A un año de Eurochronos, familiares reclaman justicia y el Gobierno justifica la acción policial
"La Policía tenía dos posibilidades: dejarlos escapar para que recurrentemente cometan atracos en otras partes o ultimar a esa organización criminal", afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, luego de asistir a un acto en Cochabamba.
La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz
A un año del frustrado atraco a la joyería Eurochronos, en Santa Cruz, los familiares de Ana Lorena Tórrez, una de las víctimas mortales durante el operativo que frustró el asalto, denunciaron que se trató de una “matanza” por mal procedimiento policial que hasta ahora no recibió castigo.
A su turno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el 13 de julio de 2017 la intervención policial tenía dos alternativas: eliminar a los miembros de la banda delictiva que intentó el atraco o dejarlos escapar para que cometan más delitos.
“La Policía tenía dos posibilidades: dejarlos escapar para que recurrentemente cometan atracos en otras partes o ultimar a esa organización criminal. La Policía ha decidido ultimar a esa organización criminal y a partir de ese momento no se han reproducido otro tipo de atracos en el departamento”, dijo en Cochabamba, donde asistió a un acto de inauguración de oficinas para el servicio de migración.
Los padres de Tórrez publicaron un comunicado en el que reiteran su denuncia de que el operativo policía pasó por alto los protocolos al no intentar la negociación previa con los asaltantes que habían tomado rehenes, para luego convertirse en una matanza.
“Los encargados del operativo policial a la cabeza del ratificado director de la FELCC, Cnel. Gonzalo Medina, todavía se campean impunemente. Esta autoridad, junto al Ministro de Gobierno Carlos Romero, se escudan en el Plan ‘Z’, calificando el homicidio de mi hija como un ‘daño colateral’ negándose asumir cualquier responsabilidad, llegando al colmo de sostener que, pese a las pruebas existentes, él no dirigió tal acción”, se lee en el comunicado.
Recuerdan además que los informes de balística realizados en este caso por el Instituto de Investigaciones Forenses “probaron plenamente que el proyectil que mató a mi hija fue disparado por un policía apostado en el edificio contiguo de Eurochronos” y que ahora “solo falta conocer la identidad de ese nefasto efectivo policial”.
“Sé que se reclama por la muerte de una persona civil y eso está en manos de la Fiscalía”, apuntó el ministro Romero al referirse a los reclamos de los familiares de Tórrez, quien era gerente administrativa y financiera de la joyería cruceña.
La comisión de fiscales que investiga este caso, donde hubo cinco fallecidos, solicitó un plazo adicional de 18 meses para continuar con su trabajo, argumentando la complejidad del caso.
A un año del frustrado atraco a la joyería Eurochronos, en Santa Cruz, los familiares de Ana Lorena Tórrez, una de las víctimas mortales durante el operativo que frustró el asalto, denunciaron que se trató de una “matanza” por mal procedimiento policial que hasta ahora no recibió castigo.
A su turno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el 13 de julio de 2017 la intervención policial tenía dos alternativas: eliminar a los miembros de la banda delictiva que intentó el atraco o dejarlos escapar para que cometan más delitos.
“La Policía tenía dos posibilidades: dejarlos escapar para que recurrentemente cometan atracos en otras partes o ultimar a esa organización criminal. La Policía ha decidido ultimar a esa organización criminal y a partir de ese momento no se han reproducido otro tipo de atracos en el departamento”, dijo en Cochabamba, donde asistió a un acto de inauguración de oficinas para el servicio de migración.
Los padres de Tórrez publicaron un comunicado en el que reiteran su denuncia de que el operativo policía pasó por alto los protocolos al no intentar la negociación previa con los asaltantes que habían tomado rehenes, para luego convertirse en una matanza.
“Los encargados del operativo policial a la cabeza del ratificado director de la FELCC, Cnel. Gonzalo Medina, todavía se campean impunemente. Esta autoridad, junto al Ministro de Gobierno Carlos Romero, se escudan en el Plan ‘Z’, calificando el homicidio de mi hija como un ‘daño colateral’ negándose asumir cualquier responsabilidad, llegando al colmo de sostener que, pese a las pruebas existentes, él no dirigió tal acción”, se lee en el comunicado.
Recuerdan además que los informes de balística realizados en este caso por el Instituto de Investigaciones Forenses “probaron plenamente que el proyectil que mató a mi hija fue disparado por un policía apostado en el edificio contiguo de Eurochronos” y que ahora “solo falta conocer la identidad de ese nefasto efectivo policial”.
“Sé que se reclama por la muerte de una persona civil y eso está en manos de la Fiscalía”, apuntó el ministro Romero al referirse a los reclamos de los familiares de Tórrez, quien era gerente administrativa y financiera de la joyería cruceña.
La comisión de fiscales que investiga este caso, donde hubo cinco fallecidos, solicitó un plazo adicional de 18 meses para continuar con su trabajo, argumentando la complejidad del caso.
