Venezuela está entre los peores países del mundo en materia de lucha contra el tráfico ilegal de mercancías
Un estudio presentado por The Economist, el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional y la ONG Alianza Transnacional para combatir el comercio Ilícito ubica a la nación petrolera en el puesto 80 sobre un total de 84 países analizados
Infobae
Venezuela es uno de los cinco países del mundo peor valorados en la lucha contra el tráfico ilegal de mercancías, revela un estudio global publicado este jueves en Panamá.
Presentado por del semanario británico The Economist, el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU) y la ONG Alianza Transnacional Para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), el informe coloca a Venezuela, país sumido en una grave crisis económica, política y social, en el puesto 80 sobre un total de 84 países analizados.
Estas organizaciones presentaron un índice con el que pretenden mostrar qué países posibilitan o previenen el tráfico de drogas, personas, animales, piratería y mercancía falsificada.
Los índices están basados en una serie de indicadores relacionados con políticas de gobierno, transparencia, comercio, eficiencia aduanera y corrupción, entre otros.
Venezuela, de un ranking sobre 100, tiene una puntuación de 28,1, sólo por encima de Laos (26,8), Myanmar (22,6), Iraq (14,4) y Libia (8,6).
"Venezuela es un Estado fallido. Los países necesitan instituciones, y si no son instituciones legales son instituciones ilegales", dijo Irene Mía, Directora Editorial Global de la Unidad de Inteligencia de The Economist.
"Cuando hay una situación de crisis el comercio ilícito también aumenta porque la gente trata de comprar por donde pueda", añadió Mía.
Según el estudio, Venezuela comparte con el resto de países de baja puntuación "la baja calidad de sus instituciones estatales".
El informe indica también que el país sudamericano, junto a Rusia y China, no cumple los "estándares mínimos" para la protección de víctimas de la trata de personas ni "están haciendo los esfuerzos" para revertir la situación.
"Lo que es importante es tener instituciones fuertes y capacidad para implementar las leyes. La corrupción es uno de los elementos más facilitadores del comercio ilícito", señaló Mía.
Alerta con zonas francas
Con un promedio mundial de 60, Finlandia encabeza el índice (85,6), seguido de Reino Unido (85,1), Estados Unidos (82,5), Nueva Zelanda (82,3) y Australia (81), en un listado donde en sus primeras 20 posiciones hay 13 países europeos y ningún latinoamericano o africano.
En el caso de América Latina, Chile (69,1), Argentina (64), Uruguay (63), Colombia (61,6) y Costa Rica (60,6) son los países mejor preparados para combatir el tráfico ilícito, al contrario que Paraguay (43,3), República Dominicana (42,7), Trinidad y Tobago (38), Belice (34,7) y Venezuela (28,1).
Cindy Braddon, Jefa de Comunicación y Políticas Públicas de TRACIT, dijo en un comunicado que el comercio ilícito "está inundando esta región y ahogando las oportunidades de desarrollo económico".
El informe también pone el ojo en las zonas francas e incluye como casos de estudio a la Zona Libre de Colón en Panamá, a la Zona Libre de Corozal en Belice, y a la Zona Especial Aduanera de Maicao en Colombia.
"El comercio ilícito está desenfrenado en la región, como un destino para productos ilegales y falsificados desde Asia, y como un centro de distribución notorio que prospera con una gobernanza limitada en las tres Zonas de Libre Comercio más grandes", aseguró Braddon.
Las prácticas de trasbordo engañosas, el mal etiquetado y facturas fraudulentas estarían permitiendo a comerciantes ilegales evitar sanciones, tarifas comerciales y regulaciones al ofuscar la identidad del país de origen o la naturaleza ilícita de los bienes.
A las zonas francas "se les considera valiosas por su contribución a facilitar el comercio" pero por otro lado los gobiernos de todo el mundo han creado dentro de sus fronteras "paraísos no monitoreados" que pueden facilitar las actividades del crimen organizado transnacional, advierte el informe.
Para combatir el comercio ilícito los expertos recomiendan mejorar las estructuras regulatorias, definir sanciones disuasorias, hacer cumplir las leyes, racionalizar las políticas impositivas y fortalecer la cooperación internacional.
Venezuela es uno de los cinco países del mundo peor valorados en la lucha contra el tráfico ilegal de mercancías, revela un estudio global publicado este jueves en Panamá.
Presentado por del semanario británico The Economist, el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU) y la ONG Alianza Transnacional Para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), el informe coloca a Venezuela, país sumido en una grave crisis económica, política y social, en el puesto 80 sobre un total de 84 países analizados.
Estas organizaciones presentaron un índice con el que pretenden mostrar qué países posibilitan o previenen el tráfico de drogas, personas, animales, piratería y mercancía falsificada.
Los índices están basados en una serie de indicadores relacionados con políticas de gobierno, transparencia, comercio, eficiencia aduanera y corrupción, entre otros.
Venezuela, de un ranking sobre 100, tiene una puntuación de 28,1, sólo por encima de Laos (26,8), Myanmar (22,6), Iraq (14,4) y Libia (8,6).
"Venezuela es un Estado fallido. Los países necesitan instituciones, y si no son instituciones legales son instituciones ilegales", dijo Irene Mía, Directora Editorial Global de la Unidad de Inteligencia de The Economist.
"Cuando hay una situación de crisis el comercio ilícito también aumenta porque la gente trata de comprar por donde pueda", añadió Mía.
Según el estudio, Venezuela comparte con el resto de países de baja puntuación "la baja calidad de sus instituciones estatales".
El informe indica también que el país sudamericano, junto a Rusia y China, no cumple los "estándares mínimos" para la protección de víctimas de la trata de personas ni "están haciendo los esfuerzos" para revertir la situación.
"Lo que es importante es tener instituciones fuertes y capacidad para implementar las leyes. La corrupción es uno de los elementos más facilitadores del comercio ilícito", señaló Mía.
Alerta con zonas francas
Con un promedio mundial de 60, Finlandia encabeza el índice (85,6), seguido de Reino Unido (85,1), Estados Unidos (82,5), Nueva Zelanda (82,3) y Australia (81), en un listado donde en sus primeras 20 posiciones hay 13 países europeos y ningún latinoamericano o africano.
En el caso de América Latina, Chile (69,1), Argentina (64), Uruguay (63), Colombia (61,6) y Costa Rica (60,6) son los países mejor preparados para combatir el tráfico ilícito, al contrario que Paraguay (43,3), República Dominicana (42,7), Trinidad y Tobago (38), Belice (34,7) y Venezuela (28,1).
Cindy Braddon, Jefa de Comunicación y Políticas Públicas de TRACIT, dijo en un comunicado que el comercio ilícito "está inundando esta región y ahogando las oportunidades de desarrollo económico".
El informe también pone el ojo en las zonas francas e incluye como casos de estudio a la Zona Libre de Colón en Panamá, a la Zona Libre de Corozal en Belice, y a la Zona Especial Aduanera de Maicao en Colombia.
"El comercio ilícito está desenfrenado en la región, como un destino para productos ilegales y falsificados desde Asia, y como un centro de distribución notorio que prospera con una gobernanza limitada en las tres Zonas de Libre Comercio más grandes", aseguró Braddon.
Las prácticas de trasbordo engañosas, el mal etiquetado y facturas fraudulentas estarían permitiendo a comerciantes ilegales evitar sanciones, tarifas comerciales y regulaciones al ofuscar la identidad del país de origen o la naturaleza ilícita de los bienes.
A las zonas francas "se les considera valiosas por su contribución a facilitar el comercio" pero por otro lado los gobiernos de todo el mundo han creado dentro de sus fronteras "paraísos no monitoreados" que pueden facilitar las actividades del crimen organizado transnacional, advierte el informe.
Para combatir el comercio ilícito los expertos recomiendan mejorar las estructuras regulatorias, definir sanciones disuasorias, hacer cumplir las leyes, racionalizar las políticas impositivas y fortalecer la cooperación internacional.
