India toma conciencia: las denuncias de crímenes contra menores se disparan un 500% en 10 años
El desbordamiento del sistema judicial y la falta de inversión impiden la aplicación de la ley
Ángel L. Martínez Cantera
Bombay, El País
Los crímenes infantiles conmocionan India con indeseable frecuencia y ensañamiento. El último y más flagrante, la violación y asesinato de una menor en Cachemira sacudió el país esta semana. Cuando no son violaciones, son secuestros o incestos; las denuncias han aumentado un 11% con respecto al año anterior. Y a más barbarie criminal, más barbaridades de los políticos; movidos por el electoralismo o la ignorancia. Así, la ministra de Mujer y Desarrollo de la Infancia anunciaba su intención de endurecer la ley del menor con penas de muerte. Mientras que un diputado local recomendó abandonar “la idea occidental del noviazgo” para proteger a las indias. Los expertos, en cambio, subrayan la necesidad de más educación sexual y mejor aplicación de la normativa existente para reforzar la creciente sensibilización social ante esta lacra.
Según el último informe de la Oficina Nacional de Registro Criminal (NCBR, en sus siglas en inglés), la violencia contra menores aumentó en 2016; concretamente 12.786 sucesos más que los 95.000 del año anterior. Los más numerosos son desapariciones y violaciones; el 48,9% y el 18% del total, respectivamente. Las cifras, además, indican un aumento del 500% en las denuncias de estos delitos desde la pasada década.
“India se esfuerza por atajar la violencia infantil. Aprueba leyes decisivas y la sociedad se ha concienciado de la gravedad del problema”, explica Javier Aguilar, responsable de protección del menor de UNICEF; quien subraya el papel catalizador de la violación múltiple de una joven en 2012. “Ahora se denuncia más. Por ejemplo, hace diez años, el registro criminal apenas contaba 300 matrimonios infantiles, aunque las encuestas anuales de los servicios de salud estimaban 1,5 millones de casos”. Esta agencia de la ONU sitúa a India como el tercer país del mundo con más homicidios infantiles.
“La urbanización y los movimientos migratorios aumentan la vulnerabilidad de los niños”, apunta Komal Ganotra, directora de investigación en Child Rights and You (CRY), organización nacional con décadas de experiencia en la defensa del menor. La falta de oportunidades en la India rural hace que áreas empobrecidas, superpobladas y fronterizas como Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Bengal Occidental encabecen la lista de regiones con más crímenes. También el desamparo infantil y las migraciones convierten a “Delhi, y otros Estados, en un potencial mercado para la adquisición y explotación de niños”, añade en referencia a la capital; que completa – junto a Maharashtra – los 5 Estados con más denuncias de violencia infantil de India.
Bombay, capital de Maharashtra, es paradigma de la lucha contra el crimen. El centro financiero de India acoge a más de 22 millones de habitantes – muchos migrantes; de los que el 42% viven en la marginalidad de los slums. Pero sus cifras la avalan como una de las ciudades con mejor aplicación de la ley. En Bombay, el índice de condenas por crímenes contra menores es del 62%; muy por encima del escaso 22% de Delhi. “Nuestra policía registra las denuncias por desaparición como casos de secuestro o tráfico tras las primeras 72 horas, para acelerar la búsqueda en esos momentos cruciales”, ejemplifica Praveen S. Ghuge, presidente de la Comisión Estatal para la Protección de los Derechos del Menor en Maharashtra.
La nueva legislación también ha contribuido al aumento de las denuncias; como la Ley de Atención del Menor de 2015 o la Ley de Protección de Menores ante Delitos Sexuales (POCSO) de 2012. Esta última, por ejemplo, obliga a la denuncia de crímenes sexuales; lo que supone que todo agente que no registre dichas agresiones se enfrenta a una pena criminal.
Sin embargo, un reciente análisis de la efectividad de la POCSO también subraya las lagunas. Esclarece, por ejemplo, por qué la mayoría de secuestros registran como víctimas a mujeres de 16 a 18 años. A menudo, dicen los expertos, las chicas se fugan con sus parejas porque no tienen la aprobación de sus familias; que los denuncian para limpiar su imagen. “Hay que reducir la edad de consentimiento. Penalizar la actividad sexual de un menor de 18 es nocivo en una sociedad dividida en castas y religiones, que considera las relaciones amorosas como manchas en el honor familiar”, argumenta Bharti Ali, fundadora del Centro por los Derechos del Menor HAQ. Esto explica los casos de Uttar Pradesh o Madhya Pradesh; Estados empobrecidos y patriarcales, donde la elevada presencia de castas bajas y tribales hace que los padres denuncien como secuestros lo que son relaciones consentidas entre miembros de diferentes comunidades.
Educación y protección para paliar las lagunas de la legislación
En un país vasto y desigual como India, los retrasos en las investigaciones policiales y el desbordamiento del sistema judicial obstaculizan la aplicación de la ley. En 2016, solo 226 denuncias fueron resueltas (quedando 101.326 pendientes de juicio), a pesar de que la mencionada ley POCSO tenía como misión resolver los casos en menos de un año después de la denuncia. “Existe un presupuesto especial. ¿Cómo se van a crear los juzgados aptos para menores si no hay inversión económica?”, se queja Bharti Ali. La falta de juzgados especiales para crímenes contra menores discapacitadas, convierte a estos casos en dramas insalvables como denuncia un estudio de Human Rights Watch (HRW).
A las carencias en inversión, se unen la falta de autoridades conocedoras de la nueva legislación; incluidos policías o juristas. Así lo reconoce el abogado Anant K. Asthana, quien subraya otros aspectos desfavorables de la ley. “Algunas víctimas no denuncian porque entienden que tenían que haberlo hecho antes; ya que no informar de estos casos también se considera una ofensa”, razona este defensor del menor de Delhi, el territorio de India que más crímenes de este tipo registra en relación a su población.
Anant K. Asthana también explica el elevado número de juicios que terminan con la absolución o la libertad bajo fianza, más del 70% de los procesos registrados en la capital. “La ley POCSO impone castigos mínimos obligatorios; razón principal del sobreseimiento de muchos casos”. Esta medida es contraproducente en un país en que muchos de los responsables de las agresiones sexuales son miembros de la propia familia; como ocurrió en la violación de un bebé de ocho meses por parte de su primo en Delhi, a principios de año. “Los castigos mínimos obligatorios no tienen sentido en estos casos. Incapacitados para ejercer la ley bajo su discreción e imponer penas menores, los jueces tienden a prolongar la custodia judicial del procesado hasta su puesta en libertad. La situación empeora en los juicios por incesto, porque las familias dependen económicamente del acusado y los jueces evitan sentencias mayores”, detalla Bharti Ali.
Los expertos sostienen que la mayor protección y compensación del menor solucionaría muchas deficiencias legales. “Demasiadas familias cambian de vivienda por el miedo al culpable o por humillaciones”, describe Komal Ganotra, que insiste en este aspecto para que se puedan afrontar los costes psicológicos y económicos de los juicios. Javier Aguilar coincide plenamente y añade el papel no menos importante de la educación: “No se puede acabar con las agresiones sexuales sin hablar de sexualidad. La educación sexual es un tabú en India, pero es imprescindible para proteger a las menores y para educar a los chicos”.
Más allá de las normas punitivas, se advierte la necesidad imperiosa de reforzar la atención infantil de una población desprotegida ante factores geográficos y socioeconómicos cambiantes. “La noción común es que 'el mundo exterior es inseguro'. Pero la vulnerabilidad empieza en el seno de la familia y en su entorno más cercano”, resume Ganotra. En más del 90% de los casos registrados, los menores conocen a los criminales.
Bombay, El País
Los crímenes infantiles conmocionan India con indeseable frecuencia y ensañamiento. El último y más flagrante, la violación y asesinato de una menor en Cachemira sacudió el país esta semana. Cuando no son violaciones, son secuestros o incestos; las denuncias han aumentado un 11% con respecto al año anterior. Y a más barbarie criminal, más barbaridades de los políticos; movidos por el electoralismo o la ignorancia. Así, la ministra de Mujer y Desarrollo de la Infancia anunciaba su intención de endurecer la ley del menor con penas de muerte. Mientras que un diputado local recomendó abandonar “la idea occidental del noviazgo” para proteger a las indias. Los expertos, en cambio, subrayan la necesidad de más educación sexual y mejor aplicación de la normativa existente para reforzar la creciente sensibilización social ante esta lacra.
Según el último informe de la Oficina Nacional de Registro Criminal (NCBR, en sus siglas en inglés), la violencia contra menores aumentó en 2016; concretamente 12.786 sucesos más que los 95.000 del año anterior. Los más numerosos son desapariciones y violaciones; el 48,9% y el 18% del total, respectivamente. Las cifras, además, indican un aumento del 500% en las denuncias de estos delitos desde la pasada década.
“India se esfuerza por atajar la violencia infantil. Aprueba leyes decisivas y la sociedad se ha concienciado de la gravedad del problema”, explica Javier Aguilar, responsable de protección del menor de UNICEF; quien subraya el papel catalizador de la violación múltiple de una joven en 2012. “Ahora se denuncia más. Por ejemplo, hace diez años, el registro criminal apenas contaba 300 matrimonios infantiles, aunque las encuestas anuales de los servicios de salud estimaban 1,5 millones de casos”. Esta agencia de la ONU sitúa a India como el tercer país del mundo con más homicidios infantiles.
“La urbanización y los movimientos migratorios aumentan la vulnerabilidad de los niños”, apunta Komal Ganotra, directora de investigación en Child Rights and You (CRY), organización nacional con décadas de experiencia en la defensa del menor. La falta de oportunidades en la India rural hace que áreas empobrecidas, superpobladas y fronterizas como Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Bengal Occidental encabecen la lista de regiones con más crímenes. También el desamparo infantil y las migraciones convierten a “Delhi, y otros Estados, en un potencial mercado para la adquisición y explotación de niños”, añade en referencia a la capital; que completa – junto a Maharashtra – los 5 Estados con más denuncias de violencia infantil de India.
Bombay, capital de Maharashtra, es paradigma de la lucha contra el crimen. El centro financiero de India acoge a más de 22 millones de habitantes – muchos migrantes; de los que el 42% viven en la marginalidad de los slums. Pero sus cifras la avalan como una de las ciudades con mejor aplicación de la ley. En Bombay, el índice de condenas por crímenes contra menores es del 62%; muy por encima del escaso 22% de Delhi. “Nuestra policía registra las denuncias por desaparición como casos de secuestro o tráfico tras las primeras 72 horas, para acelerar la búsqueda en esos momentos cruciales”, ejemplifica Praveen S. Ghuge, presidente de la Comisión Estatal para la Protección de los Derechos del Menor en Maharashtra.
La nueva legislación también ha contribuido al aumento de las denuncias; como la Ley de Atención del Menor de 2015 o la Ley de Protección de Menores ante Delitos Sexuales (POCSO) de 2012. Esta última, por ejemplo, obliga a la denuncia de crímenes sexuales; lo que supone que todo agente que no registre dichas agresiones se enfrenta a una pena criminal.
Sin embargo, un reciente análisis de la efectividad de la POCSO también subraya las lagunas. Esclarece, por ejemplo, por qué la mayoría de secuestros registran como víctimas a mujeres de 16 a 18 años. A menudo, dicen los expertos, las chicas se fugan con sus parejas porque no tienen la aprobación de sus familias; que los denuncian para limpiar su imagen. “Hay que reducir la edad de consentimiento. Penalizar la actividad sexual de un menor de 18 es nocivo en una sociedad dividida en castas y religiones, que considera las relaciones amorosas como manchas en el honor familiar”, argumenta Bharti Ali, fundadora del Centro por los Derechos del Menor HAQ. Esto explica los casos de Uttar Pradesh o Madhya Pradesh; Estados empobrecidos y patriarcales, donde la elevada presencia de castas bajas y tribales hace que los padres denuncien como secuestros lo que son relaciones consentidas entre miembros de diferentes comunidades.
Educación y protección para paliar las lagunas de la legislación
En un país vasto y desigual como India, los retrasos en las investigaciones policiales y el desbordamiento del sistema judicial obstaculizan la aplicación de la ley. En 2016, solo 226 denuncias fueron resueltas (quedando 101.326 pendientes de juicio), a pesar de que la mencionada ley POCSO tenía como misión resolver los casos en menos de un año después de la denuncia. “Existe un presupuesto especial. ¿Cómo se van a crear los juzgados aptos para menores si no hay inversión económica?”, se queja Bharti Ali. La falta de juzgados especiales para crímenes contra menores discapacitadas, convierte a estos casos en dramas insalvables como denuncia un estudio de Human Rights Watch (HRW).
A las carencias en inversión, se unen la falta de autoridades conocedoras de la nueva legislación; incluidos policías o juristas. Así lo reconoce el abogado Anant K. Asthana, quien subraya otros aspectos desfavorables de la ley. “Algunas víctimas no denuncian porque entienden que tenían que haberlo hecho antes; ya que no informar de estos casos también se considera una ofensa”, razona este defensor del menor de Delhi, el territorio de India que más crímenes de este tipo registra en relación a su población.
Anant K. Asthana también explica el elevado número de juicios que terminan con la absolución o la libertad bajo fianza, más del 70% de los procesos registrados en la capital. “La ley POCSO impone castigos mínimos obligatorios; razón principal del sobreseimiento de muchos casos”. Esta medida es contraproducente en un país en que muchos de los responsables de las agresiones sexuales son miembros de la propia familia; como ocurrió en la violación de un bebé de ocho meses por parte de su primo en Delhi, a principios de año. “Los castigos mínimos obligatorios no tienen sentido en estos casos. Incapacitados para ejercer la ley bajo su discreción e imponer penas menores, los jueces tienden a prolongar la custodia judicial del procesado hasta su puesta en libertad. La situación empeora en los juicios por incesto, porque las familias dependen económicamente del acusado y los jueces evitan sentencias mayores”, detalla Bharti Ali.
Los expertos sostienen que la mayor protección y compensación del menor solucionaría muchas deficiencias legales. “Demasiadas familias cambian de vivienda por el miedo al culpable o por humillaciones”, describe Komal Ganotra, que insiste en este aspecto para que se puedan afrontar los costes psicológicos y económicos de los juicios. Javier Aguilar coincide plenamente y añade el papel no menos importante de la educación: “No se puede acabar con las agresiones sexuales sin hablar de sexualidad. La educación sexual es un tabú en India, pero es imprescindible para proteger a las menores y para educar a los chicos”.
Más allá de las normas punitivas, se advierte la necesidad imperiosa de reforzar la atención infantil de una población desprotegida ante factores geográficos y socioeconómicos cambiantes. “La noción común es que 'el mundo exterior es inseguro'. Pero la vulnerabilidad empieza en el seno de la familia y en su entorno más cercano”, resume Ganotra. En más del 90% de los casos registrados, los menores conocen a los criminales.
