El régimen de Daniel Ortega proclamó una "gran victoria" en medio de la profunda crisis que atraviesa Nicaragua
La primera dama y vicepresidente, Rosario Murillo, afirmó que el país volvió a la "normalidad". Las protestas, de acuerdo a diferentes ONG, dejaron más de 300 muertos desde abril
Infobae
El Gobierno de Nicaragua proclamó una "gran victoria" y la vuelta a la "normalidad", en medio de una crisis que ha dejado más de 300 muertos desde el pasado mes de abril, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
"Esa es la gran victoria de Dios para Nicaragua y con el pueblo de Nicaragua, retomar la normalidad, retomar la senda de paz y bien", dijo la primera dama y vicepresidente, Rosario Murillo, en una alocución.
Según Murillo, luego de "tres meses de terrorismo golpista, el pueblo de Nicaragua quiere paz".
Las declaraciones de Murillo se dieron el mismo día en que el influyente obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, criticó actitudes triunfalistas de los Estados enfrentados con sus pueblos.
"Un Estado no puede proclamarse victorioso sobre su propio pueblo al que ha oprimido y masacrado; un pueblo no debe sentirse derrotado cuando ha recuperado su dignidad y su protagonismo histórico para construir una nueva sociedad", publicó Báez, en redes sociales.
"Aquí luchamos para vencer", remarcó la vicepresidente.
El 19 de julio pasado Ortega acusó públicamente al Episcopado de Nicaragua por supuestamente formar parte de un golpe de Estado.
"Nunca se repara el daño psicológico que han hecho los golpistas en Nicaragua, ese terrorismo golpista, que Dios los perdone", insistió la vicepresidente.
Con el objetivo de enmendar los daños, Murillo anunció apoyo para que más de 70 "familias sandinistas" restauren sus viviendas, afectadas durante hechos violentos en el marco de la crisis.
Nicaragua está sumergida en la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también bajo la presidencia de Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", opinión que respalda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), pero el Gobierno nicaragüense lo niega.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
El Gobierno de Nicaragua proclamó una "gran victoria" y la vuelta a la "normalidad", en medio de una crisis que ha dejado más de 300 muertos desde el pasado mes de abril, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
"Esa es la gran victoria de Dios para Nicaragua y con el pueblo de Nicaragua, retomar la normalidad, retomar la senda de paz y bien", dijo la primera dama y vicepresidente, Rosario Murillo, en una alocución.
Según Murillo, luego de "tres meses de terrorismo golpista, el pueblo de Nicaragua quiere paz".
Las declaraciones de Murillo se dieron el mismo día en que el influyente obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, criticó actitudes triunfalistas de los Estados enfrentados con sus pueblos.
"Un Estado no puede proclamarse victorioso sobre su propio pueblo al que ha oprimido y masacrado; un pueblo no debe sentirse derrotado cuando ha recuperado su dignidad y su protagonismo histórico para construir una nueva sociedad", publicó Báez, en redes sociales.
"Aquí luchamos para vencer", remarcó la vicepresidente.
El 19 de julio pasado Ortega acusó públicamente al Episcopado de Nicaragua por supuestamente formar parte de un golpe de Estado.
"Nunca se repara el daño psicológico que han hecho los golpistas en Nicaragua, ese terrorismo golpista, que Dios los perdone", insistió la vicepresidente.
Con el objetivo de enmendar los daños, Murillo anunció apoyo para que más de 70 "familias sandinistas" restauren sus viviendas, afectadas durante hechos violentos en el marco de la crisis.
Nicaragua está sumergida en la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también bajo la presidencia de Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", opinión que respalda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), pero el Gobierno nicaragüense lo niega.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
