Paraguay libera a los acusados por la masacre que impulsó la salida de Lugo
Anulada la sentencia contra 11 campesinos por un tiroteo con 17 muertos en 2012
Santi Carneri
Asunción, El País
Paraguay liberó el pasado jueves a 11 campesinos encarcelados injustamente desde 2012 acusados de un tiroteo que dejó seis policías y 11 civiles muertos en Curuguaty, a 250 kilómetros al noreste de Asunción. La matanza fue usada por la oposición como excusa para destituir al presidente de izquierdas Fernando Lugo (2008-2012), cabeza del primer Gobierno ajeno al partido Colorado en siete décadas.
La Corte Suprema de Justicia absolvió a los condenados a penas de entre cuatro y 30 años de prisión, en unos hechos ocurridos tras ser desalojados a tiros por la Policía en 2012 cuando ocupaban pacíficamente un terreno estatal sin uso que pedían para los vecinos sin recursos de su comunidad. La investigación fiscal que les acusó de asociación criminal, homicidio e invasión nunca demostró cómo comenzó la balacera del 15 de junio de 2012, en la que murieron 11 labriegos y seis policías y en la que hubo decenas de heridos. El alto tribunal ha anulado la condena porque no se demostró relación directa de los campesinos con las muertes.
“No se pudo demostrar quién disparó. Hubo falta de evidencias”, afirmó uno de los jueces al dar a conocer la sentencia. Los 11 campesinos acusados han pasado un infierno en vida tras ser encarcelados en un sistema de prisiones hacinado e insalubre, y al ser sometidos a vistas y audiencias por años hasta ser condenados en junio de 2016, cuando por fin pudieron apelar la sentencia.
Néstor Castro, de 36 años, fue el primero en salir por la puerta de Tacumbú, la mayor cárcel del país. Fuera esperaban cientos de cámaras, familiares, amigos y activistas. Néstor caminó hasta tocar la cabeza de su hija nacida el año pasado y abrazar a su esposa. El enjambre de flashes les rodeó mientras salían también Luis Olmedo, de 27 años, y Arnaldo Quintanda, de 23, mecánico y agricultor. “Estuvimos presos por más de cinco años por querer un pedazo de tierra en Marina Kue, Curuguaty. No somos responsables y nunca lo fuimos”, dijo Néstor a EL PAÍS. Salió también hasta la puerta de barrotes rojos Rubén Villalba, quien tenía la sentencia más alta, pero no abandonará aún la prisión pues lo mantienen condenado en otro proceso por invadir otro terreno en petición de una reforma agraria. Los otros siete acusados ya habían cumplido sus condenas.
Juicio político exprés
A Rubén lo abrazó a través del enrejado Francisco Oliva, el cura jesuita español que vive en Paraguay desde 1964 y que ha denunciado la injusta encarcelación de los campesinos junto a la activista Guillermina Kanonnikoff y la historiadora Margarita Durán Estragó.
La masacre de Curuguaty fue denunciada por organizaciones nacionales e internacionales como la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Oxfam o Amnistía Internacional, entre muchas otras, como un macabro montaje para promover el fin del Gobierno de Lugo, destituido una semana después de la matanza en un juicio político exprés en el Senado.
Asunción, El País
Paraguay liberó el pasado jueves a 11 campesinos encarcelados injustamente desde 2012 acusados de un tiroteo que dejó seis policías y 11 civiles muertos en Curuguaty, a 250 kilómetros al noreste de Asunción. La matanza fue usada por la oposición como excusa para destituir al presidente de izquierdas Fernando Lugo (2008-2012), cabeza del primer Gobierno ajeno al partido Colorado en siete décadas.
La Corte Suprema de Justicia absolvió a los condenados a penas de entre cuatro y 30 años de prisión, en unos hechos ocurridos tras ser desalojados a tiros por la Policía en 2012 cuando ocupaban pacíficamente un terreno estatal sin uso que pedían para los vecinos sin recursos de su comunidad. La investigación fiscal que les acusó de asociación criminal, homicidio e invasión nunca demostró cómo comenzó la balacera del 15 de junio de 2012, en la que murieron 11 labriegos y seis policías y en la que hubo decenas de heridos. El alto tribunal ha anulado la condena porque no se demostró relación directa de los campesinos con las muertes.
“No se pudo demostrar quién disparó. Hubo falta de evidencias”, afirmó uno de los jueces al dar a conocer la sentencia. Los 11 campesinos acusados han pasado un infierno en vida tras ser encarcelados en un sistema de prisiones hacinado e insalubre, y al ser sometidos a vistas y audiencias por años hasta ser condenados en junio de 2016, cuando por fin pudieron apelar la sentencia.
Néstor Castro, de 36 años, fue el primero en salir por la puerta de Tacumbú, la mayor cárcel del país. Fuera esperaban cientos de cámaras, familiares, amigos y activistas. Néstor caminó hasta tocar la cabeza de su hija nacida el año pasado y abrazar a su esposa. El enjambre de flashes les rodeó mientras salían también Luis Olmedo, de 27 años, y Arnaldo Quintanda, de 23, mecánico y agricultor. “Estuvimos presos por más de cinco años por querer un pedazo de tierra en Marina Kue, Curuguaty. No somos responsables y nunca lo fuimos”, dijo Néstor a EL PAÍS. Salió también hasta la puerta de barrotes rojos Rubén Villalba, quien tenía la sentencia más alta, pero no abandonará aún la prisión pues lo mantienen condenado en otro proceso por invadir otro terreno en petición de una reforma agraria. Los otros siete acusados ya habían cumplido sus condenas.
Juicio político exprés
A Rubén lo abrazó a través del enrejado Francisco Oliva, el cura jesuita español que vive en Paraguay desde 1964 y que ha denunciado la injusta encarcelación de los campesinos junto a la activista Guillermina Kanonnikoff y la historiadora Margarita Durán Estragó.
La masacre de Curuguaty fue denunciada por organizaciones nacionales e internacionales como la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Oxfam o Amnistía Internacional, entre muchas otras, como un macabro montaje para promover el fin del Gobierno de Lugo, destituido una semana después de la matanza en un juicio político exprés en el Senado.
