Pilotos alemanes se resisten a volar para evitar deportaciones de refugiados afganos a los que se les negó el asilo
Durante el 2017, más de 200 vuelos fueron cancelados en rechazo a que miles de personas sean devueltas a sus países de origen
Infobae
El Gobierno alemán informó el martes que 222 vuelos habían sido cancelados durante 2017 por pilotos que no quisieron ser parte en la controvertida repatriación de aquellos refugiados a los que se les negó la solicitud de asilo, puntualmente de los originarios de Afganistán.
Las deportaciones de los afganos estuvieron rodeadas de controversia debido a que Afganistán fue declarado "país seguro", pese a la violencia y la represión que impera en la mayor parte de sus territorios. Así lo informó el sitio aleman Detsche Welle.
Aproximadamente 85 de las negativas a efectuar los vuelos entre enero y septiembre provinieron de la mayor línea aérea germana, Lufthansa, y de su subsidiaria, Eurowings.
Mientras tanto, unas 40 tuvieron lugar en el aeropuerto de Düsseldorf, donde las deportaciones suelen ser acompañadas por protestas de grupos favorables a la inmigración. Por último, la mayoría de las cancelaciones de vuelos se produjo en el aeropuerto de Franckfurt, el principal de Alemania.
Michael Lamberty, vocero de Lufthansa, defendió al personal que optó por no llevar a deportados a sus países de origen, aduciendo motivos de seguridad.
"La decisión de no llevar a un pasajero es tomada, en último término, por el piloto, caso por caso. Si él o ella tiene la impresión de que la seguridad del vuelo podría verse afectada, debe rehusarse a transportar al pasajero", dijo Lamberty, citado por el Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Según Lamberty, en algunas ocasiones los pilotos de Lufthansa conversan personalmente antes del vuelo con pasajeros que están a punto de ser deportados. En general son tratados como cualquier pasajero, "a fin de cuentas tienen un pasaje válido".
"Si el personal de seguridad de los aeropuertos tiene por anticipado algún tipo de información que indique que la situación puede escalar durante la deportación, puede decidir no dejar embarcar a los pasajeros", agregó.
Al margen de las resistencias a las deportaciones, Alemania sigue siendo el principal destino de refugiados e inmigrantes en la Unión Europea. En 2017, este país procesó más solicitudes de asilo que todos los 27 miembros restantes del bloque juntos.
Remitiéndose a la agencia europea de estadísticas Eurostat, el diario Die Welt señaló que la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) resolvió sobre 388.201 casos de asilo en los primeros seis meses de 2017.
A medida que Alemania intensifica las deportaciones, ha aumentado también significativamente el número de afectados que apela las decisiones de BAMF. En el primer semestre de este año, casi la mitad de los casos fueron llevados a los tribunales.
De acuerdo a la estación de TV NDR, esos procesos judiciales costaron al país cerca de 19 millones de euros (más de 22 millones de dólares) entre enero y noviembre de 2017, 7,8 millones de euros más que el año anterior.
Para reducir el número de apelaciones y acelerar las deportaciones, el Gobierno ha propuesto un programa que contempla la entrega de 3.000 euros a los solicitantes de asilo rechazados, como incentivo para que acepten ser deportados.
El Gobierno alemán informó el martes que 222 vuelos habían sido cancelados durante 2017 por pilotos que no quisieron ser parte en la controvertida repatriación de aquellos refugiados a los que se les negó la solicitud de asilo, puntualmente de los originarios de Afganistán.
Las deportaciones de los afganos estuvieron rodeadas de controversia debido a que Afganistán fue declarado "país seguro", pese a la violencia y la represión que impera en la mayor parte de sus territorios. Así lo informó el sitio aleman Detsche Welle.
Aproximadamente 85 de las negativas a efectuar los vuelos entre enero y septiembre provinieron de la mayor línea aérea germana, Lufthansa, y de su subsidiaria, Eurowings.
Mientras tanto, unas 40 tuvieron lugar en el aeropuerto de Düsseldorf, donde las deportaciones suelen ser acompañadas por protestas de grupos favorables a la inmigración. Por último, la mayoría de las cancelaciones de vuelos se produjo en el aeropuerto de Franckfurt, el principal de Alemania.
Michael Lamberty, vocero de Lufthansa, defendió al personal que optó por no llevar a deportados a sus países de origen, aduciendo motivos de seguridad.
"La decisión de no llevar a un pasajero es tomada, en último término, por el piloto, caso por caso. Si él o ella tiene la impresión de que la seguridad del vuelo podría verse afectada, debe rehusarse a transportar al pasajero", dijo Lamberty, citado por el Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Según Lamberty, en algunas ocasiones los pilotos de Lufthansa conversan personalmente antes del vuelo con pasajeros que están a punto de ser deportados. En general son tratados como cualquier pasajero, "a fin de cuentas tienen un pasaje válido".
"Si el personal de seguridad de los aeropuertos tiene por anticipado algún tipo de información que indique que la situación puede escalar durante la deportación, puede decidir no dejar embarcar a los pasajeros", agregó.
Al margen de las resistencias a las deportaciones, Alemania sigue siendo el principal destino de refugiados e inmigrantes en la Unión Europea. En 2017, este país procesó más solicitudes de asilo que todos los 27 miembros restantes del bloque juntos.
Remitiéndose a la agencia europea de estadísticas Eurostat, el diario Die Welt señaló que la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) resolvió sobre 388.201 casos de asilo en los primeros seis meses de 2017.
A medida que Alemania intensifica las deportaciones, ha aumentado también significativamente el número de afectados que apela las decisiones de BAMF. En el primer semestre de este año, casi la mitad de los casos fueron llevados a los tribunales.
De acuerdo a la estación de TV NDR, esos procesos judiciales costaron al país cerca de 19 millones de euros (más de 22 millones de dólares) entre enero y noviembre de 2017, 7,8 millones de euros más que el año anterior.
Para reducir el número de apelaciones y acelerar las deportaciones, el Gobierno ha propuesto un programa que contempla la entrega de 3.000 euros a los solicitantes de asilo rechazados, como incentivo para que acepten ser deportados.
