Colombia sin paz: vuelve a crecer el crimen en las zonas donde terminó la guerra
En el primer semestre de 2017, los homicidios aumentaron un 15% en los territorios que controlaban las FARC. El nuevo avance de los cultivos de coca y la pelea del ELN con otras bandas criminales por quedarse con el negocio
Darío Mizrahi
dmizrahi@infobae.com
Entre enero y junio de 2017 se registraron 5.629 homicidios en Colombia, 361 menos que un año antes. El dato podría ser muy alentador, si no fuera porque hay otro que lo eclipsa: en las zonas más calientes del país, donde las FARC tenían mayor presencia hasta la firma de la paz hace exactamente un año, los asesinatos treparon un 15% (de 1.011 a 1.164). Ese es el resultado más palpable y dramático de un conflicto que crece día a día: la lucha entre distintas organizaciones armadas y bandas criminales por el control del territorio.
El esperado fin de la guerra entre las FARC y el Estado colombiano coincidió con otro fenómeno alarmante: la expansión de los cultivos de coca, que pasaron de cubrir 96.084 hectáreas en 2015 a 146.139 hectáreas en 2016, el máximo en 20 años. El manejo de la producción de cocaína y de las rutas internacionales del narcotráfico es el gran botín en disputa.
"Desde noviembre de 2016 vemos un proceso de paz que ha sido bastante exitoso, no hay dudas de eso. La gran mayoría de las FARC entraron en los campamentos y hubo una clara voluntad por parte de la organización y sobre todo de sus altos comandantes. Menos de un año después de la firma, tenemos un nuevo partido político llamado FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), que ya tiene un candidato presidencial (Timoshenko, el líder de la guerrilla), y que está trabajando estrechamente con el gobierno para completar su vuelta a la vida civil", dijo a Infobae Ivan Briscoe, director del Programa para América Latina y el Caribe del Crisis Group, ONG que busca soluciones pacíficas a conflictos internacionales.
Pero ese éxito que se ve en la masiva desmovilización de guerrilleros y en la entrega de más 7.000 armas a la ONU, no puede ocultar los graves problemas de implementación que está teniendo el pacto. Allí hay que dirigir la mirada para entender el rebrote de la violencia y del narcotráfico en las históricas zonas de conflicto.
"La realidad socioeconómica de Colombia no ha cambiado desde la firma del acuerdo —continuó Briscoe—. En las regiones periféricas del país hay mucha pobreza, pocas oportunidades, y estructuras sociales muy desiguales y decimonónicas. En esos lugares vemos un empeoramiento de la violencia. Vemos nuevos o viejos grupos armados interesados en controlar la coca, la minería ilegal o la extorsión".
La combinación de subdesarrollo económico y vacío institucional que se ve en la periferia está teniendo una consecuencia nefasta: la alianza de algunos campesinos con organizaciones criminales. La virtual inexistencia de oportunidades de trabajo en el mercado formal volvió al cultivo de coca para la posterior producción de cocaína la única actividad rentable, junto con la minería ilegal.
"Los espacios de poder que estaban ocupando las FARC debía llenarlos el Estado, pero esa expectativa no se cumplió. Entonces, lo que pasó es que los diferentes grupos empezaron a llenar esos espacios, y ahora están en una disputa grandísima, porque están en juego economías ilícitas que dan importantes dividendos. La desmovilización de las FARC llevó a un reacomodamiento de la ilegalidad", explicó Sandra Borda Guzmán, profesora de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad de los Andes, consultada por Infobae.
En el mapa se puede ver con gran claridad la superposición de las regiones en las que están concentrados la mayor parte de los cultivos de coca, con los departamentos en los que se desarrolla el grueso del conflicto. Nariño, en la frontera con Ecuador, es el que cuenta con la mayor superficie cultivada, 45.627 hectáreas. Tumaco, el segundo puerto colombiano sobre el Pacífico, se convirtió en el epicentro de la nueva mutación de la violencia.
Este municipio de 200 mil habitantes sintió una profunda conmoción el pasado 5 de octubre, cuando se conoció la noticia de que siete campesinos cocaleros habían sido asesinados en un incidente nunca esclarecido. Dos semanas más tarde, el 17, apareció muerto el referente local José Jair Cortés, uno de los miembros del Consejo Comunitario del Territorio de Alto Mira y Frontera.
Distintos organismos estiman que hay hasta 11 grupos armados compitiendo por quedarse con los negocios ilegales de la región. Uno de los principales está conformado por unos mil guerrilleros disidentes de las FARC, que rechazaron entregar las armas y trasladarse a las zonas de concentración en las que ya está la mayoría de los combatientes. Otro de los actores de peso que viene ganando terreno es el ELN, la segunda gran guerrilla colombiana, que está en plena negociación con el gobierno para acordar el abandono de la lucha armada.
"Antes de pactar un cese del fuego con el gobierno, que termina en enero, el ELN se estaba expandiendo hacia nuevas regiones, como el Pacífico —dijo Briscoe—. Es parte de una estrategia para ganar cierto poder en la mesa de negociación. Pero también se explica por la autonomía de los frentes que buscan la manera de prosperar".
Vicente Torrijos, profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, sostuvo que "no se puede hablar del fin del conflicto en Colombia, sino de un postconflicto conflictivo". Desde su punto de vista, el incremento de la actividad criminal se debe a la falta de un compromiso genuino con la paz por parte de las FARC, que estarían coordinando sus acciones con el ELN y con otros grupos.
"Las FARC y ELN firmaron el 23 de octubre un acuerdo que se conoció como Declaración de Montecristi, donde crearon una alianza perfectamente funcional entre ambas organizaciones. No es de extrañar que haya grupos preexistentes que, aliados con las FARC, estén llenando el vacío que ellas dejaron. Además hay núcleos de la guerrilla que libran una guerra no visible. Los indicios apuntan a que han dejado unos remanentes a propósito, con el fin de mantener una guardia o brazo armado", afirmó Torrijos en diálogo con Infobae.
En el departamento de Nariño también tienen presencia las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), conformadas por ex integrantes de las FARC y del ELN. A ellos se suman las llamadas Bacrim, que son bandas criminales que no persiguen objetivos políticos. La más importante es el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Son un desprendimiento de las viejas fuerzas paramilitares que no se desmovilizaron. El gobierno e instituciones independientes coinciden en señalar que controlan la mayor parte del narcotráfico en el país.
En Norte de Santander, donde la superficie de coca cultivada asciende a 24.831 hectáreas, tienen presencia el ELN y el Clan del Golfo. A ellos se suma otra de las guerrillas que sobreviven desde los 60, el Ejército Popular de Liberación (EPL), que está muy afianzado en el departamento. En Caquetá, donde la coca está esparcida en 9.343 hectáreas, y en Guaviare, donde son 6.838 hectáreas, el territorio está bajo control de disidentes de las FARC. En Meta, que cuenta con cultivos por 5.464 hectáreas, éstos conviven con miembros del Clan del Golfo. La disputa en Chocó, que tiene plantaciones por 1.803 hectáreas, es entre ese grupo criminal y el ELN.
Las grietas de la paz colombiana
La expansión descontrolada de la coca es una de las expresiones más visibles de los graves errores de implementación que está teniendo el acuerdo sellado con las FARC. A pesar de que se sabía lo que podía pasar si no se tomaban medidas preventivas, el Estado demostró una preocupante pasividad para encarar el problema.
"Hay muchos factores explicativos, que tienen que ver con el mercado internacional del narcotráfico —dijo Briscoe—. Pero hay un punto en el cual el pacto de paz sí tuvo que ver: el acuerdo sobre sustitución de la coca que se formalizó en 2014, que preveía subsidios para lo cocaleros que se sumen. Eso generó cierta motivación para seguir cultivando coca, con el fin de participar del programa de sustitución cuando se empezara a implementar. Al mismo tiempo, es cierto que el Estado bajó su actividad de erradicación forzada, porque veía en el horizonte la posibilidad de concretar cambio de cultivos".
El paso decisivo se dio 2015, cuando se prohibió la fumigación de los campos con glifosato. A partir de ese momento, era imperioso avanzar de inmediato con la sustitución. No obstante, pasaron dos años en los que no se hizo nada. Sin una alternativa disponible, y con menos restricciones que antes para trabajar la coca, era evidente que los cultivos se iban a expandir.
"Los últimos informes de la DEA muestran que las FARC no han abandonado los nexos con las drogas ni con los cultivos ilícitos. Tampoco están cooperando con el Estado para controlar las rutas del narcotráfico. Implícitamente, el Gobierno aceptó que siga controlado las plantaciones", aseguró Torrijos.
El de la coca es uno de los capítulos de la mala ejecución de lo pactado. Otra dimensión pasa por las pocas herramientas que se le están ofreciendo a los ex guerrilleros para que se reincorporen a la vida civil. "En algunas de las zonas de concentración —dijo Guzmán— ya se habla de que casi un 40% de los que se habían instalado se han ido porque el proceso de definición de la justicia transicional se demora en el Congreso y hay mucha incertidumbre. Su temor es terminar siendo juzgados por la justicia ordinaria, sin acceso a ninguna de las prebendas que se negociaron. Una parte de ellos van a terminar en los grupos ilegales que se están reacomodando. Es el peor de todos los escenarios".
Otra razón por la que algunos guerrilleros están abandonando las zonas de concentración es la precariedad de sus instalaciones, que están incluso por debajo de los campamentos en los que vivían en pleno conflicto. Hay algunas en las que casi no hay agua potable. No es fácil discernir cuánto hay de ineficiencia del aparato estatal, y cuanto de desidia por parte de la clase política.
"Cuando estábamos en medio del proceso de negociación y se le atribuían todas esas funciones al Estado, muchos advertimos que iba a haber un problema grande, porque este fue siempre un Estado débil. De un día para el otro no iba a lograr tener presencia de la nada, si no lo había logrado en ningún momento de la historia. Pero adicionalmente se desvaneció el esquema de incentivos políticos. Este gobierno ya no se va a poder reelegir, entonces por un lado ya no tiene interés en hacer bien este trabajo, y por otro no puede construir una coalición fuerte en el Congreso", concluyó Guzmán.
dmizrahi@infobae.com
Entre enero y junio de 2017 se registraron 5.629 homicidios en Colombia, 361 menos que un año antes. El dato podría ser muy alentador, si no fuera porque hay otro que lo eclipsa: en las zonas más calientes del país, donde las FARC tenían mayor presencia hasta la firma de la paz hace exactamente un año, los asesinatos treparon un 15% (de 1.011 a 1.164). Ese es el resultado más palpable y dramático de un conflicto que crece día a día: la lucha entre distintas organizaciones armadas y bandas criminales por el control del territorio.
El esperado fin de la guerra entre las FARC y el Estado colombiano coincidió con otro fenómeno alarmante: la expansión de los cultivos de coca, que pasaron de cubrir 96.084 hectáreas en 2015 a 146.139 hectáreas en 2016, el máximo en 20 años. El manejo de la producción de cocaína y de las rutas internacionales del narcotráfico es el gran botín en disputa.
"Desde noviembre de 2016 vemos un proceso de paz que ha sido bastante exitoso, no hay dudas de eso. La gran mayoría de las FARC entraron en los campamentos y hubo una clara voluntad por parte de la organización y sobre todo de sus altos comandantes. Menos de un año después de la firma, tenemos un nuevo partido político llamado FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), que ya tiene un candidato presidencial (Timoshenko, el líder de la guerrilla), y que está trabajando estrechamente con el gobierno para completar su vuelta a la vida civil", dijo a Infobae Ivan Briscoe, director del Programa para América Latina y el Caribe del Crisis Group, ONG que busca soluciones pacíficas a conflictos internacionales.
Pero ese éxito que se ve en la masiva desmovilización de guerrilleros y en la entrega de más 7.000 armas a la ONU, no puede ocultar los graves problemas de implementación que está teniendo el pacto. Allí hay que dirigir la mirada para entender el rebrote de la violencia y del narcotráfico en las históricas zonas de conflicto.
"La realidad socioeconómica de Colombia no ha cambiado desde la firma del acuerdo —continuó Briscoe—. En las regiones periféricas del país hay mucha pobreza, pocas oportunidades, y estructuras sociales muy desiguales y decimonónicas. En esos lugares vemos un empeoramiento de la violencia. Vemos nuevos o viejos grupos armados interesados en controlar la coca, la minería ilegal o la extorsión".
La combinación de subdesarrollo económico y vacío institucional que se ve en la periferia está teniendo una consecuencia nefasta: la alianza de algunos campesinos con organizaciones criminales. La virtual inexistencia de oportunidades de trabajo en el mercado formal volvió al cultivo de coca para la posterior producción de cocaína la única actividad rentable, junto con la minería ilegal.
"Los espacios de poder que estaban ocupando las FARC debía llenarlos el Estado, pero esa expectativa no se cumplió. Entonces, lo que pasó es que los diferentes grupos empezaron a llenar esos espacios, y ahora están en una disputa grandísima, porque están en juego economías ilícitas que dan importantes dividendos. La desmovilización de las FARC llevó a un reacomodamiento de la ilegalidad", explicó Sandra Borda Guzmán, profesora de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad de los Andes, consultada por Infobae.
En el mapa se puede ver con gran claridad la superposición de las regiones en las que están concentrados la mayor parte de los cultivos de coca, con los departamentos en los que se desarrolla el grueso del conflicto. Nariño, en la frontera con Ecuador, es el que cuenta con la mayor superficie cultivada, 45.627 hectáreas. Tumaco, el segundo puerto colombiano sobre el Pacífico, se convirtió en el epicentro de la nueva mutación de la violencia.
Este municipio de 200 mil habitantes sintió una profunda conmoción el pasado 5 de octubre, cuando se conoció la noticia de que siete campesinos cocaleros habían sido asesinados en un incidente nunca esclarecido. Dos semanas más tarde, el 17, apareció muerto el referente local José Jair Cortés, uno de los miembros del Consejo Comunitario del Territorio de Alto Mira y Frontera.
Distintos organismos estiman que hay hasta 11 grupos armados compitiendo por quedarse con los negocios ilegales de la región. Uno de los principales está conformado por unos mil guerrilleros disidentes de las FARC, que rechazaron entregar las armas y trasladarse a las zonas de concentración en las que ya está la mayoría de los combatientes. Otro de los actores de peso que viene ganando terreno es el ELN, la segunda gran guerrilla colombiana, que está en plena negociación con el gobierno para acordar el abandono de la lucha armada.
"Antes de pactar un cese del fuego con el gobierno, que termina en enero, el ELN se estaba expandiendo hacia nuevas regiones, como el Pacífico —dijo Briscoe—. Es parte de una estrategia para ganar cierto poder en la mesa de negociación. Pero también se explica por la autonomía de los frentes que buscan la manera de prosperar".
Vicente Torrijos, profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, sostuvo que "no se puede hablar del fin del conflicto en Colombia, sino de un postconflicto conflictivo". Desde su punto de vista, el incremento de la actividad criminal se debe a la falta de un compromiso genuino con la paz por parte de las FARC, que estarían coordinando sus acciones con el ELN y con otros grupos.
"Las FARC y ELN firmaron el 23 de octubre un acuerdo que se conoció como Declaración de Montecristi, donde crearon una alianza perfectamente funcional entre ambas organizaciones. No es de extrañar que haya grupos preexistentes que, aliados con las FARC, estén llenando el vacío que ellas dejaron. Además hay núcleos de la guerrilla que libran una guerra no visible. Los indicios apuntan a que han dejado unos remanentes a propósito, con el fin de mantener una guardia o brazo armado", afirmó Torrijos en diálogo con Infobae.
En el departamento de Nariño también tienen presencia las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), conformadas por ex integrantes de las FARC y del ELN. A ellos se suman las llamadas Bacrim, que son bandas criminales que no persiguen objetivos políticos. La más importante es el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Son un desprendimiento de las viejas fuerzas paramilitares que no se desmovilizaron. El gobierno e instituciones independientes coinciden en señalar que controlan la mayor parte del narcotráfico en el país.
En Norte de Santander, donde la superficie de coca cultivada asciende a 24.831 hectáreas, tienen presencia el ELN y el Clan del Golfo. A ellos se suma otra de las guerrillas que sobreviven desde los 60, el Ejército Popular de Liberación (EPL), que está muy afianzado en el departamento. En Caquetá, donde la coca está esparcida en 9.343 hectáreas, y en Guaviare, donde son 6.838 hectáreas, el territorio está bajo control de disidentes de las FARC. En Meta, que cuenta con cultivos por 5.464 hectáreas, éstos conviven con miembros del Clan del Golfo. La disputa en Chocó, que tiene plantaciones por 1.803 hectáreas, es entre ese grupo criminal y el ELN.
Las grietas de la paz colombiana
La expansión descontrolada de la coca es una de las expresiones más visibles de los graves errores de implementación que está teniendo el acuerdo sellado con las FARC. A pesar de que se sabía lo que podía pasar si no se tomaban medidas preventivas, el Estado demostró una preocupante pasividad para encarar el problema.
"Hay muchos factores explicativos, que tienen que ver con el mercado internacional del narcotráfico —dijo Briscoe—. Pero hay un punto en el cual el pacto de paz sí tuvo que ver: el acuerdo sobre sustitución de la coca que se formalizó en 2014, que preveía subsidios para lo cocaleros que se sumen. Eso generó cierta motivación para seguir cultivando coca, con el fin de participar del programa de sustitución cuando se empezara a implementar. Al mismo tiempo, es cierto que el Estado bajó su actividad de erradicación forzada, porque veía en el horizonte la posibilidad de concretar cambio de cultivos".
El paso decisivo se dio 2015, cuando se prohibió la fumigación de los campos con glifosato. A partir de ese momento, era imperioso avanzar de inmediato con la sustitución. No obstante, pasaron dos años en los que no se hizo nada. Sin una alternativa disponible, y con menos restricciones que antes para trabajar la coca, era evidente que los cultivos se iban a expandir.
"Los últimos informes de la DEA muestran que las FARC no han abandonado los nexos con las drogas ni con los cultivos ilícitos. Tampoco están cooperando con el Estado para controlar las rutas del narcotráfico. Implícitamente, el Gobierno aceptó que siga controlado las plantaciones", aseguró Torrijos.
El de la coca es uno de los capítulos de la mala ejecución de lo pactado. Otra dimensión pasa por las pocas herramientas que se le están ofreciendo a los ex guerrilleros para que se reincorporen a la vida civil. "En algunas de las zonas de concentración —dijo Guzmán— ya se habla de que casi un 40% de los que se habían instalado se han ido porque el proceso de definición de la justicia transicional se demora en el Congreso y hay mucha incertidumbre. Su temor es terminar siendo juzgados por la justicia ordinaria, sin acceso a ninguna de las prebendas que se negociaron. Una parte de ellos van a terminar en los grupos ilegales que se están reacomodando. Es el peor de todos los escenarios".
Otra razón por la que algunos guerrilleros están abandonando las zonas de concentración es la precariedad de sus instalaciones, que están incluso por debajo de los campamentos en los que vivían en pleno conflicto. Hay algunas en las que casi no hay agua potable. No es fácil discernir cuánto hay de ineficiencia del aparato estatal, y cuanto de desidia por parte de la clase política.
"Cuando estábamos en medio del proceso de negociación y se le atribuían todas esas funciones al Estado, muchos advertimos que iba a haber un problema grande, porque este fue siempre un Estado débil. De un día para el otro no iba a lograr tener presencia de la nada, si no lo había logrado en ningún momento de la historia. Pero adicionalmente se desvaneció el esquema de incentivos políticos. Este gobierno ya no se va a poder reelegir, entonces por un lado ya no tiene interés en hacer bien este trabajo, y por otro no puede construir una coalición fuerte en el Congreso", concluyó Guzmán.
