Evo Morales fue el culpable de muertes en 2003, según Sánchez de Lozada
La abogada del expresidente atribuyó la responsabilidad de los hechos, también, al exdirigente campesino Felipe Quispe, el Mallku.
EFE / Fort Lauderdale
Los abogados del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez, sometidos a juicio civil en EEUU por las muertes en las protestas de 2003, en la denominada "guerra del gas", culparon hoy de los hechos a Evo Morales y al líder aimara Felipe Quispe.
En el segundo día del juicio, la letrada Ana Reyes aseguró que "no hubo un plan (del Gobierno de Sánchez de Lozada) para matar gente" y que los responsables de estos "trágicos" hechos son Morales, líder por entonces del sindicato de cocaleros, y Quispe, dirigente aimara y antiguo miembro de un grupo indigenista armado.
El juicio con jurado abierto el lunes en un tribunal de Fort Lauderdale, a 50 kilómetros de Miami, obedece a una demanda planteada en Estados Unidos contra ambos expolíticos por familiares de ocho personas muertas durante las protestas que llevaron a la renuncia de Sánchez de Lozada y su Gobierno en octubre de 2003.
Etapa final de un proceso iniciado en 2007, el juicio se va a desarrollar a lo largo de "unas cuatro a cinco semanas", según el cálculo del juez James I. Cohn, con el fin de determinar si son responsables de esas muertes y, en tal caso, cuánto deben pagar como indemnización a los demandantes.
Reyes dijo que en octubre de 2003, durante las protestas conocidas como la "guerra del gas", La Paz afrontaba una "crisis total", en un país "inestable", con bloqueos de vías y puentes, la muerte de tres uniformados, emboscadas, escasez de suministros, comida y combustible y amenazas de saqueos.
A esto habría que sumar, según la versión de los abogados de los demandados, que como resultado de las violentas protestas murieron "transeúntes inocentes", algunos visitantes fueron bloqueados en pueblos turísticos y hubo infraestructuras destruidas con dinamita. Ante este panorama, añadió, "hacer nada no era una opción".
"El Gobierno hizo lo que tenía que hacer", en referencia a una intervención militar que se produjo en un ambiente en el que incluso Sánchez de Lozada estuvo en peligro, después de que su oficina fuera objeto de un tiroteo, lo mismo que la democracia, señaló Reyes.
Posteriores investigaciones de tres fiscales bolivianos determinaron que la fuerza militar que se utilizó en varios disturbios fue "proporcional y de forma controlada", agregó.
Reconoció que lo sucedido en Bolivia en 2003 fue "trágico", y advirtió de que durante el juicio el jurado va a escuchar testimonios de algunas víctimas, pero que los responsables de lo ocurrido no están hoy en la corte, sino que son el ahora presidente Morales y Quispe.
Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, que piden indemnizaciones al considerar que sus familiares fueron tiroteados por efectivos del Ejército, indicó que durante el juicio se escuchará lo que "realmente pasó en 2003".
"Cada una va a decir parte de esa historia, esto no es una prueba, queremos que escuchen y entiendan lo que pasó", afirmó el letrado, quien aseguró que durante el juicio mostrará que el expresidente y el exministro de Defensa fueron responsables de las muertes al autorizar la intervención militar para aplacar las protestas por todos los medios.
Los primeros llamados a testificar fueron dos indígenas, Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos, padres de Marlene Nancy Rojas, una niña de 8 años que falleció cuando una bala entró en la casa donde vivía en Warisata, en la comunidad de Cariza.
Rojas Mamani dijo que el 20 de septiembre de 2013, día de la muerte de su hija, los militares mantuvieron un tiroteo durante horas en las cuatro comunidades de Warisata, entre ellas Cariza, pese a que los indígenas asentados allí no estaban protestando y no dispararon a los militares.
EFE / Fort Lauderdale
Los abogados del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez, sometidos a juicio civil en EEUU por las muertes en las protestas de 2003, en la denominada "guerra del gas", culparon hoy de los hechos a Evo Morales y al líder aimara Felipe Quispe.
En el segundo día del juicio, la letrada Ana Reyes aseguró que "no hubo un plan (del Gobierno de Sánchez de Lozada) para matar gente" y que los responsables de estos "trágicos" hechos son Morales, líder por entonces del sindicato de cocaleros, y Quispe, dirigente aimara y antiguo miembro de un grupo indigenista armado.
El juicio con jurado abierto el lunes en un tribunal de Fort Lauderdale, a 50 kilómetros de Miami, obedece a una demanda planteada en Estados Unidos contra ambos expolíticos por familiares de ocho personas muertas durante las protestas que llevaron a la renuncia de Sánchez de Lozada y su Gobierno en octubre de 2003.
Etapa final de un proceso iniciado en 2007, el juicio se va a desarrollar a lo largo de "unas cuatro a cinco semanas", según el cálculo del juez James I. Cohn, con el fin de determinar si son responsables de esas muertes y, en tal caso, cuánto deben pagar como indemnización a los demandantes.
Reyes dijo que en octubre de 2003, durante las protestas conocidas como la "guerra del gas", La Paz afrontaba una "crisis total", en un país "inestable", con bloqueos de vías y puentes, la muerte de tres uniformados, emboscadas, escasez de suministros, comida y combustible y amenazas de saqueos.
A esto habría que sumar, según la versión de los abogados de los demandados, que como resultado de las violentas protestas murieron "transeúntes inocentes", algunos visitantes fueron bloqueados en pueblos turísticos y hubo infraestructuras destruidas con dinamita. Ante este panorama, añadió, "hacer nada no era una opción".
"El Gobierno hizo lo que tenía que hacer", en referencia a una intervención militar que se produjo en un ambiente en el que incluso Sánchez de Lozada estuvo en peligro, después de que su oficina fuera objeto de un tiroteo, lo mismo que la democracia, señaló Reyes.
Posteriores investigaciones de tres fiscales bolivianos determinaron que la fuerza militar que se utilizó en varios disturbios fue "proporcional y de forma controlada", agregó.
Reconoció que lo sucedido en Bolivia en 2003 fue "trágico", y advirtió de que durante el juicio el jurado va a escuchar testimonios de algunas víctimas, pero que los responsables de lo ocurrido no están hoy en la corte, sino que son el ahora presidente Morales y Quispe.
Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, que piden indemnizaciones al considerar que sus familiares fueron tiroteados por efectivos del Ejército, indicó que durante el juicio se escuchará lo que "realmente pasó en 2003".
"Cada una va a decir parte de esa historia, esto no es una prueba, queremos que escuchen y entiendan lo que pasó", afirmó el letrado, quien aseguró que durante el juicio mostrará que el expresidente y el exministro de Defensa fueron responsables de las muertes al autorizar la intervención militar para aplacar las protestas por todos los medios.
Los primeros llamados a testificar fueron dos indígenas, Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos, padres de Marlene Nancy Rojas, una niña de 8 años que falleció cuando una bala entró en la casa donde vivía en Warisata, en la comunidad de Cariza.
Rojas Mamani dijo que el 20 de septiembre de 2013, día de la muerte de su hija, los militares mantuvieron un tiroteo durante horas en las cuatro comunidades de Warisata, entre ellas Cariza, pese a que los indígenas asentados allí no estaban protestando y no dispararon a los militares.
