Estados Unidos restringe la compra de deuda pública venezolana
Washington impone nuevas sanciones tras la “farsa” electoral de Maduro
Joan Faus
Washington, El País
Estados Unidos estrecha su cerco al Gobierno de Nicolás Maduro al día siguiente de las elecciones venezolanas, que considera una “farsa”. El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto que restringe la capacidad de ciudadanos estadounidenses de comprar deuda pública venezolana, incluida la de la compañía petrolera estatal Pdvsa. Washington busca dificultar los intentos de Caracas de liquidar su deuda o utilizarla como colateral a cambio de recibir dinero en efectivo y de ese modo tratar de sortear la debacle financiera, democrática y humanitaria en el país.
"Este dinero corresponde a los venezolanos", clamó Trump en un comunicado. "Llamamos al régimen de Maduro a restaurar la democracia, celebrar elecciones libres y justas, liberar a todos los presos políticos inmediatamente e incondicionalmente, y acabar con la represión y depravación económica del pueblo venezolano".
Maduro se impuso el domingo en las elecciones presidenciales, boicoteadas por la oposición, con una abstención récord y plagadas de denuncias de irregularidades. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, advirtió de que los comicios “no fueron ni libres ni justos” y de la “brutal opresión” de Maduro. “Estados Unidos no se quedará sentado mientras Venezuela se desmorona y continúa la miseria de su población valiente. América está en contra de la dictadura y con el pueblo de Venezuela”, avisó Pence en un comunicado.
El decreto, que entró en vigor inmediatamente, prohíbe a ciudadanos estadounidenses la compra de cualquier deuda al Gobierno venezolano, también del pasivo que Caracas ponga como colateral en transacciones financieras, incluidas las de empresas controladas en más del 50% por el Ejecutivo venezolano, como Pdvsa.
“La orden ejecutiva cierra otra vía de corrupción que hemos visto que se ha utilizado. Niega a los oficiales corruptos venezolanos la capacidad de valorar y vender inapropiadamente activos públicos a cambio de retornos”, explicó una fuente del Gobierno de Trump en una conferencia telefónica con periodistas.
Las penalizaciones financieras, que inciden en las adoptadas en marzo y agosto pasados, afectan a la deuda relacionada con el sector petrolero, el único sustento de la paupérrima economía venezolana. Pero no se impone ninguna prohibición a la compraventa de crudo entre Estados Unidos y Venezuela, que, pese a la tensión diplomática, mantienen un estrecho comercio en ese sector.
Las fuentes estadounidenses explicaron que Trump sigue considerando todas las “herramientas potenciales” para resolver la crisis venezolana, pero subrayó que se han tomado medidas “proporcionadas” teniendo en cuenta el “absoluto sufrimiento económico y humano” en el país caribeño.
Por otra parte, las mismas fuentes explicaron que EE UU ha instado a China y Rusia a cortar su relación económica con el régimen venezolano. Washington ha insistido a ambos países que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, es la “única entidad autorizada legalmente” a permitir nuevas emisiones de deuda pública.
Washington, El País
Estados Unidos estrecha su cerco al Gobierno de Nicolás Maduro al día siguiente de las elecciones venezolanas, que considera una “farsa”. El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto que restringe la capacidad de ciudadanos estadounidenses de comprar deuda pública venezolana, incluida la de la compañía petrolera estatal Pdvsa. Washington busca dificultar los intentos de Caracas de liquidar su deuda o utilizarla como colateral a cambio de recibir dinero en efectivo y de ese modo tratar de sortear la debacle financiera, democrática y humanitaria en el país.
"Este dinero corresponde a los venezolanos", clamó Trump en un comunicado. "Llamamos al régimen de Maduro a restaurar la democracia, celebrar elecciones libres y justas, liberar a todos los presos políticos inmediatamente e incondicionalmente, y acabar con la represión y depravación económica del pueblo venezolano".
Maduro se impuso el domingo en las elecciones presidenciales, boicoteadas por la oposición, con una abstención récord y plagadas de denuncias de irregularidades. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, advirtió de que los comicios “no fueron ni libres ni justos” y de la “brutal opresión” de Maduro. “Estados Unidos no se quedará sentado mientras Venezuela se desmorona y continúa la miseria de su población valiente. América está en contra de la dictadura y con el pueblo de Venezuela”, avisó Pence en un comunicado.
El decreto, que entró en vigor inmediatamente, prohíbe a ciudadanos estadounidenses la compra de cualquier deuda al Gobierno venezolano, también del pasivo que Caracas ponga como colateral en transacciones financieras, incluidas las de empresas controladas en más del 50% por el Ejecutivo venezolano, como Pdvsa.
“La orden ejecutiva cierra otra vía de corrupción que hemos visto que se ha utilizado. Niega a los oficiales corruptos venezolanos la capacidad de valorar y vender inapropiadamente activos públicos a cambio de retornos”, explicó una fuente del Gobierno de Trump en una conferencia telefónica con periodistas.
Las penalizaciones financieras, que inciden en las adoptadas en marzo y agosto pasados, afectan a la deuda relacionada con el sector petrolero, el único sustento de la paupérrima economía venezolana. Pero no se impone ninguna prohibición a la compraventa de crudo entre Estados Unidos y Venezuela, que, pese a la tensión diplomática, mantienen un estrecho comercio en ese sector.
Las fuentes estadounidenses explicaron que Trump sigue considerando todas las “herramientas potenciales” para resolver la crisis venezolana, pero subrayó que se han tomado medidas “proporcionadas” teniendo en cuenta el “absoluto sufrimiento económico y humano” en el país caribeño.
Por otra parte, las mismas fuentes explicaron que EE UU ha instado a China y Rusia a cortar su relación económica con el régimen venezolano. Washington ha insistido a ambos países que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, es la “única entidad autorizada legalmente” a permitir nuevas emisiones de deuda pública.
