Venezuela registra los peores indicadores en derechos humanos desde 1989
Un informe de la ONG Provea indica que los derechos económicos -que incluyen adecuada alimentación y sanidad- y civiles y políticos de los venezolanos se vieron vulnerados durante 2017 en el país suramericano, al tiempo que instó al régimen de Nicolás Maduro a "garantizar" los derechos constitucionales
Infobae
La vulneración durante el año pasado de las libertades básicas consagradas en la Constitución hizo que Venezuela registrara los "peores" indicadores en materia de derechos humanos desde 1989, aseguró la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Provea, que presentó ante los medios su informe anual, señaló que hay un retroceso en derechos humanos desde 1989, año en que el estallido social de El Caracazo dejó al menos 250 muertos según cifras oficiales y centró la mira en los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad.
"En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera", señaló el documento de la ONG.
El informe indica que los derechos económicos -que incluyen adecuada alimentación y sanidad- y civiles y políticos de los venezolanos se vieron vulnerados durante 2017 en el país suramericano, al tiempo que instó al Gobierno de Nicolás Maduro a "garantizar" los derechos constitucionales.
El documento hizo énfasis en la "criminalización" de las protestas que sacudieron el país entre abril y julio del año pasado, en las que murieron más de 120 personas de acuerdo con cifras oficiales.
Provea señaló en el informe que 46 de las muertes durante las protestas pueden "ser atribuidas a las fuerzas de seguridad y 27 a los colectivos", en referencia a las redes de apoyo al chavismo gobernante, que la oposición describe como grupos de choque.
"Durante este ciclo de protesta más de 5.000 personas fueron arrestadas arbitrariamente, incluyendo numerosas detenciones colectivas. Igualmente, durante este período de protestas, fueron recibidas más de 101 denuncias de tortura", añade el informe, titulado "De la rebelión popular al fraude electoral".
El informe destaca además la vulneración de los derechos políticos de los venezolanos al profundizarse en 2017 "el sectarismo" y la "cooptación de los modelos de gestión comunitaria", lo que, asegura, "ha agravado la crisis institucional" en el país.
El trabajo deja constancia de la cada vez más deteriorada situación de Venezuela al recoger que 16,2 % de los niños del país padeció durante el 2017 algún tipo de desnutrición, en el marco de la grave crisis económica que azota a la nación caribeña.
El dato supone el incremento del 100 % con respecto a la cifra que había presentado la propia Provea en 2016, cuando informó del 8 % de casos.
Además, de acuerdo con el informe, el 56 % de los niños en Venezuela sufrió el año pasado de "déficit nutricional", que se traduce en el insuficiente consumo de alimentos para su normal desarrollo.
La nutricionista y experta en seguridad alimentaria Susana Raffalli dijo en la presentación del informe que estos datos, que obtuvo por su trabajo en Caritas Venezuela, suponen "delitos alimentarios" que cursaron durante el 2017 y que dejan constancia de la "situación nutricional de emergencia" que atraviesa el país.
Indicó que "incluso los (niños) que se recuperan" de un cuadro de desnutrición "ya tienen un retardo de crecimiento" que afectará su talla y peso durante todas las etapas de su vida.
"Las cifras son el resultado. Detrás de eso hay toda una vulneración", añadió al asegurar que el Gobierno venezolano usa el hambre y los alimentos como un "instrumento de dominación" política.
El informe también reveló que 9 de cada 10 venezolanos no puede costear sus propios a alimentos y que 8 de cada 10 redujo su ingesta.
Asimismo, Provea denunció "el desplome de las capacidades sanitarias a nivel nacional", tras una "larga y sistemática destrucción" del sistema de salud.
Este fenómeno, sumado a los "altos niveles de pobreza, hambre, desnutrición y colapso de los servicios básicos" aumentaron "de forma exponencial los problemas de salud, causando daños irreparables a la integridad física y mental de las personas y la pérdida de vidas humanas", sumó el informe.
Provea también recogió datos de diversas investigaciones independientes, como la encuesta Encovi, de las principales universidades del país, o los trabajos de campo de Caritas Venezuela ante la "ausencia total de información pública".
"(Presentan) declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad, con cifras irreales de diferentes (supuestos) logros de las políticas públicas", añadió.
Venezuela sufre una crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas así como en hiperinflación.
El Gobierno venezolano achaca la crisis a una supuesta guerra económica por parte de Estados Unidos y niega que el país esté atravesando una crisis humanitaria, como denuncia la oposición y diversas ONG.
La vulneración durante el año pasado de las libertades básicas consagradas en la Constitución hizo que Venezuela registrara los "peores" indicadores en materia de derechos humanos desde 1989, aseguró la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Provea, que presentó ante los medios su informe anual, señaló que hay un retroceso en derechos humanos desde 1989, año en que el estallido social de El Caracazo dejó al menos 250 muertos según cifras oficiales y centró la mira en los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad.
"En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera", señaló el documento de la ONG.
El informe indica que los derechos económicos -que incluyen adecuada alimentación y sanidad- y civiles y políticos de los venezolanos se vieron vulnerados durante 2017 en el país suramericano, al tiempo que instó al Gobierno de Nicolás Maduro a "garantizar" los derechos constitucionales.
El documento hizo énfasis en la "criminalización" de las protestas que sacudieron el país entre abril y julio del año pasado, en las que murieron más de 120 personas de acuerdo con cifras oficiales.
Provea señaló en el informe que 46 de las muertes durante las protestas pueden "ser atribuidas a las fuerzas de seguridad y 27 a los colectivos", en referencia a las redes de apoyo al chavismo gobernante, que la oposición describe como grupos de choque.
"Durante este ciclo de protesta más de 5.000 personas fueron arrestadas arbitrariamente, incluyendo numerosas detenciones colectivas. Igualmente, durante este período de protestas, fueron recibidas más de 101 denuncias de tortura", añade el informe, titulado "De la rebelión popular al fraude electoral".
El informe destaca además la vulneración de los derechos políticos de los venezolanos al profundizarse en 2017 "el sectarismo" y la "cooptación de los modelos de gestión comunitaria", lo que, asegura, "ha agravado la crisis institucional" en el país.
El trabajo deja constancia de la cada vez más deteriorada situación de Venezuela al recoger que 16,2 % de los niños del país padeció durante el 2017 algún tipo de desnutrición, en el marco de la grave crisis económica que azota a la nación caribeña.
El dato supone el incremento del 100 % con respecto a la cifra que había presentado la propia Provea en 2016, cuando informó del 8 % de casos.
Además, de acuerdo con el informe, el 56 % de los niños en Venezuela sufrió el año pasado de "déficit nutricional", que se traduce en el insuficiente consumo de alimentos para su normal desarrollo.
La nutricionista y experta en seguridad alimentaria Susana Raffalli dijo en la presentación del informe que estos datos, que obtuvo por su trabajo en Caritas Venezuela, suponen "delitos alimentarios" que cursaron durante el 2017 y que dejan constancia de la "situación nutricional de emergencia" que atraviesa el país.
Indicó que "incluso los (niños) que se recuperan" de un cuadro de desnutrición "ya tienen un retardo de crecimiento" que afectará su talla y peso durante todas las etapas de su vida.
"Las cifras son el resultado. Detrás de eso hay toda una vulneración", añadió al asegurar que el Gobierno venezolano usa el hambre y los alimentos como un "instrumento de dominación" política.
El informe también reveló que 9 de cada 10 venezolanos no puede costear sus propios a alimentos y que 8 de cada 10 redujo su ingesta.
Asimismo, Provea denunció "el desplome de las capacidades sanitarias a nivel nacional", tras una "larga y sistemática destrucción" del sistema de salud.
Este fenómeno, sumado a los "altos niveles de pobreza, hambre, desnutrición y colapso de los servicios básicos" aumentaron "de forma exponencial los problemas de salud, causando daños irreparables a la integridad física y mental de las personas y la pérdida de vidas humanas", sumó el informe.
Provea también recogió datos de diversas investigaciones independientes, como la encuesta Encovi, de las principales universidades del país, o los trabajos de campo de Caritas Venezuela ante la "ausencia total de información pública".
"(Presentan) declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad, con cifras irreales de diferentes (supuestos) logros de las políticas públicas", añadió.
Venezuela sufre una crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas así como en hiperinflación.
El Gobierno venezolano achaca la crisis a una supuesta guerra económica por parte de Estados Unidos y niega que el país esté atravesando una crisis humanitaria, como denuncia la oposición y diversas ONG.
