El gobierno de Donald Trump entregará nuevos documentos sobre el escándalo "Rápido y Furioso" de la era Obama
Los papeles detallan que durante la administración demócrata se permitió la venta ilegal y minorista de armas en la frontera sur con la intención de desbaratar a los grandes traficantes vinculados a los cárteles mexicanos. La operación fue un fracaso y tuvo consecuencias sangrientas
Infobae
Donald Trump y Barack Obama en la Casa Blanca (AP)
El Departamento de Justicia informó este miércoles que aceptó entregar a una comisión de investigación del Congreso documentos confidenciales de una fallida y escandalosa operación sobre el tráfico de armas realizada durante el gobierno de Barack Obama, conocida como "Rápido y Furioso", que ha sido un constante blanco de críticas por parte del Partido Republicano.
El fiscal general indicó que los archivos serán entregados al Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, de la Cámara de Representantes, ahora liderada por diputados oficialistas, lo que pone fin a una batalla legal de seis años para tratar de obtener el material.
El caso llevó a la relación bilateral entre Estados Unidos y México a uno de los peores momentos de su historia. En medio de la guerra contra el narcotráfico, la inteligencia de EEUU lanzó el operativo que consistió en introducir ilegalmente cerca de 2.000 armas al vecino país con la intención de detectar a intermediarios que vendían armamento a los cárteles a través de rastreadores, para dar con los grandes capos del crimen.
Sin embargo, EEUU perdió el rastro a buena parte del arsenal (se calcula que el 70% de las armas vendidas), que luego se utilizó en balaceras en las que murieron civiles inocentes, sicarios y oficiales tanto mexicanos como estadounidenses. Incluso, el entonces presidente Felipe Calderón aseguró que los supuestos vendedores de armas explicaban cómo desactivar los rastreadores.
El procurador norteamericano Eric Holder tuvo que renunciar a su cargo en 2012, pero siempre negó que fuera por causa del operativo. En ese año, el funcionario fue denunciado por desacato por no hacer entrega de los archivos, mientras que Barack Obama usó un privilegio ejecutivo para bloquear su publicación.
El escándalo tuvo su impulso en 2010, cuando un oficial de la patrulla fronteriza murió en una balacera y luego se determinó que el asesino llevaba una de las armas traficadas.
El Departamento de Justicia intentó destacar los arrestos logrados a partir de la estrategia y sí llegó e emitir un reporte que apuntaba a 12 funcionarios por su responsabilidad en el fallido operativo, pero reivindicaba a Holder, asegurando que no había concebido el plan ni había intentado ocultarlo. Se especula que los nuevos documentos puedan apuntar en la dirección contraria.
Donald Trump y Barack Obama en la Casa Blanca (AP)
El Departamento de Justicia informó este miércoles que aceptó entregar a una comisión de investigación del Congreso documentos confidenciales de una fallida y escandalosa operación sobre el tráfico de armas realizada durante el gobierno de Barack Obama, conocida como "Rápido y Furioso", que ha sido un constante blanco de críticas por parte del Partido Republicano.
El fiscal general indicó que los archivos serán entregados al Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, de la Cámara de Representantes, ahora liderada por diputados oficialistas, lo que pone fin a una batalla legal de seis años para tratar de obtener el material.
El caso llevó a la relación bilateral entre Estados Unidos y México a uno de los peores momentos de su historia. En medio de la guerra contra el narcotráfico, la inteligencia de EEUU lanzó el operativo que consistió en introducir ilegalmente cerca de 2.000 armas al vecino país con la intención de detectar a intermediarios que vendían armamento a los cárteles a través de rastreadores, para dar con los grandes capos del crimen.
Sin embargo, EEUU perdió el rastro a buena parte del arsenal (se calcula que el 70% de las armas vendidas), que luego se utilizó en balaceras en las que murieron civiles inocentes, sicarios y oficiales tanto mexicanos como estadounidenses. Incluso, el entonces presidente Felipe Calderón aseguró que los supuestos vendedores de armas explicaban cómo desactivar los rastreadores.
El procurador norteamericano Eric Holder tuvo que renunciar a su cargo en 2012, pero siempre negó que fuera por causa del operativo. En ese año, el funcionario fue denunciado por desacato por no hacer entrega de los archivos, mientras que Barack Obama usó un privilegio ejecutivo para bloquear su publicación.
El escándalo tuvo su impulso en 2010, cuando un oficial de la patrulla fronteriza murió en una balacera y luego se determinó que el asesino llevaba una de las armas traficadas.
El Departamento de Justicia intentó destacar los arrestos logrados a partir de la estrategia y sí llegó e emitir un reporte que apuntaba a 12 funcionarios por su responsabilidad en el fallido operativo, pero reivindicaba a Holder, asegurando que no había concebido el plan ni había intentado ocultarlo. Se especula que los nuevos documentos puedan apuntar en la dirección contraria.
