Misión: disuadir a los refugiados
Australia cierra su centro de detención de migrantes una remota isla de Papúa. Los 773 confinados, la mitad con derecho a protección internacional, afrontan un incierto destino
Naiara Galarraga
Madrid, El País
Pocos lugares hay más remotos en el planeta que la isla de Manus, en medio de la nada, a mil kilómetros del punto más al norte de Australia. Allí, en territorio de Papúa Nueva Guinea, malviven confinados por las autoridades australianas 773 hombres que en los últimos cinco años intentaron llegar en barco a las costas australianas. Al menos la mitad son refugiados que huyen de persecuciones o guerras. Ambos países tienen previsto que el centro donde están detenidos cierre este martes, 31 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional de Papúa lo declarara ilegal. La política australiana para disuadir a los refugiados supone un precedente extremadamente preocupante para la ONU y diversas ONG, confinarlos le ha costado 3.000 millones de euros y se ha visto obligada a indemnizar a los afectados con 34 millones. Pero ha cumplido el objetivo de parar las llegadas por mar, ni un solo barco de migrantes arribó a sus costas en 2015 o 2016.
El año récord de llegadas fue 2013, con 300 barcos, y 20.587 migrantes. Entonces, el Gobierno de Australia decidió que todo el que llegara a su territorio por barco, incluso a pedir asilo, sería llevado a Papúa o a una isla-Estado aún más remota, Nauru, para que lo solicitara allí. Las condiciones son tan inhumanas que cuatro refugiados se han suicidado en poco más de un año, según la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). En estos cinco años han pasado por allí unas 3.000 personas.
No está claro qué ocurrirá con esos 773 hombres atrapados en Manus. Están detenidos de manera indefinida sin haber cometido ningún delito, recuerda por correo electrónico la presidenta en Australia del Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), Carolina Gottardo. La única certeza es que de ninguna manera pisarán territorio australiano porque así lo han proclamado las autoridades. Uno de esos confinados es Behrouz Boochani, un periodista kurdo de Irán detenido allí hace un lustro, que mediante tuits y una película que logró filmar con un iPhone y ayuda en remoto desde Holanda a través de WhatsApp -Chauka, dinos por favor qué hora es- ha abierto una rendija para ver las condiciones de detención. “Los locales están muy enfadados con el traslado de los refugiados a su pequeña comunidad. Pretenden protestar”, tuiteó este viernes el reportero, tras recordar que es una sociedad tribal que considera a estos foráneos peligrosos. Papúa es, además, un país con un problema de violencia endémico.
El centro de detención de Manus, al que Australia paga para que retenga a los migrantes, debe cerrar porque el Constitucional de Papúa lo declaró ilegal en 2016 por “violar el derecho a la libertad personal”. Las autoridades han propuesto a los detenidos regresar a sus países (algo inaceptable para aquellos que huyen de persecuciones), ir a Nauru o ser trasladados a otras instalaciones en la misma Papúa.
“Sería inconcebible que los mismos que crearon esta crisis abandonaran ahora a esos mismos seres humanos tan sumamente vulnerables”, ha dicho Thomas Albrecht, representante de Acnur en Canberra. “Legal y moralmente, Australia no puede abandonar a los que ha transferido forzosamente a Papúa Nueva Guinea y Nauru”.
En Nauru quedan 279 detenidos, incluidos 43 niños y 47 mujeres. Gottardo explica que la detención indefinida y las condiciones en las que están implican la violación de varios derechos básicos, incluidos el de no ser torturado ni sometido a un trato inhumano, el principio de no devolución de los refugiados o el derecho a que su demanda de asilo sea tramitada.
La política de enviar a lejanas islas a los interceptados en el mar le costó a Australia 2.700 millones de 2013 a 2016 y le costará otros 1.400 millones hasta 2020, según la estimación hecha por Unicef y Save The Children. Eso además de los 34 millones pagados en un pacto extrajudicial acordado en junio a unos 2.000 refugiados retenidos en Manus y las tremendas críticas internacionales. El Gobierno alegó que pactaba por “cautela” para evitar un largo proceso de resultado incierto.
Aquellos a los que ha reconocido la condición de refugiados están pendientes de la diplomacia y de tediosos trámites con la esperanza de ser llevados a Estados Unidos mediante un acuerdo pactado entre los predecesores de Donald Trump y el primer ministro australiano, Malcom Turnbull. Un pacto que el magnate estuvo a punto de dinamitar en su primera, e inolvidable, conversación telefónica con su homólogo de las antípodas. “¡Es un mal acuerdo! ¿Quién es esta gente? ¿De dónde vienen? ¿Se van a convertir en el próximo terrorista de Boston en cinco años?”, le espetó Trump a Turnbull cuando mencionó que había un pacto por el que EE UU había aceptado acoger a 1.250 de los retenidos en las remotas islas.
El australiano, asombrado, recalcó que lo pactado se debe cumplir y le explicó que los detenidos “no son mala gente”. Y, pacientemente, según la transcripción de la conversación difundida por el Washington Post, le explicó los fundamentos de la durísima política australiana con las llegadas ilegales por mar. “Para parar a los traficantes teníamos que quitarles la mercancía. Así que dijimos, si intentas venir a Australia en barco, incluso si eres un genio y premio Nobel, no te dejaremos entrar”. Pese a las voces que dio Trump entonces, los primeros 54 reasentados volaron a EE UU a finales de septiembre.
Antes, Australia intentó encontrar una solución más cerca de casa, pretendió reasentar en Camboya a los refugiados confinados en las islas. El plan fue un fracaso estrepitoso. Costó unos 36 millones de euros y solo siete refugiados aceptaron ser llevados allí.
Madrid, El País
Pocos lugares hay más remotos en el planeta que la isla de Manus, en medio de la nada, a mil kilómetros del punto más al norte de Australia. Allí, en territorio de Papúa Nueva Guinea, malviven confinados por las autoridades australianas 773 hombres que en los últimos cinco años intentaron llegar en barco a las costas australianas. Al menos la mitad son refugiados que huyen de persecuciones o guerras. Ambos países tienen previsto que el centro donde están detenidos cierre este martes, 31 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional de Papúa lo declarara ilegal. La política australiana para disuadir a los refugiados supone un precedente extremadamente preocupante para la ONU y diversas ONG, confinarlos le ha costado 3.000 millones de euros y se ha visto obligada a indemnizar a los afectados con 34 millones. Pero ha cumplido el objetivo de parar las llegadas por mar, ni un solo barco de migrantes arribó a sus costas en 2015 o 2016.
El año récord de llegadas fue 2013, con 300 barcos, y 20.587 migrantes. Entonces, el Gobierno de Australia decidió que todo el que llegara a su territorio por barco, incluso a pedir asilo, sería llevado a Papúa o a una isla-Estado aún más remota, Nauru, para que lo solicitara allí. Las condiciones son tan inhumanas que cuatro refugiados se han suicidado en poco más de un año, según la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). En estos cinco años han pasado por allí unas 3.000 personas.
No está claro qué ocurrirá con esos 773 hombres atrapados en Manus. Están detenidos de manera indefinida sin haber cometido ningún delito, recuerda por correo electrónico la presidenta en Australia del Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), Carolina Gottardo. La única certeza es que de ninguna manera pisarán territorio australiano porque así lo han proclamado las autoridades. Uno de esos confinados es Behrouz Boochani, un periodista kurdo de Irán detenido allí hace un lustro, que mediante tuits y una película que logró filmar con un iPhone y ayuda en remoto desde Holanda a través de WhatsApp -Chauka, dinos por favor qué hora es- ha abierto una rendija para ver las condiciones de detención. “Los locales están muy enfadados con el traslado de los refugiados a su pequeña comunidad. Pretenden protestar”, tuiteó este viernes el reportero, tras recordar que es una sociedad tribal que considera a estos foráneos peligrosos. Papúa es, además, un país con un problema de violencia endémico.
El centro de detención de Manus, al que Australia paga para que retenga a los migrantes, debe cerrar porque el Constitucional de Papúa lo declaró ilegal en 2016 por “violar el derecho a la libertad personal”. Las autoridades han propuesto a los detenidos regresar a sus países (algo inaceptable para aquellos que huyen de persecuciones), ir a Nauru o ser trasladados a otras instalaciones en la misma Papúa.
“Sería inconcebible que los mismos que crearon esta crisis abandonaran ahora a esos mismos seres humanos tan sumamente vulnerables”, ha dicho Thomas Albrecht, representante de Acnur en Canberra. “Legal y moralmente, Australia no puede abandonar a los que ha transferido forzosamente a Papúa Nueva Guinea y Nauru”.
En Nauru quedan 279 detenidos, incluidos 43 niños y 47 mujeres. Gottardo explica que la detención indefinida y las condiciones en las que están implican la violación de varios derechos básicos, incluidos el de no ser torturado ni sometido a un trato inhumano, el principio de no devolución de los refugiados o el derecho a que su demanda de asilo sea tramitada.
La política de enviar a lejanas islas a los interceptados en el mar le costó a Australia 2.700 millones de 2013 a 2016 y le costará otros 1.400 millones hasta 2020, según la estimación hecha por Unicef y Save The Children. Eso además de los 34 millones pagados en un pacto extrajudicial acordado en junio a unos 2.000 refugiados retenidos en Manus y las tremendas críticas internacionales. El Gobierno alegó que pactaba por “cautela” para evitar un largo proceso de resultado incierto.
Aquellos a los que ha reconocido la condición de refugiados están pendientes de la diplomacia y de tediosos trámites con la esperanza de ser llevados a Estados Unidos mediante un acuerdo pactado entre los predecesores de Donald Trump y el primer ministro australiano, Malcom Turnbull. Un pacto que el magnate estuvo a punto de dinamitar en su primera, e inolvidable, conversación telefónica con su homólogo de las antípodas. “¡Es un mal acuerdo! ¿Quién es esta gente? ¿De dónde vienen? ¿Se van a convertir en el próximo terrorista de Boston en cinco años?”, le espetó Trump a Turnbull cuando mencionó que había un pacto por el que EE UU había aceptado acoger a 1.250 de los retenidos en las remotas islas.
El australiano, asombrado, recalcó que lo pactado se debe cumplir y le explicó que los detenidos “no son mala gente”. Y, pacientemente, según la transcripción de la conversación difundida por el Washington Post, le explicó los fundamentos de la durísima política australiana con las llegadas ilegales por mar. “Para parar a los traficantes teníamos que quitarles la mercancía. Así que dijimos, si intentas venir a Australia en barco, incluso si eres un genio y premio Nobel, no te dejaremos entrar”. Pese a las voces que dio Trump entonces, los primeros 54 reasentados volaron a EE UU a finales de septiembre.
Antes, Australia intentó encontrar una solución más cerca de casa, pretendió reasentar en Camboya a los refugiados confinados en las islas. El plan fue un fracaso estrepitoso. Costó unos 36 millones de euros y solo siete refugiados aceptaron ser llevados allí.
