Trump abre una crisis al desclasificar el informe que acusa al FBI de manipular la trama rusa
El presidente intenta desprestigiar la investigación de los supuestos nexos de su campaña electoral con el Kremlin
Jan Martínez Ahrens
Washington, El País
No importó la seguridad nacional. Tampoco las advertencias del FBI, del Departamento de Justicia y de la Dirección de Inteligencia Nacional. El presidente Donald Trump abrió este viernes una crisis institucional al desclasificar "por su significativo interés público" el informe que acusa al FBI y al Departamento de Justicia de haber actuado como un submarino de los demócratas y haber manipulado información para proseguir la investigación de la trama rusa. El documento, elaborado por los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se enmarca en la contraofensiva de Trump para erosionar unas pesquisas que ya le pisan los talones.
La maniobra tiene un objetivo político. El propio Trump, en un tuit matinal, acusó a la cúpula del FBI y del Departamento de Justicia de “haber politizado el sagrado proceso investigativo a favor de los demócratas y en contra de los republicanos”. En el punto de mira de esta andanada figura el director del FBI, Christopher A. Wray, elegido por el presidente tras la destitución fulminante de su antecesor por negarse a cerrar el caso. Y también el número dos del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, encargado de supervisar la investigación y artífice del nombramiento del fiscal especial, Robert Mueller. Ambos han demostrado su capacidad para resistir las presiones y ambos han visto cómo crecía el cerco a su alrededor. Una tensión que esta misma semana acabó con la carrera del subdirector del FBI, Andrew McCabe, acusado también por el presidente y los republicanos de trabajar para los demócratas.
Ese es el tiro en la corta distancia. En la larga, el presidente busca, ante una eventual citación de Mueller, demostrar que es víctima de una caza de brujas. Para ello, el informe le proporciona un excelente argumentario. Durante meses, los congresistas han tomado declaraciones a los investigadores e implicados de la trama rusa y han tenido acceso a todo tipo de documentos confidenciales.
El resultado es un texto, de tres folios y medio, que establece que en octubre de 2016, un mes antes de las elecciones que ganó Trump y aún bajo mandato de Barack Obama, el FBI y el Departamento de Justicia ocultaron datos básicos al juez para obtener la orden que les permitiese espiar al millonario Carter Page, uno de los asesores de campaña de Trump. Los investigadores, según esta versión, no le comunicaron que la información que les hacía sospechar de Page procedía del explosivo informe Steel, un dosier altamente radiactivo elaborado por un ex agente del M16, pero basado en fuentes no validadas y que además había sido encargado por un abogado del equipo electoral de Hillary Clinton. El juez dio su aprobación y en primavera de 2017, con el magnate ya en Casa Blanca, la orden se renovó con aquiescencia de altos cargos del Departamento de Justicia y del FBI. La prevaricación, según los republicanos, se había perpetuado. "Hubo una alarmante ruptura de los procesos legales establecidos", señala el informe desclasificado.
Al principio y al fin de la trama rusa. Ahí está el explosivo informe Steel. El FBI llegó a calificar de “salaz y sin verificar” el documento del ex agente del M16 Christopher Steele y nada más entrar en la Casa Blanca informó a Trump de su existencia por las descripciones que contenía de sus nunca demostradas relaciones con prostitutas en Moscú. Pese a este aparente rechazo, la agencia federal no sólo empleó el dossier para pedir las escuchas al asesor electoral Carter Page, sino que siempre mantuvo un buen contacto con Steele, a quien incluso tanteó para contratar. Esa vinculación es la que ahora usan los republicanos en contra del FBI. Consideran que si Steele fue amparado por los agentes es porque recibió financiación de los demócratas y que su informe no era más que un obús contra Trump teledirigido por sus adversarios en la agencia y el Departamento de Justicia.
Esta versión ha sido contestada por el FBI. El propio director de la agencia, en un gesto insólito, ha alertado públicamente de que el “documento presenta omisiones fácticas que impactan en su veracidad”. No es ese el único motivo de queja. Los servicios de inteligencia señalan que el texto puede poner en peligro la seguridad nacional al destapar fuentes y métodos de recogida de datos, pero sobre todo, denuncian que rompe la confidencialidad de quienes acuden a la comisión y declaran en el entendimiento de que es un acto secreto.
Otro argumento contra el informe procede de su magnificación de un aspecto menor del caso. Y que ni siquiera es novedoso. El protagonista de las escuchas, Carter Page, ya estaba bajo seguimiento del FBI en 2013, cuando el servicio secreto ruso intentó reclutarlo. En este sentido, la petición al juez para espiarlo tampoco contamina el resto de pesquisas ni representa su inicio. Estas se abrieron después de que en julio de 2016 un asesor de campaña republicano, George Papadopoulos, fanfarronease en un pub de Londres ante un diplomático australiano de que Moscú tenía “basura” contra Clinton.
“El informe no tiene nada que ver con la verdad y la responsabilidad. Más bien parece propaganda de quienes están aterrorizados ante la investigación rusa y están determinados a descarrilarla por cualquier medio”, ha afirmado en un editorial The New York Times. "Si el informe se utiliza como argumento para destituir al fiscal especial, a Rosenstein o a otros cargos de la investigación, lo entenderemos como obstrucción a la justicia", han advertido en una carta los líderes demócratas. “Dejemos que la gente decida”, ha señalado el presidente del Comité de Inteligencia, el republicano Devin Nunes.
Bajo el vendaval, el director del FBI envió una nota a sus agentes declarando que iba a seguir firme. “Mantengo la determinación de hacer nuestro trabajo con independencia y siguiendo las reglas. Hablar es fácil. Pero lo que permanece es vuestro trabajo”, afirmó Wray.
El avance de Mueller hacia la Casa Blanca es un factor determinante en la tormenta desatada. Cada día es más evidente que su objetivo es llamar a declarar a Trump y que el encargado de supervisar la investigación, Rod Rosenstein, no va a objetar a este trascendental paso. Trump ha mostrado públicamente su disposición a acudir e incluso responder presencialmente. Pero en la Casa Blanca se teme el daño que una comparecencia de este tipo pueda ocasionar en un año en que se celebran elecciones legislativas (renovación de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado).
La investigación de Mueller, que arrancó después de la destitución del director del FBI en mayo, mantiene sus puertas cerradas. Poco se sabe de cuáles son las balas que acumulan el fiscal especial y sus 17 superagentes. Los datos que han trascendido proceden de las cuatro imputaciones que ha hecho públicas: al exconsejero de seguridad Michael Flynn, al ex jefe de campaña Paul Manafort, a su socio Rick Gates y al asesor electoral George Papadopoulos. Los escritos de acusación han dejado ver que la meta original de las pesquisas, determinar si el equipo electoral de Trump se coordinó con el Kremlin en la campaña de intoxicación contra Clinton, ya ha sido superada y la investigación ya se centra en las tramas financieras. El punto débil de Trump.
Washington, El País
No importó la seguridad nacional. Tampoco las advertencias del FBI, del Departamento de Justicia y de la Dirección de Inteligencia Nacional. El presidente Donald Trump abrió este viernes una crisis institucional al desclasificar "por su significativo interés público" el informe que acusa al FBI y al Departamento de Justicia de haber actuado como un submarino de los demócratas y haber manipulado información para proseguir la investigación de la trama rusa. El documento, elaborado por los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se enmarca en la contraofensiva de Trump para erosionar unas pesquisas que ya le pisan los talones.
La maniobra tiene un objetivo político. El propio Trump, en un tuit matinal, acusó a la cúpula del FBI y del Departamento de Justicia de “haber politizado el sagrado proceso investigativo a favor de los demócratas y en contra de los republicanos”. En el punto de mira de esta andanada figura el director del FBI, Christopher A. Wray, elegido por el presidente tras la destitución fulminante de su antecesor por negarse a cerrar el caso. Y también el número dos del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, encargado de supervisar la investigación y artífice del nombramiento del fiscal especial, Robert Mueller. Ambos han demostrado su capacidad para resistir las presiones y ambos han visto cómo crecía el cerco a su alrededor. Una tensión que esta misma semana acabó con la carrera del subdirector del FBI, Andrew McCabe, acusado también por el presidente y los republicanos de trabajar para los demócratas.
Ese es el tiro en la corta distancia. En la larga, el presidente busca, ante una eventual citación de Mueller, demostrar que es víctima de una caza de brujas. Para ello, el informe le proporciona un excelente argumentario. Durante meses, los congresistas han tomado declaraciones a los investigadores e implicados de la trama rusa y han tenido acceso a todo tipo de documentos confidenciales.
El resultado es un texto, de tres folios y medio, que establece que en octubre de 2016, un mes antes de las elecciones que ganó Trump y aún bajo mandato de Barack Obama, el FBI y el Departamento de Justicia ocultaron datos básicos al juez para obtener la orden que les permitiese espiar al millonario Carter Page, uno de los asesores de campaña de Trump. Los investigadores, según esta versión, no le comunicaron que la información que les hacía sospechar de Page procedía del explosivo informe Steel, un dosier altamente radiactivo elaborado por un ex agente del M16, pero basado en fuentes no validadas y que además había sido encargado por un abogado del equipo electoral de Hillary Clinton. El juez dio su aprobación y en primavera de 2017, con el magnate ya en Casa Blanca, la orden se renovó con aquiescencia de altos cargos del Departamento de Justicia y del FBI. La prevaricación, según los republicanos, se había perpetuado. "Hubo una alarmante ruptura de los procesos legales establecidos", señala el informe desclasificado.
Al principio y al fin de la trama rusa. Ahí está el explosivo informe Steel. El FBI llegó a calificar de “salaz y sin verificar” el documento del ex agente del M16 Christopher Steele y nada más entrar en la Casa Blanca informó a Trump de su existencia por las descripciones que contenía de sus nunca demostradas relaciones con prostitutas en Moscú. Pese a este aparente rechazo, la agencia federal no sólo empleó el dossier para pedir las escuchas al asesor electoral Carter Page, sino que siempre mantuvo un buen contacto con Steele, a quien incluso tanteó para contratar. Esa vinculación es la que ahora usan los republicanos en contra del FBI. Consideran que si Steele fue amparado por los agentes es porque recibió financiación de los demócratas y que su informe no era más que un obús contra Trump teledirigido por sus adversarios en la agencia y el Departamento de Justicia.
Esta versión ha sido contestada por el FBI. El propio director de la agencia, en un gesto insólito, ha alertado públicamente de que el “documento presenta omisiones fácticas que impactan en su veracidad”. No es ese el único motivo de queja. Los servicios de inteligencia señalan que el texto puede poner en peligro la seguridad nacional al destapar fuentes y métodos de recogida de datos, pero sobre todo, denuncian que rompe la confidencialidad de quienes acuden a la comisión y declaran en el entendimiento de que es un acto secreto.
Otro argumento contra el informe procede de su magnificación de un aspecto menor del caso. Y que ni siquiera es novedoso. El protagonista de las escuchas, Carter Page, ya estaba bajo seguimiento del FBI en 2013, cuando el servicio secreto ruso intentó reclutarlo. En este sentido, la petición al juez para espiarlo tampoco contamina el resto de pesquisas ni representa su inicio. Estas se abrieron después de que en julio de 2016 un asesor de campaña republicano, George Papadopoulos, fanfarronease en un pub de Londres ante un diplomático australiano de que Moscú tenía “basura” contra Clinton.
“El informe no tiene nada que ver con la verdad y la responsabilidad. Más bien parece propaganda de quienes están aterrorizados ante la investigación rusa y están determinados a descarrilarla por cualquier medio”, ha afirmado en un editorial The New York Times. "Si el informe se utiliza como argumento para destituir al fiscal especial, a Rosenstein o a otros cargos de la investigación, lo entenderemos como obstrucción a la justicia", han advertido en una carta los líderes demócratas. “Dejemos que la gente decida”, ha señalado el presidente del Comité de Inteligencia, el republicano Devin Nunes.
Bajo el vendaval, el director del FBI envió una nota a sus agentes declarando que iba a seguir firme. “Mantengo la determinación de hacer nuestro trabajo con independencia y siguiendo las reglas. Hablar es fácil. Pero lo que permanece es vuestro trabajo”, afirmó Wray.
El avance de Mueller hacia la Casa Blanca es un factor determinante en la tormenta desatada. Cada día es más evidente que su objetivo es llamar a declarar a Trump y que el encargado de supervisar la investigación, Rod Rosenstein, no va a objetar a este trascendental paso. Trump ha mostrado públicamente su disposición a acudir e incluso responder presencialmente. Pero en la Casa Blanca se teme el daño que una comparecencia de este tipo pueda ocasionar en un año en que se celebran elecciones legislativas (renovación de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado).
La investigación de Mueller, que arrancó después de la destitución del director del FBI en mayo, mantiene sus puertas cerradas. Poco se sabe de cuáles son las balas que acumulan el fiscal especial y sus 17 superagentes. Los datos que han trascendido proceden de las cuatro imputaciones que ha hecho públicas: al exconsejero de seguridad Michael Flynn, al ex jefe de campaña Paul Manafort, a su socio Rick Gates y al asesor electoral George Papadopoulos. Los escritos de acusación han dejado ver que la meta original de las pesquisas, determinar si el equipo electoral de Trump se coordinó con el Kremlin en la campaña de intoxicación contra Clinton, ya ha sido superada y la investigación ya se centra en las tramas financieras. El punto débil de Trump.
