PGE: proceso contra Mesa tiene el fin de establecer responsabilidad o no por caso Quiborax
La Procuraduría se pronunció sobre las recientes declaraciones del ministro de Economía con relación a que Mesa debería compensar con sus bienes la derrota en el laudo arbitral contra Quiborax.
Página Siete Digital / La Paz
Luego de que el ministro de Economía, Mario Guillén, señalara ayer que el exmandatario Carlos Mesa debe compensar con sus “bienes” los 42,6 millones de dólares por la derrota en el laudo arbitral con la empresa Quiborax, la Procuraduría General del Estado (PGE) aclaró hoy que el proceso instaurado contra el expresidente tiene el fin de establecer responsabilidad o no por este proceso que enfrentó al Estado con la empresa chilena por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni.
“La Procuraduría General del Estado tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del expresidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A.”, se lee en un comunicado de prensa de la PGE.
La entidad dirigida por Pablo Menacho no ahonda en detalles con relación a la declaración del ministro Guillén y atina a explicar, únicamente, que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dispuso el pago de una indemnización a favor de Quiborax por el valor de las concesiones mineras que les fueron expropiadas en junio del año 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa.
Asimismo, atribuye que el proceso surgió por el incumplimiento del Gobierno de Mesa a la Ley 2564, de 9 de diciembre de 2003; al Decreto Supremo N° 27326, de 27 de enero de 2004 y al Código de Minería vigente en ese momento.
A inicios de este mes, la Fiscalía presentó el requerimiento acusatorio para dar inicio al juicio de responsabilidades en contra de Carlos Mesa. La acción fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre.
De acuerdo con el procedimiento, si la Asamblea Legislativa determina el inicio de juicio de responsabilidades, el Ministerio Público comenzará la etapa de investigación correspondiente.
Los cargos por los que se instauró la denuncia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Página Siete Digital / La Paz
Luego de que el ministro de Economía, Mario Guillén, señalara ayer que el exmandatario Carlos Mesa debe compensar con sus “bienes” los 42,6 millones de dólares por la derrota en el laudo arbitral con la empresa Quiborax, la Procuraduría General del Estado (PGE) aclaró hoy que el proceso instaurado contra el expresidente tiene el fin de establecer responsabilidad o no por este proceso que enfrentó al Estado con la empresa chilena por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni.
“La Procuraduría General del Estado tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del expresidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A.”, se lee en un comunicado de prensa de la PGE.
La entidad dirigida por Pablo Menacho no ahonda en detalles con relación a la declaración del ministro Guillén y atina a explicar, únicamente, que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dispuso el pago de una indemnización a favor de Quiborax por el valor de las concesiones mineras que les fueron expropiadas en junio del año 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa.
Asimismo, atribuye que el proceso surgió por el incumplimiento del Gobierno de Mesa a la Ley 2564, de 9 de diciembre de 2003; al Decreto Supremo N° 27326, de 27 de enero de 2004 y al Código de Minería vigente en ese momento.
A inicios de este mes, la Fiscalía presentó el requerimiento acusatorio para dar inicio al juicio de responsabilidades en contra de Carlos Mesa. La acción fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre.
De acuerdo con el procedimiento, si la Asamblea Legislativa determina el inicio de juicio de responsabilidades, el Ministerio Público comenzará la etapa de investigación correspondiente.
Los cargos por los que se instauró la denuncia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.