La UE impone sanciones a 11 altos cargos de Venezuela
Los Veintiocho los consideran responsables de "violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia"
Álvaro Sánchez
Bruselas, El País
Crece la lista de miembros del régimen de Nicolás Maduro vetados en Europa. Los ministros de Exteriores de los 28 países comunitarios han añadido este lunes a 11 altos cargos de varios organismos venezolanos a la lista de personas que tienen prohibida la entrada en la UE. También se han congelado sus posibles bienes en el continente. Esta nueva ronda de sanciones supone una respuesta a las irregularidades que rodearon las elecciones del 20 de mayo, celebradas en medio de una abstención récord y en ausencia del grueso de la oposición. En un comunicado conjunto, los responsables de Exteriores europeos han defendido que los comicios "no fueron libres ni justos, y su resultado carece de credibilidad".
Entre los sancionados hay nombres muy próximos a Nicolás Maduro. Concretamente los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami y el ministro de Educación, Elías Jaua. Pero también funcionarios leales al Ejecutivo bolivariano en ámbitos como las fuerzas armadas, la justicia o el Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de velar por la transparencia de las consultas. "Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela", estima la UE.
La medida es un nuevo golpe al entorno de Maduro. En enero, otros siete miembros del círculo más cercano al sucesor de Hugo Chávez, entre ellos su número dos, Diosdado Cabello, recibieron idéntico castigo. Los socios comunitarios buscan elevar la presión para forzar a Caracas a abrir un proceso de diálogo que culmine en una nueva convocatoria de elecciones, si bien hasta ahora no se han obtenido resultados palpables.
El Gobierno venezolano reaccionó a las sanciones de enero elevando el tono contra España —la gran inspiradora de las represalias diplomáticas—, e incluso expulsó al embajador español durante casi tres meses. Este lunes ha vuelto a alzar la voz calificando de "agresión" e "intromisión" las nuevas penalizaciones. "Es sorprendente la flagrante subordinación de la UE a la Administración Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela", ha contraatacado.
Entretanto, la UE combina en su estrategia el palo y la zanahoria: esto es, la firmeza diplomática con la puerta abierta a dar marcha atrás si se perciben gestos desde Caracas. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha señalado en rueda de prensa desde Luxemburgo que las sanciones "no excluyen en ningún caso la voluntad de diálogo", y se ha mostrado partidario de hallar resquicios de acercamiento político. "[La crisis] no va a resolverse fácilmente a base de sanciones", ha admitido.
La UE es el tercer mayor socio comercial de Venezuela tras Estados Unidos y China, aunque hasta ahora los Veintiocho han eludido utilizar la economía como instrumento de presión. De momento, la acción comunitaria ha centrado las sanciones en los altos cargos del régimen, y ha evitado dañar el tejido productivo del país o sectores sensibles como el petrolero al entender que en medio de la severa crisis que padece el país, no procede agravar el sufrimiento de la población.
Europa aplica sanciones a Venezuela desde noviembre de 2017, cuando los 28 países miembros acordaron por unanimidad un embargo de armas y equipos electrónicos ante su progresiva deriva institucional. Su efecto es sin embargo limitado. España, Holanda y Austria son los únicos tres países de la Unión que venden material militar a Caracas, y más del 90% proviene de China y Rusia.
Bruselas, El País
Crece la lista de miembros del régimen de Nicolás Maduro vetados en Europa. Los ministros de Exteriores de los 28 países comunitarios han añadido este lunes a 11 altos cargos de varios organismos venezolanos a la lista de personas que tienen prohibida la entrada en la UE. También se han congelado sus posibles bienes en el continente. Esta nueva ronda de sanciones supone una respuesta a las irregularidades que rodearon las elecciones del 20 de mayo, celebradas en medio de una abstención récord y en ausencia del grueso de la oposición. En un comunicado conjunto, los responsables de Exteriores europeos han defendido que los comicios "no fueron libres ni justos, y su resultado carece de credibilidad".
Entre los sancionados hay nombres muy próximos a Nicolás Maduro. Concretamente los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami y el ministro de Educación, Elías Jaua. Pero también funcionarios leales al Ejecutivo bolivariano en ámbitos como las fuerzas armadas, la justicia o el Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de velar por la transparencia de las consultas. "Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela", estima la UE.
La medida es un nuevo golpe al entorno de Maduro. En enero, otros siete miembros del círculo más cercano al sucesor de Hugo Chávez, entre ellos su número dos, Diosdado Cabello, recibieron idéntico castigo. Los socios comunitarios buscan elevar la presión para forzar a Caracas a abrir un proceso de diálogo que culmine en una nueva convocatoria de elecciones, si bien hasta ahora no se han obtenido resultados palpables.
El Gobierno venezolano reaccionó a las sanciones de enero elevando el tono contra España —la gran inspiradora de las represalias diplomáticas—, e incluso expulsó al embajador español durante casi tres meses. Este lunes ha vuelto a alzar la voz calificando de "agresión" e "intromisión" las nuevas penalizaciones. "Es sorprendente la flagrante subordinación de la UE a la Administración Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela", ha contraatacado.
Entretanto, la UE combina en su estrategia el palo y la zanahoria: esto es, la firmeza diplomática con la puerta abierta a dar marcha atrás si se perciben gestos desde Caracas. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha señalado en rueda de prensa desde Luxemburgo que las sanciones "no excluyen en ningún caso la voluntad de diálogo", y se ha mostrado partidario de hallar resquicios de acercamiento político. "[La crisis] no va a resolverse fácilmente a base de sanciones", ha admitido.
La UE es el tercer mayor socio comercial de Venezuela tras Estados Unidos y China, aunque hasta ahora los Veintiocho han eludido utilizar la economía como instrumento de presión. De momento, la acción comunitaria ha centrado las sanciones en los altos cargos del régimen, y ha evitado dañar el tejido productivo del país o sectores sensibles como el petrolero al entender que en medio de la severa crisis que padece el país, no procede agravar el sufrimiento de la población.
Europa aplica sanciones a Venezuela desde noviembre de 2017, cuando los 28 países miembros acordaron por unanimidad un embargo de armas y equipos electrónicos ante su progresiva deriva institucional. Su efecto es sin embargo limitado. España, Holanda y Austria son los únicos tres países de la Unión que venden material militar a Caracas, y más del 90% proviene de China y Rusia.
