La gasolina prende el descontento en Brasil
Las concesiones a los camioneros no logran desactivar la protesta, que lleva nueve días bloqueando el país y se extiende a otros sectores
Felipe Betim
Afonso Benites
São Paulo / Brasilia, El País
Si hubiera que hacer un resumen de los últimos nueve días en Brasil sería “un país de 209 millones de personas en cortocircuito por un paro de los camioneros”. Furiosos con el alza del combustible, lograron cerrar las carreteras, retrasaron el suministro de mercancías y pararon el país. La presión surtió efecto e hicieron que el presidente Michel Temer accediera a todas sus exigencias: desde reducir el coste del litro de diésel en 12 centavos de euros durante 60 días, a algún descuento en el cobro de peajes. Todo parecía avanzar hacia un final feliz.
Pero ayer aún persistían más de 500 bloqueos a lo largo del país porque ya no se trataba de defender las banderas que dieron origen a la protesta que sorprendió a los brasileños. Ahora, aparecen nuevos actores y nuevas exigencias, fermentadas por diversas disputas políticas, a cinco meses de las elecciones presidenciales y legislativas.
Animados por los camioneros, los gasolineros anunciaron que a partir de hoy se suman al paro con el fin de exigir que la petrolera estatal Petrobras cambie su política de precios, hoy alineada con el mercado internacional, lo que ha provocado varias subidas del precio de los combustibles recientemente. En las tres primeras semanas de mayo, por ejemplo, los precios subieron 17 veces, siguiendo el ritmo del alza del petróleo. Ese traslado automático a los precios de venta de los combustibles es la clave de las protestas que se han desatado en Brasil.
Antes, los precios estaban congelados por orden del Gobierno de Dilma Rousseff (lo que provocó un agujero en las cuentas públicas, y elevó la deuda de Petrobras). Las explicaciones, sin embargo, poco le importan a la gente cansada con el elevado desempleo y la promesa de una recuperación que nunca acaba de llegar.
En la carretera BR-116, próxima a la ciudad de São Paulo, los camioneros parados desde el lunes exigen ahora una reducción mayor del precio del diésel, y por un tiempo mayor a los 60 días propuestos por el Gobierno. “Ese precio con descuento tiene que valer por al menos un año”, defendía José de Castro, uno de los conductores parados desde hace varios días.
Desde la semana pasada, la movilización de Castro y el resto de los camioneros creció gracias al apoyo de la población de la periferia paulista, que se identificó con la furia de los camioneros. Vestidos de verde y amarillo, los colores de la bandera brasileña, esos nuevos manifestantes cantaban el himno nacional y exigían una reducción de impuestos y “una intervención militar temporal”. “El país está en una situación tan difícil que en las manos de quien está ya no se puede.
"Hay que prepararse para lo peor", lamentaba Daniela Camila Duarte, operadora en una industria de la región. Como ella, Álvaro Neto, que caminó siete kilómetros con su hija de 13 años para apoyar la protesta, también alimenta la esperanza de que el Ejército decida tomar el país. “Ya no es el precio del diésel, es una cuestión política”, comentaba Neto, defendiendo la vuelta de los militares al Gobierno, en un país que vivió una dictadura entre 1964 y 1985, que dejó heridas muy profundas, pero de las que muchos parecen haberse olvidado.
Echar a Temer
Junto a estos, algunos protestaban contra los altos precios de los alimentos y otros pedían el adelanto de las elecciones. Todos quieren echar al Gobierno de Temer, acosado por denuncias de corrupción, y que ha perdido el apoyo del Congreso que lo ayudó a llegar al poder cuando aprobó el impeachment de Dilma Rousseff en 2016. Los parlamentarios están más preocupados por proteger su imagen de cara a las elecciones que por apoyar a un presidente que parece radioactivo, con una de las peores tasas de popularidad de la historia.
Temer ha tratado de calmar los ánimos, intentando garantizar, con apoyo de las Fuerzas Armadas, que camiones con productos esenciales —como los combustibles, material de hospital, y alimentos vivos (aves y bueyes)— lleguen a su destino. Sus ministros ofrecen ruedas de prensa diarias para explicar cómo el Gobierno está tratando de manejar la crisis, que se agrava con las concesiones hechas a los camioneros —con un coste de más de 2.200 millones de euros a las arcas públicas—.
Petrobras, mientras tanto, ya ha perdido casi 30.000 millones de euros en valor de mercado desde el inicio de la huelga. A esas cifras se suman las pérdidas para la economía de un país parado desde hace nueve días y con el suministro de mercancías comprometido por el paro en las carreteras. El pasado domingo, al menos 64 millones de gallinas y pollos habían muerto por falta de alimentación adecuada, según la Asociación Brasileña de Proteína Animal. Esos datos han hecho saltar las alarmas.
“Es un mal necesario, pero todo tiene un límite. Si le falta leche a mis hijos, yo misma apuesto por que se termine esta huelga”, decía Karina, una vendedora embarazada de su tercer hijo.
Afonso Benites
São Paulo / Brasilia, El País
Si hubiera que hacer un resumen de los últimos nueve días en Brasil sería “un país de 209 millones de personas en cortocircuito por un paro de los camioneros”. Furiosos con el alza del combustible, lograron cerrar las carreteras, retrasaron el suministro de mercancías y pararon el país. La presión surtió efecto e hicieron que el presidente Michel Temer accediera a todas sus exigencias: desde reducir el coste del litro de diésel en 12 centavos de euros durante 60 días, a algún descuento en el cobro de peajes. Todo parecía avanzar hacia un final feliz.
Pero ayer aún persistían más de 500 bloqueos a lo largo del país porque ya no se trataba de defender las banderas que dieron origen a la protesta que sorprendió a los brasileños. Ahora, aparecen nuevos actores y nuevas exigencias, fermentadas por diversas disputas políticas, a cinco meses de las elecciones presidenciales y legislativas.
Animados por los camioneros, los gasolineros anunciaron que a partir de hoy se suman al paro con el fin de exigir que la petrolera estatal Petrobras cambie su política de precios, hoy alineada con el mercado internacional, lo que ha provocado varias subidas del precio de los combustibles recientemente. En las tres primeras semanas de mayo, por ejemplo, los precios subieron 17 veces, siguiendo el ritmo del alza del petróleo. Ese traslado automático a los precios de venta de los combustibles es la clave de las protestas que se han desatado en Brasil.
Antes, los precios estaban congelados por orden del Gobierno de Dilma Rousseff (lo que provocó un agujero en las cuentas públicas, y elevó la deuda de Petrobras). Las explicaciones, sin embargo, poco le importan a la gente cansada con el elevado desempleo y la promesa de una recuperación que nunca acaba de llegar.
En la carretera BR-116, próxima a la ciudad de São Paulo, los camioneros parados desde el lunes exigen ahora una reducción mayor del precio del diésel, y por un tiempo mayor a los 60 días propuestos por el Gobierno. “Ese precio con descuento tiene que valer por al menos un año”, defendía José de Castro, uno de los conductores parados desde hace varios días.
Desde la semana pasada, la movilización de Castro y el resto de los camioneros creció gracias al apoyo de la población de la periferia paulista, que se identificó con la furia de los camioneros. Vestidos de verde y amarillo, los colores de la bandera brasileña, esos nuevos manifestantes cantaban el himno nacional y exigían una reducción de impuestos y “una intervención militar temporal”. “El país está en una situación tan difícil que en las manos de quien está ya no se puede.
"Hay que prepararse para lo peor", lamentaba Daniela Camila Duarte, operadora en una industria de la región. Como ella, Álvaro Neto, que caminó siete kilómetros con su hija de 13 años para apoyar la protesta, también alimenta la esperanza de que el Ejército decida tomar el país. “Ya no es el precio del diésel, es una cuestión política”, comentaba Neto, defendiendo la vuelta de los militares al Gobierno, en un país que vivió una dictadura entre 1964 y 1985, que dejó heridas muy profundas, pero de las que muchos parecen haberse olvidado.
Echar a Temer
Junto a estos, algunos protestaban contra los altos precios de los alimentos y otros pedían el adelanto de las elecciones. Todos quieren echar al Gobierno de Temer, acosado por denuncias de corrupción, y que ha perdido el apoyo del Congreso que lo ayudó a llegar al poder cuando aprobó el impeachment de Dilma Rousseff en 2016. Los parlamentarios están más preocupados por proteger su imagen de cara a las elecciones que por apoyar a un presidente que parece radioactivo, con una de las peores tasas de popularidad de la historia.
Temer ha tratado de calmar los ánimos, intentando garantizar, con apoyo de las Fuerzas Armadas, que camiones con productos esenciales —como los combustibles, material de hospital, y alimentos vivos (aves y bueyes)— lleguen a su destino. Sus ministros ofrecen ruedas de prensa diarias para explicar cómo el Gobierno está tratando de manejar la crisis, que se agrava con las concesiones hechas a los camioneros —con un coste de más de 2.200 millones de euros a las arcas públicas—.
Petrobras, mientras tanto, ya ha perdido casi 30.000 millones de euros en valor de mercado desde el inicio de la huelga. A esas cifras se suman las pérdidas para la economía de un país parado desde hace nueve días y con el suministro de mercancías comprometido por el paro en las carreteras. El pasado domingo, al menos 64 millones de gallinas y pollos habían muerto por falta de alimentación adecuada, según la Asociación Brasileña de Proteína Animal. Esos datos han hecho saltar las alarmas.
“Es un mal necesario, pero todo tiene un límite. Si le falta leche a mis hijos, yo misma apuesto por que se termine esta huelga”, decía Karina, una vendedora embarazada de su tercer hijo.
