Gobierno ratifica que el fallo del TCP sobre Incahuasi debe cumplirse
El Gobierno ratificó que la normativa no toca el campo gasífero y que el estudio técnico que definirá si el campo es o no compartido se entregará “en dos semanas”, según reveló el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
A solo horas del cumplimiento del plazo para para que se haga efectivo el pago de las regalías del campo Incahuasi a Santa Cruz ordenado por un juez y en medio de las protestas de Chuquisaca, el Gobierno nacional apuntaló este jueves su postura y remarcó que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que las congeló está vigente y debe cumplirse. Además, desveló que el nuevo estudio técnico se conocerá en dos semanas.
Así lo ratificó el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en una declaración de prensa emitida la tarde este jueves en Palacio Quemado. Una postura similar había exteriorizado su colega de Gobierno, Carlos Romero, pero en Santa Cruz el miércoles por la noche.
“La posición unánime del Gobierno es que la sentencia constitucional emitida por el TCP debe cumplirse y esa sentencia indica debe efectuarse un proceso de delimitación que ya está efectuado y debe realizarse por parte de YPFB un nuevo estudio que también tenemos información de que estuviera en curso”, indicó Rada.
Incahuasi pondrá a producir nuevo pozo, tiene otro con potencial y ampliará su planta
La sentencia constitucional 1160/2017-S2 del 17 de diciembre del año frenó la entrega a los cruceños de esos recursos hace unos seis meses, pero la semana pasada el juez Alberto Guzmán, a pedido de Santa Cruz, determinó descongelarlos y ordenó el pago en un plazo de cinco días, es decir hasta este viernes si cuentan solo los días laborales, hasta tanto no exista un nuevo estudio.
Sin visos de solución al conflicto por Incahuasi y con un masivo bloqueo de carreteras, Chuquisaca ingresó en su cuarto día de movilizaciones para paralizar ese desembolso y esperar los resultados del nuevo informe que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encara de manera urgente. Aseguran que el campo gasífero es compartido.
El ministro Romero lamentó las consecuencias de las medidas de presión que autoridades y cívicos chuquisaqueños alientan también para frenar una reciente ley de límites que consideran abrió la ruta para el fallo del juez de Garantías, quien luego fue denunciado por el Ejecutivo.
El Gobierno ratificó que la normativa no toca el campo gasífero y que el estudio técnico que definirá si el campo es o no compartido se entregará “en dos semanas”, según reveló Romero a la radioemisora Patria Nueva.
Esa posibilidad puso en alerta a las autoridades de Santa Cruz que alistan una cita de alto nivel en medio de una declaratoria de emergencia si los recursos económicos que consideran suyos no llegan a sus arcas.
A juicio de Romero, “el bloqueo no va cambiar la ubicación de un campo, eso está claro. Los que creen eso le están mintiendo a su pueblo y el que le miente a su pueblo no merece ninguna consideración. Lo más sagrado es el pueblo y hay que decirle la verdad”.
Rada, por su lado, enfatizó que la “bolivianidad” está constituida por todos los habitantes del país y “por lo tanto la actitud del Gobierno es de igual respeto hacia todos los departamentos”.
Descartó, en ese marco, que existan “divisiones internas” en el Ejecutivo en torno a esta problemática y, por el contrario, dijo que “no hay ningún tipo de diferencias como se está tratando de especular”.
A solo horas del cumplimiento del plazo para para que se haga efectivo el pago de las regalías del campo Incahuasi a Santa Cruz ordenado por un juez y en medio de las protestas de Chuquisaca, el Gobierno nacional apuntaló este jueves su postura y remarcó que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que las congeló está vigente y debe cumplirse. Además, desveló que el nuevo estudio técnico se conocerá en dos semanas.
Así lo ratificó el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en una declaración de prensa emitida la tarde este jueves en Palacio Quemado. Una postura similar había exteriorizado su colega de Gobierno, Carlos Romero, pero en Santa Cruz el miércoles por la noche.
“La posición unánime del Gobierno es que la sentencia constitucional emitida por el TCP debe cumplirse y esa sentencia indica debe efectuarse un proceso de delimitación que ya está efectuado y debe realizarse por parte de YPFB un nuevo estudio que también tenemos información de que estuviera en curso”, indicó Rada.
Incahuasi pondrá a producir nuevo pozo, tiene otro con potencial y ampliará su planta
La sentencia constitucional 1160/2017-S2 del 17 de diciembre del año frenó la entrega a los cruceños de esos recursos hace unos seis meses, pero la semana pasada el juez Alberto Guzmán, a pedido de Santa Cruz, determinó descongelarlos y ordenó el pago en un plazo de cinco días, es decir hasta este viernes si cuentan solo los días laborales, hasta tanto no exista un nuevo estudio.
Sin visos de solución al conflicto por Incahuasi y con un masivo bloqueo de carreteras, Chuquisaca ingresó en su cuarto día de movilizaciones para paralizar ese desembolso y esperar los resultados del nuevo informe que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encara de manera urgente. Aseguran que el campo gasífero es compartido.
El ministro Romero lamentó las consecuencias de las medidas de presión que autoridades y cívicos chuquisaqueños alientan también para frenar una reciente ley de límites que consideran abrió la ruta para el fallo del juez de Garantías, quien luego fue denunciado por el Ejecutivo.
El Gobierno ratificó que la normativa no toca el campo gasífero y que el estudio técnico que definirá si el campo es o no compartido se entregará “en dos semanas”, según reveló Romero a la radioemisora Patria Nueva.
Esa posibilidad puso en alerta a las autoridades de Santa Cruz que alistan una cita de alto nivel en medio de una declaratoria de emergencia si los recursos económicos que consideran suyos no llegan a sus arcas.
A juicio de Romero, “el bloqueo no va cambiar la ubicación de un campo, eso está claro. Los que creen eso le están mintiendo a su pueblo y el que le miente a su pueblo no merece ninguna consideración. Lo más sagrado es el pueblo y hay que decirle la verdad”.
Rada, por su lado, enfatizó que la “bolivianidad” está constituida por todos los habitantes del país y “por lo tanto la actitud del Gobierno es de igual respeto hacia todos los departamentos”.
Descartó, en ese marco, que existan “divisiones internas” en el Ejecutivo en torno a esta problemática y, por el contrario, dijo que “no hay ningún tipo de diferencias como se está tratando de especular”.
