Cocarico advierte con juicios penales a avasalladores de tierras forestales
La Paz, ANFTras la quema de casuchas de indígenas tacanas con avasallamiento a tierras forestales en la provincia Iturralde del departamento de La Paz, el ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico advirtió este miércoles con procesos penales en resguardo de la reserva forestal del Estado y recomendó a los particulares afectados asuman defensa de sus tierras dotadas legalmente.
Cocarico sostuvo que hay personas mal intencionadas que han empezado a negociar tierras en el norte de La Paz y aseguró con mucha contundencia, que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y el INRA, van a ser intolerantes con este tipo de personas y procederán a allanar oficinas dedicadas a esta actividad ilícita.
La denuncia formulada ayer señalaba que al menos unos 800 personas afiliadas a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz e Interculturales, irrumpieron al sector de Tarene Chico en el municipio de ixiamas, donde quemaron viviendas rústicas de los indígenas para despojarles de sus tierras, y tomar el control para la explotación forestal.
Al respecto Cocarico sostuvo que "algunos se hacen pasar de dirigentes, algunos se arriman a organizaciones de prestigio como la Túpac Katari sin tener legitimidad, utilizan a las organizaciones sociales, para fines ilegales. Hemos tenido reunión interna y ellos saben también que no van a proteger a nadie que esté cometiendo actividades ilegales".
"No vamos a tolerar a nadie", afirmó el ministro al admitir que en el caso de la quema y el avasallamiento no tiene información precisa, más que la difundida por los medios de prensa, pero anunció que tomará contacto con el Alcalde de Ixiamas para recabar información.
Aclaró que la ley señala que las reservas forestales, son tierras fiscales indisponibles y si alguien se mete a una tierra fiscal, debe saber que el INRA nunca le podrá dotar, es más lo expulsará del lugar con el uso de la fuerza pública seguido de una denuncia penal.
Dijo que desde que asumió como autoridad, aplicó una política contra los avasallamientos. Precisó que en el caso de la provincia Iturralde, rige una norma que declara como reserva forestal a casi toda la provincia, por lo que no pueden haber asentamientos ilegales.
