Tensa pausa en la CIJ tras los alegatos de Chile
A Bolivia le toca refutar los alegatos de Chile el lunes y éste el miércoles.
La Razón (Edición Impresa) / Carlos Antonio Carrasco / Enviado especial a La Haya / La Haya
Al término del segundo día con la abogacía chilena en el atril, quedó flotando en el ambiente la frase lanzada como cohete extraviado en el espacio por Harold Coh, en la que pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) simplemente “rechazar la demanda de Bolivia”.
No tomó en cuenta —como bien lo apuntó más tarde el agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé— que ese extremo ya fue resuelto por los jueces en ocasión de la objeción preliminar presentada por Chile.
Tres horas antes, Sam Wordsworth había iniciado su plegaria remitiéndose a la famosa nota de 22 de junio de 1950, para continuar encarando a la otra parte, escrito por escrito, que en todas las instancias posteriores se puso de todo, salvo la obligatoriedad de negociar, sea en el memorándum.
Trucco o en otros. No fue —en su criterio— sino en 1975, en Charaña, cuando los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet afirmaron en declaración conjunta la disposición de sus respectivos gobiernos de entablar aquella negociación seria, tendiente a otorgar una salida directa y soberana hacia el océano Pacífico. Con el apoyo de recortes periodísticos, testimonios cartográficos, declaraciones a la prensa y documentos oficiales extraídos de repositorios tanto bolivianos como chilenos, rebatió la postura contraria para concluir que desacuerdos internos en Bolivia impidieron seguir adelante con la gestión, que se basaba en el canje territorial.
Correspondió a la decana de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Mónica Pinto, trocar del inglés al francés para referirse a las 11 resoluciones aprobadas en sucesivas asambleas generales de la Organización de Estados Americanos (OEA), en las que se señalaba a la mediterraneidad de Bolivia como problema de preocupación hemisférica. Sin embargo, la jurista dijo que ninguna de ellas implicaba la obligación de negociar a las partes. Subrayó que en todas esas ocasiones Chile no votó o lo hizo en contra. Al acabar su recitación evocó la frase del llamado “enfoque fresco”, que entre 1986 y 1987 trataba una amplia gama de cooperación bilateral, sin que el asunto marítimo ocupara algún sitio central.
Luego, el abogado británico Ben Juratowich sorprendió al auditorio con su pausada didáctica que consistía en pronunciar sus palabras una a una, con el propósito de llegar al oído judicial clara y contundentemente. Todo para dejar sentado que de 2000 a 2011 Bolivia se olvidó del “acceso soberano” al mar y que únicamente se acordó del punto para cumplir la exigencia de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 que en su artículo 267 concedía al Gobierno un plazo de cuatro años, hasta 2013, para entablar gestiones pertinentes a la reivindicación marítima, que podrían incluir la denuncia de tratados que como el de 1904 resultaran inconvenientes a los intereses del Estado. Además de ocuparse de otros elementos informativos, lo que Juratowich quería transmitir a los jueces era que la demanda boliviana ante la Corte estaba mayormente motivada por razones “de política interna”.
Frente a la plataforma de prensa, este último concepto también fue evocado por el canciller Roberto Ampuero, que, como de costumbre, acudió a su pequeño papel ayuda memoria para evitar cualquier gaffe fatal. Continuó detectando contradicciones en la posición boliviana, pues —dijo— mientras unos insisten en la “obligación de negociar”, otros demandan concesión territorial con soberanía. El agente Claudio Grossman no requirió papel, pero la intrascendencia de sus opiniones fue tal, que no merece registrarse.
Al finalizar los alegatos chilenos, afuera del Palacio de la Paz, el agente Rodríguez Veltzé, en breve y elocuente declaración, encuadró las omisiones y exageraciones chilenas para luego rendir homenaje —en el Día del Mar— a Eduardo Abaroa y Ladislao Cabrera, que junto a bolivianos, chilenos y peruanos perdieron la vida en una Guerra del Pacífico “que nunca debió suceder”.
El final de los alegatos anticipa una tensa pausa hasta el lunes 26, cuando tocará a Bolivia refutar las últimas complementaciones chilenas. Otra vez estará frente a los estrados el presidente Evo Morales, cuyo retorno a La Haya con ese motivo es noticia en La Haya. Todo terminará el miércoles 28 con Chile en la tribuna.
Entretanto, en el seno de la CIJ se lamentó que este día la jueza americana Joan Donoghue no hubiese participado de la audiencia, por razones aún no explicadas. El juez James Crawford, quien se excusó del caso por haber sido anteriormente abogado de Chile, debe estar feliz que su ayudante Kate Parlett, australiana como él, hubiese debutado en la primera jornada como jurista contratada por la Cancillería chilena.
Al término del segundo día con la abogacía chilena en el atril, quedó flotando en el ambiente la frase lanzada como cohete extraviado en el espacio por Harold Coh, en la que pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) simplemente “rechazar la demanda de Bolivia”.
No tomó en cuenta —como bien lo apuntó más tarde el agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé— que ese extremo ya fue resuelto por los jueces en ocasión de la objeción preliminar presentada por Chile.
Tres horas antes, Sam Wordsworth había iniciado su plegaria remitiéndose a la famosa nota de 22 de junio de 1950, para continuar encarando a la otra parte, escrito por escrito, que en todas las instancias posteriores se puso de todo, salvo la obligatoriedad de negociar, sea en el memorándum.
Trucco o en otros. No fue —en su criterio— sino en 1975, en Charaña, cuando los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet afirmaron en declaración conjunta la disposición de sus respectivos gobiernos de entablar aquella negociación seria, tendiente a otorgar una salida directa y soberana hacia el océano Pacífico. Con el apoyo de recortes periodísticos, testimonios cartográficos, declaraciones a la prensa y documentos oficiales extraídos de repositorios tanto bolivianos como chilenos, rebatió la postura contraria para concluir que desacuerdos internos en Bolivia impidieron seguir adelante con la gestión, que se basaba en el canje territorial.
Correspondió a la decana de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Mónica Pinto, trocar del inglés al francés para referirse a las 11 resoluciones aprobadas en sucesivas asambleas generales de la Organización de Estados Americanos (OEA), en las que se señalaba a la mediterraneidad de Bolivia como problema de preocupación hemisférica. Sin embargo, la jurista dijo que ninguna de ellas implicaba la obligación de negociar a las partes. Subrayó que en todas esas ocasiones Chile no votó o lo hizo en contra. Al acabar su recitación evocó la frase del llamado “enfoque fresco”, que entre 1986 y 1987 trataba una amplia gama de cooperación bilateral, sin que el asunto marítimo ocupara algún sitio central.
Luego, el abogado británico Ben Juratowich sorprendió al auditorio con su pausada didáctica que consistía en pronunciar sus palabras una a una, con el propósito de llegar al oído judicial clara y contundentemente. Todo para dejar sentado que de 2000 a 2011 Bolivia se olvidó del “acceso soberano” al mar y que únicamente se acordó del punto para cumplir la exigencia de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 que en su artículo 267 concedía al Gobierno un plazo de cuatro años, hasta 2013, para entablar gestiones pertinentes a la reivindicación marítima, que podrían incluir la denuncia de tratados que como el de 1904 resultaran inconvenientes a los intereses del Estado. Además de ocuparse de otros elementos informativos, lo que Juratowich quería transmitir a los jueces era que la demanda boliviana ante la Corte estaba mayormente motivada por razones “de política interna”.
Frente a la plataforma de prensa, este último concepto también fue evocado por el canciller Roberto Ampuero, que, como de costumbre, acudió a su pequeño papel ayuda memoria para evitar cualquier gaffe fatal. Continuó detectando contradicciones en la posición boliviana, pues —dijo— mientras unos insisten en la “obligación de negociar”, otros demandan concesión territorial con soberanía. El agente Claudio Grossman no requirió papel, pero la intrascendencia de sus opiniones fue tal, que no merece registrarse.
Al finalizar los alegatos chilenos, afuera del Palacio de la Paz, el agente Rodríguez Veltzé, en breve y elocuente declaración, encuadró las omisiones y exageraciones chilenas para luego rendir homenaje —en el Día del Mar— a Eduardo Abaroa y Ladislao Cabrera, que junto a bolivianos, chilenos y peruanos perdieron la vida en una Guerra del Pacífico “que nunca debió suceder”.
El final de los alegatos anticipa una tensa pausa hasta el lunes 26, cuando tocará a Bolivia refutar las últimas complementaciones chilenas. Otra vez estará frente a los estrados el presidente Evo Morales, cuyo retorno a La Haya con ese motivo es noticia en La Haya. Todo terminará el miércoles 28 con Chile en la tribuna.
Entretanto, en el seno de la CIJ se lamentó que este día la jueza americana Joan Donoghue no hubiese participado de la audiencia, por razones aún no explicadas. El juez James Crawford, quien se excusó del caso por haber sido anteriormente abogado de Chile, debe estar feliz que su ayudante Kate Parlett, australiana como él, hubiese debutado en la primera jornada como jurista contratada por la Cancillería chilena.
