Oposición denuncia millonario daño en compra de dos aviones
El caso se remite cuando Walker San Miguel estaba de ministro de Defensa e involucra al excomandante de la FAB, Luis Adolfo Trigo.
Página Siete Digital / La Paz
El senador Arturo Murillo (UD) denunció hoy un posible daño económico de al menos 285 millones de bolivianos al Estado mediante la adquisición irregular de dos aviones con crédito chino que fueron efectuados por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Luis Adolfo Trigo, y el exministro de Defensa, Walker San Miguel.
Actualmente, dijo el asambleísta opositor, las aeronaves MA-60 se encuentran "botadas” y sin servicio porque tenían sólo 12 meses de garantía.
"El contrato fue firmado en enero de 2007 y el producto fue entregado el 21 de febrero de 2008 (…). Tenemos un posible daño al Estado de 285 millones de bolivianos, que fue reconocido en un informe del Ministro de Defensa, (Reymi Ferreira) en la Cámara de Senadores y adelantó que se iba a sumar al juicio en contra de las personas que cometieron este hecho”, denunció Murillo.
El legislador explicó que el contrato fue firmado por Trigo el 18 de enero de 2007, cuando no se tenía ni un convenio firmado, ni mucho menos algún decreto supremo o ley que ratifique el acuerdo de compra. A ello se suma que el general no tenía atribución para firmar este contrato.
Mencionó que las normas respectivas fueron aprobadas posteriormente a la firma del contrato. El Decreto Supremo 29203 se aprobó el 25 de julio de 2007, el convenio fue suscrito el 8 de agosto de 2007 y, después de 11 meses, el 13 de diciembre de 2007, la Ley ratificatoria 3793 fue promulgada, cuando, mencionó, el procedimiento debió ser realizado al revés para cumplir con las normas.
Murillo denunció que las exautoridades procedieron de forma irregular en este caso y recordó que el artículo 122 de la Constitución Política del Estado señala que "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen”. Dijo que este accionar también violó la Ley de Organización del Poder Ejecutivo porque un ministro no tiene atribución directa de firmar este tipo de contratos y asumir deudas a nombre del país.
El legislador adelantó que el proceso contra ambos será por daño millonario al Estado.
El senador Arturo Murillo (UD) denunció hoy un posible daño económico de al menos 285 millones de bolivianos al Estado mediante la adquisición irregular de dos aviones con crédito chino que fueron efectuados por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Luis Adolfo Trigo, y el exministro de Defensa, Walker San Miguel.
Actualmente, dijo el asambleísta opositor, las aeronaves MA-60 se encuentran "botadas” y sin servicio porque tenían sólo 12 meses de garantía.
"El contrato fue firmado en enero de 2007 y el producto fue entregado el 21 de febrero de 2008 (…). Tenemos un posible daño al Estado de 285 millones de bolivianos, que fue reconocido en un informe del Ministro de Defensa, (Reymi Ferreira) en la Cámara de Senadores y adelantó que se iba a sumar al juicio en contra de las personas que cometieron este hecho”, denunció Murillo.
El legislador explicó que el contrato fue firmado por Trigo el 18 de enero de 2007, cuando no se tenía ni un convenio firmado, ni mucho menos algún decreto supremo o ley que ratifique el acuerdo de compra. A ello se suma que el general no tenía atribución para firmar este contrato.
Mencionó que las normas respectivas fueron aprobadas posteriormente a la firma del contrato. El Decreto Supremo 29203 se aprobó el 25 de julio de 2007, el convenio fue suscrito el 8 de agosto de 2007 y, después de 11 meses, el 13 de diciembre de 2007, la Ley ratificatoria 3793 fue promulgada, cuando, mencionó, el procedimiento debió ser realizado al revés para cumplir con las normas.
Murillo denunció que las exautoridades procedieron de forma irregular en este caso y recordó que el artículo 122 de la Constitución Política del Estado señala que "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen”. Dijo que este accionar también violó la Ley de Organización del Poder Ejecutivo porque un ministro no tiene atribución directa de firmar este tipo de contratos y asumir deudas a nombre del país.
El legislador adelantó que el proceso contra ambos será por daño millonario al Estado.
