Perú, desbordado por la migración venezolana
Más de 120.000 venezolanos han pedido asilo en el país andino, que ahora supera a Estados Unidos en número de solicitudes
Jacqueline Fowks
Lima, El País
Luzmely (nombre ficticio) tiene 20 años y una bebé de tres meses. A las siete de la mañana llegó con su esposo e hija a la sede central de Interpol de Lima para tramitar la ficha de canje internacional, el requisito principal para pedir el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que da derecho a trabajar en Perú por un año. Fue atendida sin previa cita, debido a que cargaba a su niña, pero seis horas después está sentada en la calle esperando a su esposo a quien no le daban la misma facilidad. “Hemos tenido que pagarle a alguien adentro para que lo dejen entrar por la puerta trasera”, comenta en medio de la avenida Olguín, al sureste de la capital. Según la Superintendencia de Migraciones, más de 353.000 venezolanos llegaron a Perú huyendo de la crisis en su país y 16.000 son niños. El trámite en Interpol en estos días es un cuello de botella en las gestiones de quienes quieren vivir legalmente.
El miércoles, el Superintendente Nacional de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, informó que 53.000 venezolanos han obtenido el PTP: un 58% son hombres; un 42% mujeres y un 10% menores de edad. El funcionario indicó que el “flujo de ciudadanos venezolanos se ha incrementado significativamente este año no solo hacia Perú”, y por ello, desde fines de mayo, la oficina principal de Migraciones atiende las 24 horas los trámites para el permiso temporal de permanencia y atiende un promedio de 2.000 venezolanos al día.
Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que desde este mes, el país con mayor cantidad de venezolanos solicitantes de asilo es Perú, con 126.997 peticiones, y Estados Unidos ha pasado a segundo lugar, con 68.270.
El Gobierno peruano empezó a entregar los PTP en febrero de 2017. Con él los venezolanos formalizan su permanencia, tienen autorización para trabajar, pueden identificarse ante los servicios de salud y educación, y pagar impuestos. Desde abril, para obtener la ficha de canje internacional deben pedir a Interpol una cita a través de Internet. Quienes la solicitaron en marzo o abril, la consiguieron para estos días; pero, quienes la pidieron en junio, son citados para noviembre.
Otros inmigrantes tienen menos suerte: en San Juan de Lurigancho, el distrito de Lima donde vive la mayor comunidad de venezolanos de la capital, varios se quejan de las deficiencias en la página de citas de Interpol. “Pagamos los 80 soles (24 dólares) para la cita pero la web se colapsa. A cada rato tenemos que ir a un cyber a intentarlo”, señalan un oficial del Ejército retirado y un pariente suyo, abogado, ambos llegados de Carabobo (norte del país).
En las páginas de Facebook de venezolanos en Perú, decenas se quejan de que pasadas semanas sin poder gestionar la cita en Internet pierden el dinero, pues el sistema rechaza los vouchers (recibos) posteriores a cierta fecha.
Sumados a la economía informal
En Perú, más del 60% de la población trabaja en la economía informal, y a ella se han sumado los venezolanos: la mayoría vende dulces en los autobuses u ofrecen bebidas calientes en las calles. “Ayer éramos cuatro profesionales vendiendo café en una esquina: un militar, un abogado, un médico y un profesor”, comenta Franclin en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Lima y con un gran porcentaje de personas que viven en la pobreza.
“¿De qué se beneficia Perú con nosotros vendiendo café? Hay una falta de organización en las entidades públicas, el Gobierno no está preparado para esta oleada de migrantes y está actuando sobre la marcha”, añade.
Un profesor de Educación Física llegado de Barquisimeto (noroeste) comenta que al llegar a Lima consiguió trabajo en un restaurante como asistente de cocina. “No me dijeron que estaba de sustituto de alguien que se fue de permiso. Me explotaron, aprendí ‘al toque’ (rápido) y luego de dos meses prescindieron de mí. Ahora conduzco un auto en Uber, me pagan poco más del sueldo mínimo por doce horas diarias”, detalla.
En otro caso, una joven con cita en Interpol para noviembre, trabaja en una cebichería por menos del sueldo mínimo (930 soles mensuales, unos 284 dólares), su empleador argumenta para no pagarle más que tiene pocos clientes.
Comedor y alojamiento humanitarios
Dos congregaciones religiosas se han unido para ofrecer almuerzos a los venezolanos en San Juan de Lurigancho. Al pie del asentamiento de San Pedro, sobre un cerro, el comedor Sarita Colonia ofrece una sopa, un plato de fondo y refresco por 45 centavos de dólar (1,50 de nuevo sol) de lunes a viernes.
“Empezamos en abril, a diario servimos a unos 30 inmigrantes, pero ayer fueron 39, felizmente alcanzó para todos”, cuenta la trabajadora social Jenny Chipana. Los comedores populares surgieron en Perú en la década de los años 80 ante la grave crisis económica, pero miles se mantienen. En Lima funcionan más de 3.500 y la segunda mayor población beneficiaria de esta red está en San Juan de Lurigancho, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En 2016, 28.283 de los que usaban este servicio procedían de ese distrito.
Las autoridades municipales entregan un monto anual a los comedores para que compren parte de los víveres que necesitan. Las socias habilitan un local en la comunidad, hacen las compras, preparan los alimentos y administran. “Son dos cocineras por día en este comedor fundado en 1986”, explica Lucía, la presidenta de la zona de los comedores populares.
En el mismo distrito, el peruano René Cobeñas abrió un albergue para venezolanos en un local de su pequeña empresa, a pocos minutos del comedor Sarita Colonia. "Ahora somos casi 200, estamos hacinados", refiere uno de los alojados. “Estamos desbordados por los números. Ni nosotros ni el Estado los podemos atender. En Tumbes (norte de Perú) la mayoría llega tras varios días sin comer y les damos atención primaria”, dice el sacerdote jesuita Emilio Martínez este jueves. El Servicio Jesuita de Solidaridad es la contraparte de ACNUR en tres ciudades de Perú para atender la oleada de migración venezolana.
“Según nuestras cifras, entre 2015 y 2017 se ha incrementado el ingreso de venezolanos en 1.328%. ACNUR señala que la respuesta más positiva [de la población] se ha dado en Perú, pero ya empezamos a ver mensajes xenófobos”, lamenta Martínez.
Lima, El País
Luzmely (nombre ficticio) tiene 20 años y una bebé de tres meses. A las siete de la mañana llegó con su esposo e hija a la sede central de Interpol de Lima para tramitar la ficha de canje internacional, el requisito principal para pedir el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que da derecho a trabajar en Perú por un año. Fue atendida sin previa cita, debido a que cargaba a su niña, pero seis horas después está sentada en la calle esperando a su esposo a quien no le daban la misma facilidad. “Hemos tenido que pagarle a alguien adentro para que lo dejen entrar por la puerta trasera”, comenta en medio de la avenida Olguín, al sureste de la capital. Según la Superintendencia de Migraciones, más de 353.000 venezolanos llegaron a Perú huyendo de la crisis en su país y 16.000 son niños. El trámite en Interpol en estos días es un cuello de botella en las gestiones de quienes quieren vivir legalmente.
El miércoles, el Superintendente Nacional de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, informó que 53.000 venezolanos han obtenido el PTP: un 58% son hombres; un 42% mujeres y un 10% menores de edad. El funcionario indicó que el “flujo de ciudadanos venezolanos se ha incrementado significativamente este año no solo hacia Perú”, y por ello, desde fines de mayo, la oficina principal de Migraciones atiende las 24 horas los trámites para el permiso temporal de permanencia y atiende un promedio de 2.000 venezolanos al día.
Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que desde este mes, el país con mayor cantidad de venezolanos solicitantes de asilo es Perú, con 126.997 peticiones, y Estados Unidos ha pasado a segundo lugar, con 68.270.
El Gobierno peruano empezó a entregar los PTP en febrero de 2017. Con él los venezolanos formalizan su permanencia, tienen autorización para trabajar, pueden identificarse ante los servicios de salud y educación, y pagar impuestos. Desde abril, para obtener la ficha de canje internacional deben pedir a Interpol una cita a través de Internet. Quienes la solicitaron en marzo o abril, la consiguieron para estos días; pero, quienes la pidieron en junio, son citados para noviembre.
Otros inmigrantes tienen menos suerte: en San Juan de Lurigancho, el distrito de Lima donde vive la mayor comunidad de venezolanos de la capital, varios se quejan de las deficiencias en la página de citas de Interpol. “Pagamos los 80 soles (24 dólares) para la cita pero la web se colapsa. A cada rato tenemos que ir a un cyber a intentarlo”, señalan un oficial del Ejército retirado y un pariente suyo, abogado, ambos llegados de Carabobo (norte del país).
En las páginas de Facebook de venezolanos en Perú, decenas se quejan de que pasadas semanas sin poder gestionar la cita en Internet pierden el dinero, pues el sistema rechaza los vouchers (recibos) posteriores a cierta fecha.
Sumados a la economía informal
En Perú, más del 60% de la población trabaja en la economía informal, y a ella se han sumado los venezolanos: la mayoría vende dulces en los autobuses u ofrecen bebidas calientes en las calles. “Ayer éramos cuatro profesionales vendiendo café en una esquina: un militar, un abogado, un médico y un profesor”, comenta Franclin en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Lima y con un gran porcentaje de personas que viven en la pobreza.
“¿De qué se beneficia Perú con nosotros vendiendo café? Hay una falta de organización en las entidades públicas, el Gobierno no está preparado para esta oleada de migrantes y está actuando sobre la marcha”, añade.
Un profesor de Educación Física llegado de Barquisimeto (noroeste) comenta que al llegar a Lima consiguió trabajo en un restaurante como asistente de cocina. “No me dijeron que estaba de sustituto de alguien que se fue de permiso. Me explotaron, aprendí ‘al toque’ (rápido) y luego de dos meses prescindieron de mí. Ahora conduzco un auto en Uber, me pagan poco más del sueldo mínimo por doce horas diarias”, detalla.
En otro caso, una joven con cita en Interpol para noviembre, trabaja en una cebichería por menos del sueldo mínimo (930 soles mensuales, unos 284 dólares), su empleador argumenta para no pagarle más que tiene pocos clientes.
Comedor y alojamiento humanitarios
Dos congregaciones religiosas se han unido para ofrecer almuerzos a los venezolanos en San Juan de Lurigancho. Al pie del asentamiento de San Pedro, sobre un cerro, el comedor Sarita Colonia ofrece una sopa, un plato de fondo y refresco por 45 centavos de dólar (1,50 de nuevo sol) de lunes a viernes.
“Empezamos en abril, a diario servimos a unos 30 inmigrantes, pero ayer fueron 39, felizmente alcanzó para todos”, cuenta la trabajadora social Jenny Chipana. Los comedores populares surgieron en Perú en la década de los años 80 ante la grave crisis económica, pero miles se mantienen. En Lima funcionan más de 3.500 y la segunda mayor población beneficiaria de esta red está en San Juan de Lurigancho, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En 2016, 28.283 de los que usaban este servicio procedían de ese distrito.
Las autoridades municipales entregan un monto anual a los comedores para que compren parte de los víveres que necesitan. Las socias habilitan un local en la comunidad, hacen las compras, preparan los alimentos y administran. “Son dos cocineras por día en este comedor fundado en 1986”, explica Lucía, la presidenta de la zona de los comedores populares.
En el mismo distrito, el peruano René Cobeñas abrió un albergue para venezolanos en un local de su pequeña empresa, a pocos minutos del comedor Sarita Colonia. "Ahora somos casi 200, estamos hacinados", refiere uno de los alojados. “Estamos desbordados por los números. Ni nosotros ni el Estado los podemos atender. En Tumbes (norte de Perú) la mayoría llega tras varios días sin comer y les damos atención primaria”, dice el sacerdote jesuita Emilio Martínez este jueves. El Servicio Jesuita de Solidaridad es la contraparte de ACNUR en tres ciudades de Perú para atender la oleada de migración venezolana.
“Según nuestras cifras, entre 2015 y 2017 se ha incrementado el ingreso de venezolanos en 1.328%. ACNUR señala que la respuesta más positiva [de la población] se ha dado en Perú, pero ya empezamos a ver mensajes xenófobos”, lamenta Martínez.
