Una deportación violenta aviva el debate migratorio en Alemania
Berlín planea acelerar las expulsiones de los demandantes de asilo que sean rechazados
Ana Carbajosa
Berlín, El País
La violenta deportación de un ciudadano togolés ha encendido de nuevo el debate migratorio en Alemania, mientras echa a andar un nuevo Ejecutivo, decidido a frenar las llegadas de migrantes y acelerar las expulsiones. El recién estrenado ministro de Interior, Construcción y Patria, Horst Seehofer, mostró su apoyo a los agentes que entraron por la fuerza en un centro de refugiados del sur del país para llevarse al demandante de asilo de Togo. El ministro adelantó también que presentará una serie de medidas para evitar una repetición de lo sucedido a partir de 2015, cuando la política de puertas abiertas de la canciller Angela Merkel disparó las llegadas de refugiados, hasta alcanzar millón y medio en dos años.
Sobre las cinco y media de la mañana, decenas de furgones policiales se aproximaron al centro de refugiados de Ellwangen, en el Estado de Baden-Württemberg. Diez minutos más tarde, comenzaban los gritos y el forcejeo entre cientos de agentes desplegados y los demandantes de asilo. Más de una decena de migrantes saltó por la ventana. Ya la noche del lunes, un grupo de unos 150 internados había impedido por la fuerza que la policía se llevara a su compañero togolés, de 23 años. Finalmente, los agentes detuvieron al joven, que será enviado a Italia, el primer país por el que accedió a la UE, en virtud de la regulación de Dublín.
A media mañana, en conferencia de prensa, el ministro Seehofer consideró que el incidente de Ellwangen supone “una bofetada en la cara de los ciudadanos que cumplen la ley”. Acelerar las deportaciones de aquellas personas a las que se les ha denegado el asilo es una de las promesas de este Gobierno, que el jueves volvió a prometer el ministro. La idea es según Seehofer “romper la espiral de recursos judiciales” que a menudo frustran o retrasan durante años las expulsiones.
Se refería Seehofer a otro caso que ha ocupado estos días las webs de la prensa alemana. Se trata de un supuesto guardaespaldas de Osama Bin Laden, al que Alemania trata de expulsar a Túnez desde hace 10 años y cuyo caso se encuentra todavía en los tribunales. La justicia alemana ha considerado hasta ahora que el demandante podría enfrentarse a la tortura e incluso a la pena de muerte si vuelve a Túnez.
El recién estrenado y conservador ministro de Interior tiene previsto presentar próximamente un gran plan migratorio. Una de las medidas en las que ya trabaja su Ministerio es en la instalación de unos polémicos centros que pretenden agilizar el proceso de expulsión y a donde irían a parar directamente a quienes se considere que sus demandas de asilo tienen escasos visos de prosperar. Desde esos centros se deportaría directamente a los rechazados. Uno de los primeros problemas con el que ya se ha topado esta iniciativa es la ausencia de un buen número de Estados federados dispuestos a acoger estas instalaciones.
Limitar la reunificación familiar y reducir los beneficios económicos de los que no tienen derecho al asilo son otras de las medidas que mencionó Seehofer el jueves en una larga intervención ante la prensa.
Seehofer, líder de la CSU, la Unión Social Cristiana de Baviera, socio en la coalición de Gobierno de Merkel, no ha ocultado en los últimos años sus diferencias con la canciller en materia migratoria. El político bávaro representa el ala más conservadora del Ejecutivo y cuyas propuestas amenazan con desatar tensiones con el partido socialdemócrata, también socio de Gobierno. La retórica de línea dura de la CSU bávara va camino de agudizarse con vistas a las elecciones regionales de Baviera el próximo octubre.
Alternativa por Alemania, Afd, el partido populista de derechas antiinmigración amenaza con dinamitar con la hegemonía política bávara de la CSU, que dura ya décadas. Afd entró tras las elecciones del pasado septiembre por primera vez en el Parlamento alemán, tras obtener el 12,3% de los votos, y donde se ha convertido en el primer partido de la oposición.
Berlín, El País
La violenta deportación de un ciudadano togolés ha encendido de nuevo el debate migratorio en Alemania, mientras echa a andar un nuevo Ejecutivo, decidido a frenar las llegadas de migrantes y acelerar las expulsiones. El recién estrenado ministro de Interior, Construcción y Patria, Horst Seehofer, mostró su apoyo a los agentes que entraron por la fuerza en un centro de refugiados del sur del país para llevarse al demandante de asilo de Togo. El ministro adelantó también que presentará una serie de medidas para evitar una repetición de lo sucedido a partir de 2015, cuando la política de puertas abiertas de la canciller Angela Merkel disparó las llegadas de refugiados, hasta alcanzar millón y medio en dos años.
Sobre las cinco y media de la mañana, decenas de furgones policiales se aproximaron al centro de refugiados de Ellwangen, en el Estado de Baden-Württemberg. Diez minutos más tarde, comenzaban los gritos y el forcejeo entre cientos de agentes desplegados y los demandantes de asilo. Más de una decena de migrantes saltó por la ventana. Ya la noche del lunes, un grupo de unos 150 internados había impedido por la fuerza que la policía se llevara a su compañero togolés, de 23 años. Finalmente, los agentes detuvieron al joven, que será enviado a Italia, el primer país por el que accedió a la UE, en virtud de la regulación de Dublín.
A media mañana, en conferencia de prensa, el ministro Seehofer consideró que el incidente de Ellwangen supone “una bofetada en la cara de los ciudadanos que cumplen la ley”. Acelerar las deportaciones de aquellas personas a las que se les ha denegado el asilo es una de las promesas de este Gobierno, que el jueves volvió a prometer el ministro. La idea es según Seehofer “romper la espiral de recursos judiciales” que a menudo frustran o retrasan durante años las expulsiones.
Se refería Seehofer a otro caso que ha ocupado estos días las webs de la prensa alemana. Se trata de un supuesto guardaespaldas de Osama Bin Laden, al que Alemania trata de expulsar a Túnez desde hace 10 años y cuyo caso se encuentra todavía en los tribunales. La justicia alemana ha considerado hasta ahora que el demandante podría enfrentarse a la tortura e incluso a la pena de muerte si vuelve a Túnez.
El recién estrenado y conservador ministro de Interior tiene previsto presentar próximamente un gran plan migratorio. Una de las medidas en las que ya trabaja su Ministerio es en la instalación de unos polémicos centros que pretenden agilizar el proceso de expulsión y a donde irían a parar directamente a quienes se considere que sus demandas de asilo tienen escasos visos de prosperar. Desde esos centros se deportaría directamente a los rechazados. Uno de los primeros problemas con el que ya se ha topado esta iniciativa es la ausencia de un buen número de Estados federados dispuestos a acoger estas instalaciones.
Limitar la reunificación familiar y reducir los beneficios económicos de los que no tienen derecho al asilo son otras de las medidas que mencionó Seehofer el jueves en una larga intervención ante la prensa.
Seehofer, líder de la CSU, la Unión Social Cristiana de Baviera, socio en la coalición de Gobierno de Merkel, no ha ocultado en los últimos años sus diferencias con la canciller en materia migratoria. El político bávaro representa el ala más conservadora del Ejecutivo y cuyas propuestas amenazan con desatar tensiones con el partido socialdemócrata, también socio de Gobierno. La retórica de línea dura de la CSU bávara va camino de agudizarse con vistas a las elecciones regionales de Baviera el próximo octubre.
Alternativa por Alemania, Afd, el partido populista de derechas antiinmigración amenaza con dinamitar con la hegemonía política bávara de la CSU, que dura ya décadas. Afd entró tras las elecciones del pasado septiembre por primera vez en el Parlamento alemán, tras obtener el 12,3% de los votos, y donde se ha convertido en el primer partido de la oposición.
