Empresarios dan ultimátum al Gobierno para revisar el doble aguinaldo y abrogar Ley de Empresas
Los privados demandaron al Gobierno en un manifiesto “un espacio de debate y análisis sobre el pago del segundo aguinaldo puesto que es inviable su pago” y la abrogación de la Ley de Empresas Sociales que, aseguran, atenta contra la propiedad privada.
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
Con la vigencia del estado de emergencia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) determinó este martes dar un ultimátum al Gobierno del presidente Evo Morales para abrogar la Ley de Empresas Sociales y definir los asuntos pendientes del sector como la revisión del doble aguinaldo que, aseguran, es imposible de pagar.
“Es tiempo de un diálogo claro y sincero para alcanzar un acuerdo nacional con el Gobierno. El país requiere respuestas concretas en el plazo más corto posible frente a un contexto cada vez más adverso”, remarcó la institución en un manifiesto que fue leído por su presidente, Ronald Nostas.
También, han demandado, en el punto ocho del decálogo, “un espacio de debate y análisis sobre el pago del segundo aguinaldo puesto que es inviable su pago en el contexto actual”.
Asimismo, exhortaron ajustar el modelo hacia uno "inclusivo” para que sus afiliados y la sociedad civil sean parte de las decisiones para generar un mayor bienestar.
“Exigimos un diálogo con resultado continuo y acotado en plazos, no podemos dilatar soluciones que son urgentes pues enfrentamos problemas estructurales y de coyuntura que proyectan sombra sobre el futuro del aparato productivo del país y el bienestar de la población boliviana”, leyó Nostas.
Los privados han criticado en su manifiesto que “lamentablemente, como vimos hoy en nuestro análisis, no se han tomado en cuenta nuestras propuestas de solución, los problemas que nos impiden avanzar no están resueltos y a pesar de que hubo un compromiso al más alto nivel del Estado, no se lograron resultados”.
Más temprano y durante la inauguración del evento, Nostas ya había trazado la línea de los reclamos y aseguró que si bien fueron escuchados por el Gobierno, no fueron atendidos en sus urgentes demandas para evitar el colapso del sector.
Esto como consecuencia de medidas arriesgadas como los incrementos salariales “divorciados de la realidad microeconómica” y que no fueron consensuados con el sector, además del pago del doble aguinaldo reciente anunciados por el Gobierno.
La CEPB criticó la promulgación de la Ley de Empresas Sociales que en la tarde se transformó en la exigencia, en el punto tercero del documento, de “la abrogación” de la norma por, aseguraron, “atentar contra los derechos constitucionales y ser un mecanismos arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros”.
Demandaron, en ese marco, el “respeto” a la propiedad privada, libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales. No obstante, el sector presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para revertir la vigencia de la norma.
Ese paquete de medidas gubernamentales anunciadas en el marco de las celebraciones del Día del Trabajador, el Primero de Mayo, los obligó precisamente a declararse en emergencia, un estado que persistirá en tanto sus demandas no sean atendidas, remarcó Nostas.
Más temprano, el empresario había desvelado de forma sorpresiva la presentación de un recurso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno por el incumplimiento de compromisos internacionales sobre la definición del salario.
Este extremo fue cuestionado por el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien le recordó al líder de los privados que “hace más de una década que los incrementos salariales se los define entre el Ejecutivo y los trabajadores representados por la Central Obrera Boliviana (COB).
“Por lo tanto no es una excepción a la regla”, sino, sostuvo, que ese mecanismo se aplica desde 2006, cuando asumió la presidencia el presidente Morales sin ningún reclamo.
“Son acuerdos salariales que se los ha manejado con responsabilidad, velando por la estabilidad económica y por el crecimiento económico”, destacó Rada en una declaración de prensa.
A decir de la CEPB, prevalece en Bolivia una “visión corporativista” que promueve solo la atención de las demandas de los “grupos que ejercen presión” bajo una lógica de “beneficio coyuntural” que, advirtieron, puede traducirse en un golpe del sector productivo.
Con la vigencia del estado de emergencia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) determinó este martes dar un ultimátum al Gobierno del presidente Evo Morales para abrogar la Ley de Empresas Sociales y definir los asuntos pendientes del sector como la revisión del doble aguinaldo que, aseguran, es imposible de pagar.
“Es tiempo de un diálogo claro y sincero para alcanzar un acuerdo nacional con el Gobierno. El país requiere respuestas concretas en el plazo más corto posible frente a un contexto cada vez más adverso”, remarcó la institución en un manifiesto que fue leído por su presidente, Ronald Nostas.
También, han demandado, en el punto ocho del decálogo, “un espacio de debate y análisis sobre el pago del segundo aguinaldo puesto que es inviable su pago en el contexto actual”.
Asimismo, exhortaron ajustar el modelo hacia uno "inclusivo” para que sus afiliados y la sociedad civil sean parte de las decisiones para generar un mayor bienestar.
“Exigimos un diálogo con resultado continuo y acotado en plazos, no podemos dilatar soluciones que son urgentes pues enfrentamos problemas estructurales y de coyuntura que proyectan sombra sobre el futuro del aparato productivo del país y el bienestar de la población boliviana”, leyó Nostas.
Los privados han criticado en su manifiesto que “lamentablemente, como vimos hoy en nuestro análisis, no se han tomado en cuenta nuestras propuestas de solución, los problemas que nos impiden avanzar no están resueltos y a pesar de que hubo un compromiso al más alto nivel del Estado, no se lograron resultados”.
Más temprano y durante la inauguración del evento, Nostas ya había trazado la línea de los reclamos y aseguró que si bien fueron escuchados por el Gobierno, no fueron atendidos en sus urgentes demandas para evitar el colapso del sector.
Esto como consecuencia de medidas arriesgadas como los incrementos salariales “divorciados de la realidad microeconómica” y que no fueron consensuados con el sector, además del pago del doble aguinaldo reciente anunciados por el Gobierno.
La CEPB criticó la promulgación de la Ley de Empresas Sociales que en la tarde se transformó en la exigencia, en el punto tercero del documento, de “la abrogación” de la norma por, aseguraron, “atentar contra los derechos constitucionales y ser un mecanismos arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros”.
Demandaron, en ese marco, el “respeto” a la propiedad privada, libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales. No obstante, el sector presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para revertir la vigencia de la norma.
Ese paquete de medidas gubernamentales anunciadas en el marco de las celebraciones del Día del Trabajador, el Primero de Mayo, los obligó precisamente a declararse en emergencia, un estado que persistirá en tanto sus demandas no sean atendidas, remarcó Nostas.
Más temprano, el empresario había desvelado de forma sorpresiva la presentación de un recurso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno por el incumplimiento de compromisos internacionales sobre la definición del salario.
Este extremo fue cuestionado por el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien le recordó al líder de los privados que “hace más de una década que los incrementos salariales se los define entre el Ejecutivo y los trabajadores representados por la Central Obrera Boliviana (COB).
“Por lo tanto no es una excepción a la regla”, sino, sostuvo, que ese mecanismo se aplica desde 2006, cuando asumió la presidencia el presidente Morales sin ningún reclamo.
“Son acuerdos salariales que se los ha manejado con responsabilidad, velando por la estabilidad económica y por el crecimiento económico”, destacó Rada en una declaración de prensa.
A decir de la CEPB, prevalece en Bolivia una “visión corporativista” que promueve solo la atención de las demandas de los “grupos que ejercen presión” bajo una lógica de “beneficio coyuntural” que, advirtieron, puede traducirse en un golpe del sector productivo.
