Putin refuerza la anexión rusa de Crimea con un nuevo puente
Ucrania critica la construcción y pide a la comunidad internacional que establezca nuevas sanciones
Rodrigo Fernández
Moscú, El País
El presidente Vladímir Putin inauguró este martes el nuevo puente que une a Rusia con Crimea, que la comunidad internacional considera territorio ucranio. Para Moscú, la nueva infraestructura consolida la anexión de la península, firmada por el líder ruso en 2014. Kiev pidió nuevas sanciones contra Rusia. Además, sus fuerzas de seguridad detuvieron en la capital ucrania el jefe de la delegación de la agencia rusa RIA Nóvosti.
A la inauguración del puente de 19 kilómetros de largo, que se extiende sobre el estrecho de Kerch y que es visto por Moscú como una importante obra destinada a consolidar la anexión de la península, Putin llegó vestido informalmente, con vaqueros y una cazadora azul. El presidente ruso se sentó al volante de un camión Kamaz y, acompañado en la cabina por varios trabajadores, emprendió la marcha hacia Crimea junto con otros vehículos.
El puente, que los rusos comenzaron a construir en febrero de 2016, ha costado 228.000 millones de rublos (unos 3.000 millones de euros). Los cuatro carriles (dos en cada sentido) quedarán abiertos al público a partir de este miércoles. Además, tendrá dos vías de tren, que, según los planes rusos, deberán estar operativas para fines del año próximo.
Mientras, en un incidente que algunos rusos calificaron de venganza por la construcción del puente, este martes fue detenido en Kiev Kiril Vishinski, jefe de la delegación de RIA Nóvosti. Yelena Guitliánskaya, portavoz de seguridad, confirmó el registro de la sede de la agencia rusa en Kiev y el arresto, ordenado en una operación de los servicios de inteligencia contra medios controlados por Rusia después de que las autoridades consideraran que “han sido utilizados por el país agresor [en referencia a Rusia] en la guerra híbrida informativa contra Ucrania”.
El Ejecutivo ucranio, además, se dirigió a la comunidad internacional pidiendo nuevas sanciones contra Rusia por haber construido el puente en “aguas territoriales ucranias”.
En Moscú, los diputados discutieron precisamente en la Duma Estatal las sanciones de la comunidad internacional, y aprobaron en primera lectura una ley “sobre medidas de acción (reacción) a los actos hostiles de EE UU y/u otros países”. El texto incluye 16 áreas donde tomar medidas de respuesta y fue aprobado por unanimidad. Permite prohibir importaciones agrícolas, de alcohol, tabaco y metales estratégicos, además de suspender la cooperación en varios campos (aeronáutico, nuclear y otros) y no permitir a empresas extranjeras participar en privatizaciones rusas.
Un vehículo cruza el puente entre Rusia y Crimea, este martes. ampliar foto
Un vehículo cruza el puente entre Rusia y Crimea, este martes. REUTERS
Otra ley, también aprobada este martes en primera lectura, permite condenar a cuatro años de cárcel a quien aplique en territorio ruso sanciones aprobadas por otros países. Ello significa que las empresas extranjeras registradas en Rusia no podrán negar la prestación de servicios a los castigados por EE UU y otros países.
Rodrigo Fernández
Moscú, El País
El presidente Vladímir Putin inauguró este martes el nuevo puente que une a Rusia con Crimea, que la comunidad internacional considera territorio ucranio. Para Moscú, la nueva infraestructura consolida la anexión de la península, firmada por el líder ruso en 2014. Kiev pidió nuevas sanciones contra Rusia. Además, sus fuerzas de seguridad detuvieron en la capital ucrania el jefe de la delegación de la agencia rusa RIA Nóvosti.
A la inauguración del puente de 19 kilómetros de largo, que se extiende sobre el estrecho de Kerch y que es visto por Moscú como una importante obra destinada a consolidar la anexión de la península, Putin llegó vestido informalmente, con vaqueros y una cazadora azul. El presidente ruso se sentó al volante de un camión Kamaz y, acompañado en la cabina por varios trabajadores, emprendió la marcha hacia Crimea junto con otros vehículos.
El puente, que los rusos comenzaron a construir en febrero de 2016, ha costado 228.000 millones de rublos (unos 3.000 millones de euros). Los cuatro carriles (dos en cada sentido) quedarán abiertos al público a partir de este miércoles. Además, tendrá dos vías de tren, que, según los planes rusos, deberán estar operativas para fines del año próximo.
Mientras, en un incidente que algunos rusos calificaron de venganza por la construcción del puente, este martes fue detenido en Kiev Kiril Vishinski, jefe de la delegación de RIA Nóvosti. Yelena Guitliánskaya, portavoz de seguridad, confirmó el registro de la sede de la agencia rusa en Kiev y el arresto, ordenado en una operación de los servicios de inteligencia contra medios controlados por Rusia después de que las autoridades consideraran que “han sido utilizados por el país agresor [en referencia a Rusia] en la guerra híbrida informativa contra Ucrania”.
El Ejecutivo ucranio, además, se dirigió a la comunidad internacional pidiendo nuevas sanciones contra Rusia por haber construido el puente en “aguas territoriales ucranias”.
En Moscú, los diputados discutieron precisamente en la Duma Estatal las sanciones de la comunidad internacional, y aprobaron en primera lectura una ley “sobre medidas de acción (reacción) a los actos hostiles de EE UU y/u otros países”. El texto incluye 16 áreas donde tomar medidas de respuesta y fue aprobado por unanimidad. Permite prohibir importaciones agrícolas, de alcohol, tabaco y metales estratégicos, además de suspender la cooperación en varios campos (aeronáutico, nuclear y otros) y no permitir a empresas extranjeras participar en privatizaciones rusas.
Un vehículo cruza el puente entre Rusia y Crimea, este martes. ampliar foto
Un vehículo cruza el puente entre Rusia y Crimea, este martes. REUTERS
Otra ley, también aprobada este martes en primera lectura, permite condenar a cuatro años de cárcel a quien aplique en territorio ruso sanciones aprobadas por otros países. Ello significa que las empresas extranjeras registradas en Rusia no podrán negar la prestación de servicios a los castigados por EE UU y otros países.