legalidad” en la recuperación de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni, conocido como caso Quiborax.
Según publicó el diario La Razón, Rodríguez Veltzé respondió, vía correo electrónico, a un cuestionario de 10 preguntas enviado por la Fiscalía General del Estado.
Esta misma instancia la semana pasada había informado que por falta de tiempo no se iba a convocar a declarar al expresidente.
“Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564”, señala en su declaración como testigo.
En una entrevista escrita otorgada a Los Tiempos el pasado 30 de mayo, el expresidente ya había expresado estos argumentos sobre la actuación de su administración en el caso.
Rodríguez Veltzé señala que promulgó el Decreto Supremo 28527 el 16 de diciembre de 2005, a través del cual se abroga el Decreto Supremo 27589 del expresidente Carlos Mesa, que establecía la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de concesiones a la empresa Non Metallic Minerals SA.
El exmandatario, en su respuesta a la Fiscalía, volvió a indicar que la norma del gobierno de Mesa fue abrogada debido a que adolece de “deficiencias jurídicas insubsanables" porque el Código de Minería no prevé la revocatoria de concesiones mineras.
“La disposición emitida por mi Gobierno es explícita en señalar que la norma abrogada adolece de ‘deficiencias jurídicas insubsanables´ en virtud a que el Código de Minería no prevé la revocatoria de concesiones mineras que están sujetas más bien a las figuras de caducidad y nulidad previo proceso administrativo, aspecto que tampoco se cumplió para proceder con la nulidad de las concesiones por la Superintendencia de Minas”, fue la respuesta que dio Rodríguez Vetzé a Los Tiempos.
A principio de semana el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero presentó la proposición acusatoria contra Mesa por el caso Quiborax ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dar paso a un juicio de responsabilidades. El vocero de la demanda marítima presentó una solicitud para la anulación de este requerimiento y observó carias irregularidades en el proceso de investigación, en la que se encuentra la no inclusión de Rodríguez Vetzé en el proceso.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ratificó ante la Fiscalía que su Gobierno se enfocó en “sanear” los procedimientos y “reestablecer el principio de legalidad” en la recuperación de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni, conocido como caso Quiborax.
Según publicó el diario La Razón, Rodríguez Veltzé respondió, vía correo electrónico, a un cuestionario de 10 preguntas enviado por la Fiscalía General del Estado.
Esta misma instancia la semana pasada había informado que por falta de tiempo no se iba a convocar a declarar al expresidente.
“Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564”, señala en su declaración como testigo.
En una entrevista escrita otorgada a Los Tiempos el pasado 30 de mayo, el expresidente ya había expresado estos argumentos sobre la actuación de su administración en el caso.
Rodríguez Veltzé señala que promulgó el Decreto Supremo 28527 el 16 de diciembre de 2005, a través del cual se abroga el Decreto Supremo 27589 del expresidente Carlos Mesa, que establecía la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de concesiones a la empresa Non Metallic Minerals SA.
El exmandatario, en su respuesta a la Fiscalía, volvió a indicar que la norma del gobierno de Mesa fue abrogada debido a que adolece de “deficiencias jurídicas insubsanables" porque el Código de Minería no prevé la revocatoria de concesiones mineras.
“La disposición emitida por mi Gobierno es explícita en señalar que la norma abrogada adolece de ‘deficiencias jurídicas insubsanables´ en virtud a que el Código de Minería no prevé la revocatoria de concesiones mineras que están sujetas más bien a las figuras de caducidad y nulidad previo proceso administrativo, aspecto que tampoco se cumplió para proceder con la nulidad de las concesiones por la Superintendencia de Minas”, fue la respuesta que dio Rodríguez Vetzé a Los Tiempos.
A principio de semana el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero presentó la proposición acusatoria contra Mesa por el caso Quiborax ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dar paso a un juicio de responsabilidades. El vocero de la demanda marítima presentó una solicitud para la anulación de este requerimiento y observó carias irregularidades en el proceso de investigación, en la que se encuentra la no inclusión de Rodríguez Vetzé en el proceso.