Opositores presentarán el jueves denuncia contra la reelección ante la CIDH
Mañana viajarán a EEUU los senadores Óscar Ortiz y Arturo Murillo, junto con el abogado Carlos Alarcón.
Página Siete Digital / La Paz
La mañana de hoy, los senadores de Oscar Ortiz y Arturo Murillo, junto al abogado Carlos Alarcón, informaron que el próximo jueves se constituirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, con sede en Washington, para presentar la denuncia por el intento del Gobierno de desconocer los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la población rechazó la modificación de la Constitución para posibilitar una nueva habilitación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.
"El día de mañana estamos viajando a la ciudad de Washington para presentar el día jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia en representación de esos millones de ciudadanos bolivianos que votamos en el referendo del 21 de febrero de 2016 y cuyo resultado está siendo desconocido por la admisión que ha hecho el Tribunal Constitucional de la acción abstracta interpuesta por el MAS”, dijo Ortiz.
La denuncia de los opositores está respaldada por los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
El MAS pidió anular, entre otros, el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Presidente y Vicepresidente sólo pueden ser reelectos una sola vez de manera continua, basándose en el artículo 23 del Pacto de San José, donde se reconoce "el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
A consideración de los opositores sólo la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede determinar cómo se interpreta este artículo y que la decisión deberá ser acatada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
"La decisión final, principal, determinante, de este tema al haberse invocado el Pacto de San José ya no está en el ámbito de Bolivia, claramente la decisión definitiva de este asunto está en el ámbito internacional y entendemos, y asumimos que lo que va hacer la CIDH es hacer respetar todos sus precedentes”, indicó el abogado Alarcón.
El viaje de los opositores coincide con el que realizan la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el ministro de Justicia, Héctor Arce, que viajaron en la víspera a la sede de la OEA para explicar la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que busca una nueva habilitación de Morales a las elecciones de 2019.
Tal recurso fue presentado el pasado 18 de septiembre y busca que el TCP declare la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Carta Magna, porque impide el ejercicio de los derechos políticos del Presidente, gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales.
A través de ese recurso, el oficialismo busca la reelección indefinida que no está permitida de acuerdo con la actual Constitución Política del Estado, que el propio MAS aprobó en 2009.
La mañana de hoy, los senadores de Oscar Ortiz y Arturo Murillo, junto al abogado Carlos Alarcón, informaron que el próximo jueves se constituirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, con sede en Washington, para presentar la denuncia por el intento del Gobierno de desconocer los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la población rechazó la modificación de la Constitución para posibilitar una nueva habilitación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.
"El día de mañana estamos viajando a la ciudad de Washington para presentar el día jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia en representación de esos millones de ciudadanos bolivianos que votamos en el referendo del 21 de febrero de 2016 y cuyo resultado está siendo desconocido por la admisión que ha hecho el Tribunal Constitucional de la acción abstracta interpuesta por el MAS”, dijo Ortiz.
La denuncia de los opositores está respaldada por los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
El MAS pidió anular, entre otros, el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Presidente y Vicepresidente sólo pueden ser reelectos una sola vez de manera continua, basándose en el artículo 23 del Pacto de San José, donde se reconoce "el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
A consideración de los opositores sólo la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede determinar cómo se interpreta este artículo y que la decisión deberá ser acatada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
"La decisión final, principal, determinante, de este tema al haberse invocado el Pacto de San José ya no está en el ámbito de Bolivia, claramente la decisión definitiva de este asunto está en el ámbito internacional y entendemos, y asumimos que lo que va hacer la CIDH es hacer respetar todos sus precedentes”, indicó el abogado Alarcón.
El viaje de los opositores coincide con el que realizan la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el ministro de Justicia, Héctor Arce, que viajaron en la víspera a la sede de la OEA para explicar la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que busca una nueva habilitación de Morales a las elecciones de 2019.
Tal recurso fue presentado el pasado 18 de septiembre y busca que el TCP declare la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Carta Magna, porque impide el ejercicio de los derechos políticos del Presidente, gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales.
A través de ese recurso, el oficialismo busca la reelección indefinida que no está permitida de acuerdo con la actual Constitución Política del Estado, que el propio MAS aprobó en 2009.
