La furia antiinmigrantes de Donald Trump pisotea el frágil equilibrio de la frontera
La política de 'tolerancia cero' de la Casa Blanca lleva el caos al complejo sistema que gestiona la inmigración irregular y por el camino deja a
Pablo Ximénez de Sandoval
McAllen (Texas), El País
El viernes por la tarde en la estación de autobuses de McAllen, Texas, un grupo de mujeres con niños pequeños esperaba para comprar billetes a distintos puntos de Estados Unidos. Eran inmigrantes indocumentadas que habían cruzado el Río Grande con sus hijos en los días anteriores y habían sido liberadas por la policía. Mientras estuvieron detenidas, una tormenta política que podía haber decidido el futuro de sus hijos había pasado por Estados Unidos. Siguieron camino con una nube de periodistas alrededor ante la mirada atónita de la gente de McAllen, para quienes esto pasa todos los días.
Jaqueline Flores, salvadoreña de 23 años, que llevaba de la mano a su hijo Christopher, de 3 años. Mientras le daban su billete a Miami, contaba que había cruzado el río el lunes, con otros dos menores. Llevaba 15 días viajando después de huir de las pandillas. Sin saberlo, ella podía explicar por qué le hacía fotos la prensa. En el centro de detención de la policía, donde van todos los interceptados en una frontera que es prácticamente inexpugnable, Flores vio algo extraño: “Había mujeres que las habían separado de sus hijos. No sé las razones”.
Este grupo de mujeres era el primero liberado después de una semana en que McAllen, el la ciudad en el centro del sector de la frontera que más inmigrantes recibe (entre 10.000 y 20.000 al mes), ha sido el centro también de un caos que ha indignado a Estados Unidos. En mayo, el Gobierno de Donald Trump, a través del fiscal general, Jeff Sessions, impuso una política de “tolerancia cero” que consiste en acusar criminalmente a todos los adultos que cruzan la frontera. La decisión provoca, conscientemente, que los niños sean separados de sus padres, pues no pueden ir con ellos a la cárcel. Esos niños son inmediatamente considerados “no acompañados”, y pasan al sistema de acogida. Un total de 2.342 niños fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio.
La decisión fue revertida por decreto presidencial, algo inaudito en la Administración Trump, el miércoles por la avalancha de críticas a un sistema que, diseñado para proteger a niños, los había dejado huérfanos. Para Alejandra Garza, coordinadora de la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU) que estaba ayudando a los inmigrantes en McAllen el viernes, es la derecha la que ha frenado a Trump. “Los conservadores y la derecha religiosa están diciendo que una cosa es la inmigración y otra meterse con los niños”. El Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones, se ha movilizado para tratar de acordar algún tipo de legislación de inmigración.
La situación ha supuesto una patada a un eficiente pero frágil sistema que absorbe la inmigración irregular. En los juzgados de McAllen, el juez de inmigración escuchó cada día durante un mes cómo la gente a la que enviaba a la cárcel y a una deportación segura preguntaba dónde estaban sus hijos. EE UU de pronto se preguntaba por las condiciones de detención de los migrantes en McAllen, que son las mismas que con Barack Obama. Los servicios sociales se encontraban con niños muy pequeños, que nunca habrían podido llegar solos. Habían sido arrancados de sus madres. El sistema no estaba preparado para la “tolerancia cero”.
Mercedes Núñez es especialista en servicios educativos para menores inmigrantes de la organización Esperanza. Aunque la política de Trump empezó oficialmente en mayo, Núñez asegura que llevan viendo casos desde septiembre de niños que entraron con sus padres y han acabado separados de ellos, solos en el sistema de albergues de los servicios sociales. Organizaciones como esta, que da representación legal a los menores, se encuentran de pronto con retos que antes no tenían.
Los menores que venían solos tenían de media más de 14 años. Se podían valer por sí mismos al menos para llegar a la frontera. Pero ahora, los albergues se encuentran con niños pequeños, algo para lo que no están del todo preparados, explica Núñez. “Por ejemplo, en estos albergues no había cunas”, explica Núñez. Los que trabajan con estos menores se encuentran ahora con grupos de niños muy pequeños. “Una abogada me contaba que fue a hacer una presentación de conoce tus derechos, que normalmente hace para niños adolescentes”, para explicar el proceso de inmigración. “Se encontró con una clase de niños pequeños. Tuvo que conseguir su atención cantando canciones infantiles y les explicó lo que es la violencia doméstica con el cuento de la Cenicienta”. El reto es enorme. “Muchos no saben su apellido. Les preguntas cómo se llama su madre y dicen: ‘Mami”.
Los menores no acompañados tienen el trauma de los horrores que han visto por el camino, pero estos niños, además tienen el trauma de la separación. “Estamos viendo muchos casos de niños que vienen llorando y que quieren volverse con sus padres deportados. Entrevistamos a familias de acogida que nos dicen que el niño se quiere ir y no saben qué hacer”, cuenta Núñez. Todo esto es consecuencia de la separación. “Antes la familia peleaba junta el caso en inmigración. Ahora no hay manera de saber cuáles eran los planes de esos niños cuando vinieron”.
La orden de Trump del miércoles dice que los inmigrantes deben ser procesados penalmente igual, pero que las familias deben estar juntas. En la práctica, es imposible, porque los niños no pueden estar detenidos con los adultos. Policía y fiscales llevan desde entonces buscando la forma de aplicar la orden y, hasta el sábado, no había normas claras. El jueves por la mañana, 17 inmigrantes separados de sus hijos que iban a ser juzgados en McAllen fueron sacados de la lista intencionadamente. El viernes, no se procesó a ninguno en esta situación. Pero tampoco nadie sabe si se han quedado bajo custodia de la policía. O por qué el grupo de más de 100 personas con niños que salió el viernes fue liberado y otros no. Esas son las normas este fin de semana. Ninguna.
El bandazo político también ha traído la promesa de reunificar a las familias separadas. El viernes, la policía migratoria anunció de forma oficiosa que ha reunido ya a 500 niños con sus padres. Faltan 1.800. Sin embargo, el sistema de inmigración ha funcionado estos dos meses como un reloj suizo: los padres han sido deportados fulminantemente y los niños repartidos por el sistema de acogida por todo el país. “No saben con certeza dónde están los niños”, opina Alejandra Garza. “Los niños no saben cómo se llama su madre en algunos casos. A veces no tienen ni documentación. Es irresponsable jugar así con la gente más vulnerable”. También de forma oficiosa, el sábado la policía aseguraba que estaba en condiciones de reunirlos a todos.
La frontera ha vivido otras crisis a las que se ha ido adaptando. En los noventa, las entradas masivas por las garitas fronterizas, que desbordaban a la policía, obligaron a poner un muro en las zonas urbanas, especialmente en California. Se acabo el problema, pero se derivó a las zonas rurales de Arizona y Texas, que no se podían vigilar con los efectivos que había. En la década siguiente, la inversión en personal y tecnología prácticamente selló la frontera. El refuerzo ha llevado la inmigración ilegal a zonas remotas y la ha hecho bajar de picos de un millón de detenciones al año hasta las 303.000 del año pasado.
En 2014, el Gobierno se encontró con una nueva crisis para la que no estaba preparado, la llegada de niños solos. José Gonzales, director en el sur de Texas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que gestiona a esos menores, recordaba el viernes que un equipo de 6 personas tuvo que hacerse cargo de más de 60.000 niños. Pero de nuevo el sistema se adaptó. Hoy Estados Unidos puede colocar a miles de niños inmigrantes en albergues y familias de acogida por todo el país con relativa rapidez, como se ha comprobado trágicamente en estas semanas.
Desde entonces hasta hoy, “la frontera no ha cambiado”, dice Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad de Texas especialista en inmigración que ha vivido ocho años en Brownsville. “Lo que ha cambiado es el discurso para hacer que la percepción sea la de un sitio fuera de control y haya miedo al inmigrante”.
El origen parece estar en que, a pesar de las cifras históricamente bajas de llegadas, hay un repunte en las llegadas de familias con niños pequeños. Este Gobierno, como el anterior, cree que es debido a que los migrantes saben que quedarán libres a la espera de juicio si vienen con un niño. “Lo hacen porque conocen nuestras leyes”, decía en confianza un policía de fronteras de Río Grande.
Lo puede corroborar Concepción Flores, hondureño de 36 años, liberado el viernes después de cruzar la frontera el lunes con su hijo Jefferson, de 8. “A uno solo lo deportan. Si trae un niño tiene más posibilidades”, reconocía, a pesar de haber vivido un horror y haber temido por la vida de su hijo en México, donde durmieron al raso y pasaron hambre. Ha dejado tres hijos en Honduras, de cuatro, tres y año y medio. Solo tiene buenas palabras para la policía de inmigración (“son muy educados”). En el centro de detención vio familias separadas. Él cree que el criterio, que nadie ha hecho oficial, es separar a los mayores de cinco años. “Al mío no me lo quitaron, gracias a Dios”.
El refugio de Catholic Charities de McAllen, que dirige la hermana Norma Pimentel, nunca ha dejado de recibir familias, unas 50 al día. Todos los días durante esta crisis han llegado familias juntas liberadas. Nadie sabe cuál es el criterio, pero la realidad es que la “tolerancia cero” que en ningún momento ha sido cero. “Liberan madres embarazadas, niños pequeños enfermos, no está claro”, dice Pimentel. Porque para esto no estaba preparado nadie, ni la policía, ni los juzgados, ni los servicios sociales. Lo que se ha visto estas semanas es la frontera tratando de adaptarse a una nueva crisis, pero no de migrantes, sino política. “Todo es política”, dice Norma Pimentel. “Esto es lo que lo eligió presidente y lo que quiere es crear un problema y darles solución de cara a las personas que lo eligieron. Él crea el problema y él lo soulciona”.
El viernes, el sur de Texas había vuelto aparentemente a la normalidad. Esto es, la normalidad de la desesperación, las detenciones diarias de decenas o cientos de migrantes exhaustos en la ribera del Río Grande, los juicios de inmigración masivos y la atención humanitaria a los niños. Algo para lo que el sistema está preparado. Pero Donald Trump se ha empeñado en que la frontera sea un problema para Estados Unidos. Esta ha sido la semana en que lo ha conseguido.
Pablo Ximénez de Sandoval
McAllen (Texas), El País
El viernes por la tarde en la estación de autobuses de McAllen, Texas, un grupo de mujeres con niños pequeños esperaba para comprar billetes a distintos puntos de Estados Unidos. Eran inmigrantes indocumentadas que habían cruzado el Río Grande con sus hijos en los días anteriores y habían sido liberadas por la policía. Mientras estuvieron detenidas, una tormenta política que podía haber decidido el futuro de sus hijos había pasado por Estados Unidos. Siguieron camino con una nube de periodistas alrededor ante la mirada atónita de la gente de McAllen, para quienes esto pasa todos los días.
Jaqueline Flores, salvadoreña de 23 años, que llevaba de la mano a su hijo Christopher, de 3 años. Mientras le daban su billete a Miami, contaba que había cruzado el río el lunes, con otros dos menores. Llevaba 15 días viajando después de huir de las pandillas. Sin saberlo, ella podía explicar por qué le hacía fotos la prensa. En el centro de detención de la policía, donde van todos los interceptados en una frontera que es prácticamente inexpugnable, Flores vio algo extraño: “Había mujeres que las habían separado de sus hijos. No sé las razones”.
Este grupo de mujeres era el primero liberado después de una semana en que McAllen, el la ciudad en el centro del sector de la frontera que más inmigrantes recibe (entre 10.000 y 20.000 al mes), ha sido el centro también de un caos que ha indignado a Estados Unidos. En mayo, el Gobierno de Donald Trump, a través del fiscal general, Jeff Sessions, impuso una política de “tolerancia cero” que consiste en acusar criminalmente a todos los adultos que cruzan la frontera. La decisión provoca, conscientemente, que los niños sean separados de sus padres, pues no pueden ir con ellos a la cárcel. Esos niños son inmediatamente considerados “no acompañados”, y pasan al sistema de acogida. Un total de 2.342 niños fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio.
La decisión fue revertida por decreto presidencial, algo inaudito en la Administración Trump, el miércoles por la avalancha de críticas a un sistema que, diseñado para proteger a niños, los había dejado huérfanos. Para Alejandra Garza, coordinadora de la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU) que estaba ayudando a los inmigrantes en McAllen el viernes, es la derecha la que ha frenado a Trump. “Los conservadores y la derecha religiosa están diciendo que una cosa es la inmigración y otra meterse con los niños”. El Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones, se ha movilizado para tratar de acordar algún tipo de legislación de inmigración.
La situación ha supuesto una patada a un eficiente pero frágil sistema que absorbe la inmigración irregular. En los juzgados de McAllen, el juez de inmigración escuchó cada día durante un mes cómo la gente a la que enviaba a la cárcel y a una deportación segura preguntaba dónde estaban sus hijos. EE UU de pronto se preguntaba por las condiciones de detención de los migrantes en McAllen, que son las mismas que con Barack Obama. Los servicios sociales se encontraban con niños muy pequeños, que nunca habrían podido llegar solos. Habían sido arrancados de sus madres. El sistema no estaba preparado para la “tolerancia cero”.
Mercedes Núñez es especialista en servicios educativos para menores inmigrantes de la organización Esperanza. Aunque la política de Trump empezó oficialmente en mayo, Núñez asegura que llevan viendo casos desde septiembre de niños que entraron con sus padres y han acabado separados de ellos, solos en el sistema de albergues de los servicios sociales. Organizaciones como esta, que da representación legal a los menores, se encuentran de pronto con retos que antes no tenían.
Los menores que venían solos tenían de media más de 14 años. Se podían valer por sí mismos al menos para llegar a la frontera. Pero ahora, los albergues se encuentran con niños pequeños, algo para lo que no están del todo preparados, explica Núñez. “Por ejemplo, en estos albergues no había cunas”, explica Núñez. Los que trabajan con estos menores se encuentran ahora con grupos de niños muy pequeños. “Una abogada me contaba que fue a hacer una presentación de conoce tus derechos, que normalmente hace para niños adolescentes”, para explicar el proceso de inmigración. “Se encontró con una clase de niños pequeños. Tuvo que conseguir su atención cantando canciones infantiles y les explicó lo que es la violencia doméstica con el cuento de la Cenicienta”. El reto es enorme. “Muchos no saben su apellido. Les preguntas cómo se llama su madre y dicen: ‘Mami”.
Los menores no acompañados tienen el trauma de los horrores que han visto por el camino, pero estos niños, además tienen el trauma de la separación. “Estamos viendo muchos casos de niños que vienen llorando y que quieren volverse con sus padres deportados. Entrevistamos a familias de acogida que nos dicen que el niño se quiere ir y no saben qué hacer”, cuenta Núñez. Todo esto es consecuencia de la separación. “Antes la familia peleaba junta el caso en inmigración. Ahora no hay manera de saber cuáles eran los planes de esos niños cuando vinieron”.
La orden de Trump del miércoles dice que los inmigrantes deben ser procesados penalmente igual, pero que las familias deben estar juntas. En la práctica, es imposible, porque los niños no pueden estar detenidos con los adultos. Policía y fiscales llevan desde entonces buscando la forma de aplicar la orden y, hasta el sábado, no había normas claras. El jueves por la mañana, 17 inmigrantes separados de sus hijos que iban a ser juzgados en McAllen fueron sacados de la lista intencionadamente. El viernes, no se procesó a ninguno en esta situación. Pero tampoco nadie sabe si se han quedado bajo custodia de la policía. O por qué el grupo de más de 100 personas con niños que salió el viernes fue liberado y otros no. Esas son las normas este fin de semana. Ninguna.
El bandazo político también ha traído la promesa de reunificar a las familias separadas. El viernes, la policía migratoria anunció de forma oficiosa que ha reunido ya a 500 niños con sus padres. Faltan 1.800. Sin embargo, el sistema de inmigración ha funcionado estos dos meses como un reloj suizo: los padres han sido deportados fulminantemente y los niños repartidos por el sistema de acogida por todo el país. “No saben con certeza dónde están los niños”, opina Alejandra Garza. “Los niños no saben cómo se llama su madre en algunos casos. A veces no tienen ni documentación. Es irresponsable jugar así con la gente más vulnerable”. También de forma oficiosa, el sábado la policía aseguraba que estaba en condiciones de reunirlos a todos.
La frontera ha vivido otras crisis a las que se ha ido adaptando. En los noventa, las entradas masivas por las garitas fronterizas, que desbordaban a la policía, obligaron a poner un muro en las zonas urbanas, especialmente en California. Se acabo el problema, pero se derivó a las zonas rurales de Arizona y Texas, que no se podían vigilar con los efectivos que había. En la década siguiente, la inversión en personal y tecnología prácticamente selló la frontera. El refuerzo ha llevado la inmigración ilegal a zonas remotas y la ha hecho bajar de picos de un millón de detenciones al año hasta las 303.000 del año pasado.
En 2014, el Gobierno se encontró con una nueva crisis para la que no estaba preparado, la llegada de niños solos. José Gonzales, director en el sur de Texas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que gestiona a esos menores, recordaba el viernes que un equipo de 6 personas tuvo que hacerse cargo de más de 60.000 niños. Pero de nuevo el sistema se adaptó. Hoy Estados Unidos puede colocar a miles de niños inmigrantes en albergues y familias de acogida por todo el país con relativa rapidez, como se ha comprobado trágicamente en estas semanas.
Desde entonces hasta hoy, “la frontera no ha cambiado”, dice Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad de Texas especialista en inmigración que ha vivido ocho años en Brownsville. “Lo que ha cambiado es el discurso para hacer que la percepción sea la de un sitio fuera de control y haya miedo al inmigrante”.
El origen parece estar en que, a pesar de las cifras históricamente bajas de llegadas, hay un repunte en las llegadas de familias con niños pequeños. Este Gobierno, como el anterior, cree que es debido a que los migrantes saben que quedarán libres a la espera de juicio si vienen con un niño. “Lo hacen porque conocen nuestras leyes”, decía en confianza un policía de fronteras de Río Grande.
Lo puede corroborar Concepción Flores, hondureño de 36 años, liberado el viernes después de cruzar la frontera el lunes con su hijo Jefferson, de 8. “A uno solo lo deportan. Si trae un niño tiene más posibilidades”, reconocía, a pesar de haber vivido un horror y haber temido por la vida de su hijo en México, donde durmieron al raso y pasaron hambre. Ha dejado tres hijos en Honduras, de cuatro, tres y año y medio. Solo tiene buenas palabras para la policía de inmigración (“son muy educados”). En el centro de detención vio familias separadas. Él cree que el criterio, que nadie ha hecho oficial, es separar a los mayores de cinco años. “Al mío no me lo quitaron, gracias a Dios”.
El refugio de Catholic Charities de McAllen, que dirige la hermana Norma Pimentel, nunca ha dejado de recibir familias, unas 50 al día. Todos los días durante esta crisis han llegado familias juntas liberadas. Nadie sabe cuál es el criterio, pero la realidad es que la “tolerancia cero” que en ningún momento ha sido cero. “Liberan madres embarazadas, niños pequeños enfermos, no está claro”, dice Pimentel. Porque para esto no estaba preparado nadie, ni la policía, ni los juzgados, ni los servicios sociales. Lo que se ha visto estas semanas es la frontera tratando de adaptarse a una nueva crisis, pero no de migrantes, sino política. “Todo es política”, dice Norma Pimentel. “Esto es lo que lo eligió presidente y lo que quiere es crear un problema y darles solución de cara a las personas que lo eligieron. Él crea el problema y él lo soulciona”.
El viernes, el sur de Texas había vuelto aparentemente a la normalidad. Esto es, la normalidad de la desesperación, las detenciones diarias de decenas o cientos de migrantes exhaustos en la ribera del Río Grande, los juicios de inmigración masivos y la atención humanitaria a los niños. Algo para lo que el sistema está preparado. Pero Donald Trump se ha empeñado en que la frontera sea un problema para Estados Unidos. Esta ha sido la semana en que lo ha conseguido.