Un expresidente de Bolivia trata de evitar en EE UU una condena por ejecuciones extrajudiciales
El veredicto del jurado halla a Gonzalo Sánchez de Lozada responsable de una matanza de indígenas en 2003 y pide que él y su exministro de Defensa indemnicen con 10 millones de dólares a los familiares de las víctimas
Pablo de Llano
Miami, El País
A sus 87 años, Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamante, presidente de Bolivia entre 1993 y 1997 y entre 2002 y 2003, se ha visto obligado a sentarse ante un tribunal federal de Florida para afrontar su supuesta responsabilidad por la llamada Masacre de Octubre de 2003: "Teníamos una situación muy difícil en el campo", dijo durante su testimonio. Sin embargo, los diez miembros del jurado –estadounidenses que desconocían el caso hasta antes de formar parte del juicio– emitieron el martes su veredicto: culpable de ejecuciones extrajudiciales durante la represión militar de las protestas campesinas. Piden, además, que el expresidente y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, de 58 años, indemnicen con diez millones de dólares a los nueve familiares –de ocho de las víctimas, indígenas aimara– que presentaron la demanda civil ante la justicia de Estados Unidos.
El caso está visto para sentencia, pero no se espera que el juez la emita hasta mayo, pues la defensa de Sánchez de Lozada –apodado Goni– aún va a dar batalla. Este viernes sus abogados emitieron un comunicado en el que afirman que esperan que se anule el veredicto, que consideran incongruente. "Creemos que la evidencia presentada es insuficiente", ha dicho el abogado Stephen Raber. Estiman que el jurado se contradice en su veredicto, porque determina que el expresidente y su exministro son responsables, pero no que las muertes de las que se les responsabiliza hayan sido "causadas de forma deliberada o intencionalmente". El día del veredicto los abogados de Sánchez de Lozada ya hicieron esa objeción pero el juez, James Cohn, respondió que no veía "irreconciliable" el responsabilizar de los sucedido a los mandatarios sin ser acusados a la vez de homicidio culposo. En las próximas semanas demandados y demandantes presentarán informes adicionales y, con base en el veredicto y en estos nuevos documentos, el magistrado tomará la decisión final.
58 personas murieron y centenares resultaron heridas en El Alto (Bolivia) el 17 de octubre de 2003 en el contexto de la llamada Guerra del Gas, que sacudió al país sudamericano en el último trimestre de aquel año. Sánchez de Lozada, un magnate minero educado en Estados Unidos y partidario de la economía de libre mercado, tenía como propósito de gobierno liberalizar el mercado del gas, impulsar la entrada de inversión privada y exportar gas a Estados Unidos a través de puertos de Chile. La movilización campesina contra este proyecto derivó en semanas de intensos disturbios, con cortes de carreteras y de suministros, que provocaron estallidos de violencia y acabaron forzando a Sánchez de Lozada a dejar la presidencia e irse a Estados Unidos. Familiares de ocho de los fallecidos del 17 de octubre presentaron hace una década en Estados Unidos la demanda que ahora se dirime, acusándolo de "matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos".
La ley estadounidense permite que se presenten demandas civiles en casos de violaciones de derechos humanos aunque ni los demandados ni los demandantes sean de Estados Unidos. Los familiares de los bolivianos fallecidos se trasladaron desde Bolivia a Estados Unidos para testificar en el juicio en un tribunal federal de Fort Lauderdale (Sur de Florida). Tuvieron representación legal de la ONG Centro por los derechos constitucionales (CCR), la Harvard Law School y varios bufetes privados. El CCR afirmó en un comunicado que el caso de Sánchez de Lozada es el primer juicio en Estados Unidos a un exjefe de Estado por violaciones de los derechos humanos.
Familiares de ocho de los bolivianos fallecidos en octubre de 2003, en el exterior del tribunal de Fort Lauderdale, Florida ampliar foto
Familiares de ocho de los bolivianos fallecidos en octubre de 2003, en el exterior del tribunal de Fort Lauderdale, Florida EFE
Thomas Becker, abogado de la Harvard Law School, dijo a la agencia AFP el martes que el veredicto "envió un mensaje a todo el mundo: ya no puedes escapar de la justicia".
El conflicto del gas de 2003 fue una lanzadera política para Evo Morales, aymara que ganó mucho protagonismo en aquella coyuntura como líder opositor y que en 2006 llegó a la presidencia. Morales celebró en Twitter el veredicto contra el expresidente y el exministro de Defensa: "Mi respeto y admiración a los familiares de las víctimas de Octubre de 2003, por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una decisión judicial que nos acerca cada vez más a la justicia".
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzáin viven exiliados en Estados Unidos desde después de aquel octubre negro y el Gobierno de Bolivia ha solicitado su extradición, pero las nulas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Bolivia –sin sus respectivas embajadas desde 2008– han hecho imposible que la petición avanzase. Aquella masacre persigue ya anciano a Sánchez de Lozada, quien aquel día 17, en medio del caos y las enormes tensiones del conficto social que lo engulló, llegó a pedir un arma a su edecán para suicidarse. Pero no lo hizo. Lo pensó mejor y voló a Estados Unidos.
Miami, El País
A sus 87 años, Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamante, presidente de Bolivia entre 1993 y 1997 y entre 2002 y 2003, se ha visto obligado a sentarse ante un tribunal federal de Florida para afrontar su supuesta responsabilidad por la llamada Masacre de Octubre de 2003: "Teníamos una situación muy difícil en el campo", dijo durante su testimonio. Sin embargo, los diez miembros del jurado –estadounidenses que desconocían el caso hasta antes de formar parte del juicio– emitieron el martes su veredicto: culpable de ejecuciones extrajudiciales durante la represión militar de las protestas campesinas. Piden, además, que el expresidente y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, de 58 años, indemnicen con diez millones de dólares a los nueve familiares –de ocho de las víctimas, indígenas aimara– que presentaron la demanda civil ante la justicia de Estados Unidos.
El caso está visto para sentencia, pero no se espera que el juez la emita hasta mayo, pues la defensa de Sánchez de Lozada –apodado Goni– aún va a dar batalla. Este viernes sus abogados emitieron un comunicado en el que afirman que esperan que se anule el veredicto, que consideran incongruente. "Creemos que la evidencia presentada es insuficiente", ha dicho el abogado Stephen Raber. Estiman que el jurado se contradice en su veredicto, porque determina que el expresidente y su exministro son responsables, pero no que las muertes de las que se les responsabiliza hayan sido "causadas de forma deliberada o intencionalmente". El día del veredicto los abogados de Sánchez de Lozada ya hicieron esa objeción pero el juez, James Cohn, respondió que no veía "irreconciliable" el responsabilizar de los sucedido a los mandatarios sin ser acusados a la vez de homicidio culposo. En las próximas semanas demandados y demandantes presentarán informes adicionales y, con base en el veredicto y en estos nuevos documentos, el magistrado tomará la decisión final.
58 personas murieron y centenares resultaron heridas en El Alto (Bolivia) el 17 de octubre de 2003 en el contexto de la llamada Guerra del Gas, que sacudió al país sudamericano en el último trimestre de aquel año. Sánchez de Lozada, un magnate minero educado en Estados Unidos y partidario de la economía de libre mercado, tenía como propósito de gobierno liberalizar el mercado del gas, impulsar la entrada de inversión privada y exportar gas a Estados Unidos a través de puertos de Chile. La movilización campesina contra este proyecto derivó en semanas de intensos disturbios, con cortes de carreteras y de suministros, que provocaron estallidos de violencia y acabaron forzando a Sánchez de Lozada a dejar la presidencia e irse a Estados Unidos. Familiares de ocho de los fallecidos del 17 de octubre presentaron hace una década en Estados Unidos la demanda que ahora se dirime, acusándolo de "matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos".
La ley estadounidense permite que se presenten demandas civiles en casos de violaciones de derechos humanos aunque ni los demandados ni los demandantes sean de Estados Unidos. Los familiares de los bolivianos fallecidos se trasladaron desde Bolivia a Estados Unidos para testificar en el juicio en un tribunal federal de Fort Lauderdale (Sur de Florida). Tuvieron representación legal de la ONG Centro por los derechos constitucionales (CCR), la Harvard Law School y varios bufetes privados. El CCR afirmó en un comunicado que el caso de Sánchez de Lozada es el primer juicio en Estados Unidos a un exjefe de Estado por violaciones de los derechos humanos.
Familiares de ocho de los bolivianos fallecidos en octubre de 2003, en el exterior del tribunal de Fort Lauderdale, Florida ampliar foto
Familiares de ocho de los bolivianos fallecidos en octubre de 2003, en el exterior del tribunal de Fort Lauderdale, Florida EFE
Thomas Becker, abogado de la Harvard Law School, dijo a la agencia AFP el martes que el veredicto "envió un mensaje a todo el mundo: ya no puedes escapar de la justicia".
El conflicto del gas de 2003 fue una lanzadera política para Evo Morales, aymara que ganó mucho protagonismo en aquella coyuntura como líder opositor y que en 2006 llegó a la presidencia. Morales celebró en Twitter el veredicto contra el expresidente y el exministro de Defensa: "Mi respeto y admiración a los familiares de las víctimas de Octubre de 2003, por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una decisión judicial que nos acerca cada vez más a la justicia".
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzáin viven exiliados en Estados Unidos desde después de aquel octubre negro y el Gobierno de Bolivia ha solicitado su extradición, pero las nulas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Bolivia –sin sus respectivas embajadas desde 2008– han hecho imposible que la petición avanzase. Aquella masacre persigue ya anciano a Sánchez de Lozada, quien aquel día 17, en medio del caos y las enormes tensiones del conficto social que lo engulló, llegó a pedir un arma a su edecán para suicidarse. Pero no lo hizo. Lo pensó mejor y voló a Estados Unidos.
