Las claves que llevaron a Lenin Moreno a ser más popular que Rafael Correa alejándose de él
El presidente ecuatoriano goza con niveles de aprobación superiores a los de Rafael Correa, en la mira por los múltiples hechos de corrupción durante su gobierno
Mercedes Alvaro
Infobae
Con apenas tres meses y medio en el Gobierno, el Presidente ecuatoriano Lenin Moreno se ha convertido en el mandatario con el índice de aceptación más alto de los últimos 28 años, en medio de los escándalos de corrupción del gobierno de su antecesor, Rafael Correa, que siguen destapándose a diario en el país andino.
Mucha de esa aceptación y respaldo obedecen a su ofrecimiento de combatir la corrupción, de no encubrir a nada ni a nadie porque, según ha dicho, "la lucha contra la corrupción no admite lealtades malentendidas. ¡Lealtad no es obsecuencia!; ¡lealtad no es la sumisión al capo, ni defensa al amigo vivaracho!".
De acuerdo con las encuestadoras locales, el índice de aceptación de Moreno varía entre el 77% y el 84%, momento que podría ser ideal para pensar en una consulta popular, demandada por varios sectores para desmontar el entramado aparataje de control de todas las funciones del Estado por parte del Correísmo, echar al traste la figura de relección indefinida -introducida en el 2015 por los legisladores correístas mediante enmiendas constitucionales- reformar la Ley de Comunicación, considerada por expertos como una de las más retrógradas y restrictivas del Continente, e independizar la justicia.
El propio Moreno ha dado señales de que podría acudir a las urnas: "El mayor respeto a la democracia, el mejor tributo a la voluntad popular, es la posibilidad de acudir -las veces que sean necesarias- a que el pueblo se pronuncie sobre su futuro y sus instituciones. La verdad y la democracia son nuestras fortalezas, nadie, absolutamente nadie, logrará que traicionemos la esperanza de todos ustedes", dijo recientemente Moreno.
Y reforzó esas palabras afirmando que analiza llamar a una consulta y que el pueblo, que es el mandante, deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes, que garanticen el control de lo público.
Según el general Paco Moncayo, un ex héroe de guerra y ex candidato presidencial, la consulta popular es imprescindible en un país en el que los ideólogos de la denominada "Revolución Ciudadana", en el discurso y en la práctica, han trabajado con la visión de que la división de poderes no tiene sentido en el siglo XXI.
"Correa hizo una consulta para meterle la mano a la justicia, nombró su propia Corte Nacional de Justicia, su propio Procurador, su propio Fiscal, su propio Contralor; cambió la ley electoral para poder tomarse la Asamblea, introdujo reformas para permitir la reelección indefinida y perpetuarse en el poder; se tomó el Consejo Nacional Electoral, todo siguiendo el modelo chavista", dice Moncayo. "Se necesita una consulta para desarmar este modelo personalista que armaron el señor Correa y su equipo y que a la larga puede llevar a Ecuador por el mismo camino que Venezuela. Moreno puede marcar un punto de inflexión y salvarnos de este modelo".
Pero en Ecuador el panorama no está nada claro: Moreno no ha dado pista alguna de cuáles serían las preguntas que se incluyan en la Consulta Popular ni cuándo se la realizaría, y también ha dado mensajes contradictorios al mantener en puestos claves a ex funcionarios de Correa o hacer nombramientos que dejan en duda sus intenciones, como la designación de la Cónsul en Bélgica, que fue secretaria personal de Correa y una de las personas más cercanas al ex mandatario durante toda su gestión.
Adicionalmente, los máximos dirigentes de Alianza País, el movimiento político del cual son miembros y dirigentes tanto Correa como Moreno, ya cierran filas para tratar de impedir o limitar lo que se pregunte en la posible consulta.
El 6 de septiembre en una reunión en Quito de Alianza País una de sus directoras, Lira Vallejo, advirtió que ningún líder está por encima del proyecto de la Revolución Ciudadana, y en un mensaje en YouTube, la ex presidenta de la Asamblea Nacional y también dirigente de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, dijo que "la revolución ciudadana siempre respaldará una consulta popular como legítimo instrumento democrático", pero advirtió que "no apoyaremos procesos que respondan a la agenda de la derecha y de los poderes económicos del país; no apoyaremos una regresión de derechos políticos ni de desestabilización de la institucionalidad del país".
Rivadeneira fue más allá, aseguró que hay una campaña mediática con intereses políticos soterrados que pretenden desestabilizar no solo la democracia sino desprestigiar los 10 años de la Revolución Ciudadana y la imagen de los máximos dirigentes. "No nos van a debilitar; seguiremos juntos más que nunca, defendiendo nuestros ideales, nuestros principios y nuestro proyecto político", aseguró.
En Alianza País existe una medición de fuerzas, cada vez más evidente, entre quienes sostienen la línea del ex mandatario y quienes apoyan al nuevo Presidente, lo cual hace pensar a muchos que la idea de una consulta popular podría tener más la intención de zanjar diferencias políticas al interior del movimiento y controlar a los más fervientes defensores de Correa.
Si esa es la apuesta de Moreno sin duda, es un arma de doble filo.
"Convocar a la ciudadanía a dirimir aspectos fundamentales refuerza la Democracia, pero utilizar la consulta popular para resolver conflictos internos de un movimiento, para zanjar problemas de conflictividad entre actores o como un velo para encubrir reconfiguración de alianzas puede ser peligroso pues no se puede saber cuál será el desenlace", advierte Franklin Ramírez, profesor-investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Crisis política y Económica
Un vicepresidente -a quien el presidente le quitó funciones- cuestionado por una supuesta participación en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, y que critica públicamente al Presidente; un Contralor prófugo, un ministro de Hidrocarburos y un gerente de la principal empresa del país, la estatal Petroecuador, presos, son, entre otros signos, de la crisis que agobia al país, por la que cada vez surgen más voces que demandan la consulta popular y que han merecido la furiosa reacción del iracundo Correa, que a través de su cuenta de twitter o de sus enlaces digitales desde Bélgica, donde ahora vive, pidió a sus seguidores revelarse para defender su gestión, a la que él llama la década ganada, en contraposición con muchos ecuatorianos que hablan de la "década perdida" y de la "década robada".
A lo anterior se suma una aguda crisis económica, cuyos números fueron revelados por el propio Moreno: una deuda total de alrededor del 50% del Producto Interno Bruto, un servicio anual de deuda de alrededor de 10.000 millones por año, entre otros, que demuestran que la mesa tendida para su sucesor de la que habló Correa antes de dejar el Gobierno no tenía ni mantel peor aún comida.
La consulta popular, utilizada en innumerables ocasiones por Correa, podría ser una hábil estrategia de Moreno para dejar en claro que él maneja el Gobierno y no está siendo utilizado por el ex Presidente, para aglutinar fuerzas políticas a su favor e, incluso, lograr una mayoría real en la Asamblea Nacional a su favor, pero nada garantiza que logre esos resultados.
"Hay crisis en Alianza País, hay cuestionamientos y la bancada de Alianza País aduce que el Presidente Moreno está dando un giro ideológico que atenta contra los principios fundacionales de Alianza País", dice el experto de la Universidad Andina Simón Bolívar José Antonio Baquero. "Si no hay un desenlace claro y pronto, ya sea una consulta popular, dependiendo de las preguntas o un pacto de no agresión entre el Ejecutivo y Alianza País la gobernabilidad se va a ver afectada".
Expertos coinciden en afirmar que muchos de los problemas del país obedecen al diseño hiperpresidencialista instaurado con Correa y que la corrupción ha sido el elemento central de los 100 primeros días de gobierno de Moreno.
"Moreno ha dado señales claras de que no puede haber impunidad, que es lo que exige el país, pero no se puede descartar que en Ecuador suceda algo similar a lo que paso en Brasil ya que la corrupción puede tocar a muchos actores. Jugar con esa arma para atacar a ciertos sectores políticos puede ser complicado; el caso de Brasil fue un huracán que golpeó a toda la clase política, incluido el presidente Michel Temer", acotó Ramírez.
Infobae
Con apenas tres meses y medio en el Gobierno, el Presidente ecuatoriano Lenin Moreno se ha convertido en el mandatario con el índice de aceptación más alto de los últimos 28 años, en medio de los escándalos de corrupción del gobierno de su antecesor, Rafael Correa, que siguen destapándose a diario en el país andino.
Mucha de esa aceptación y respaldo obedecen a su ofrecimiento de combatir la corrupción, de no encubrir a nada ni a nadie porque, según ha dicho, "la lucha contra la corrupción no admite lealtades malentendidas. ¡Lealtad no es obsecuencia!; ¡lealtad no es la sumisión al capo, ni defensa al amigo vivaracho!".
De acuerdo con las encuestadoras locales, el índice de aceptación de Moreno varía entre el 77% y el 84%, momento que podría ser ideal para pensar en una consulta popular, demandada por varios sectores para desmontar el entramado aparataje de control de todas las funciones del Estado por parte del Correísmo, echar al traste la figura de relección indefinida -introducida en el 2015 por los legisladores correístas mediante enmiendas constitucionales- reformar la Ley de Comunicación, considerada por expertos como una de las más retrógradas y restrictivas del Continente, e independizar la justicia.
El propio Moreno ha dado señales de que podría acudir a las urnas: "El mayor respeto a la democracia, el mejor tributo a la voluntad popular, es la posibilidad de acudir -las veces que sean necesarias- a que el pueblo se pronuncie sobre su futuro y sus instituciones. La verdad y la democracia son nuestras fortalezas, nadie, absolutamente nadie, logrará que traicionemos la esperanza de todos ustedes", dijo recientemente Moreno.
Y reforzó esas palabras afirmando que analiza llamar a una consulta y que el pueblo, que es el mandante, deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes, que garanticen el control de lo público.
Según el general Paco Moncayo, un ex héroe de guerra y ex candidato presidencial, la consulta popular es imprescindible en un país en el que los ideólogos de la denominada "Revolución Ciudadana", en el discurso y en la práctica, han trabajado con la visión de que la división de poderes no tiene sentido en el siglo XXI.
"Correa hizo una consulta para meterle la mano a la justicia, nombró su propia Corte Nacional de Justicia, su propio Procurador, su propio Fiscal, su propio Contralor; cambió la ley electoral para poder tomarse la Asamblea, introdujo reformas para permitir la reelección indefinida y perpetuarse en el poder; se tomó el Consejo Nacional Electoral, todo siguiendo el modelo chavista", dice Moncayo. "Se necesita una consulta para desarmar este modelo personalista que armaron el señor Correa y su equipo y que a la larga puede llevar a Ecuador por el mismo camino que Venezuela. Moreno puede marcar un punto de inflexión y salvarnos de este modelo".
Pero en Ecuador el panorama no está nada claro: Moreno no ha dado pista alguna de cuáles serían las preguntas que se incluyan en la Consulta Popular ni cuándo se la realizaría, y también ha dado mensajes contradictorios al mantener en puestos claves a ex funcionarios de Correa o hacer nombramientos que dejan en duda sus intenciones, como la designación de la Cónsul en Bélgica, que fue secretaria personal de Correa y una de las personas más cercanas al ex mandatario durante toda su gestión.
Adicionalmente, los máximos dirigentes de Alianza País, el movimiento político del cual son miembros y dirigentes tanto Correa como Moreno, ya cierran filas para tratar de impedir o limitar lo que se pregunte en la posible consulta.
El 6 de septiembre en una reunión en Quito de Alianza País una de sus directoras, Lira Vallejo, advirtió que ningún líder está por encima del proyecto de la Revolución Ciudadana, y en un mensaje en YouTube, la ex presidenta de la Asamblea Nacional y también dirigente de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, dijo que "la revolución ciudadana siempre respaldará una consulta popular como legítimo instrumento democrático", pero advirtió que "no apoyaremos procesos que respondan a la agenda de la derecha y de los poderes económicos del país; no apoyaremos una regresión de derechos políticos ni de desestabilización de la institucionalidad del país".
Rivadeneira fue más allá, aseguró que hay una campaña mediática con intereses políticos soterrados que pretenden desestabilizar no solo la democracia sino desprestigiar los 10 años de la Revolución Ciudadana y la imagen de los máximos dirigentes. "No nos van a debilitar; seguiremos juntos más que nunca, defendiendo nuestros ideales, nuestros principios y nuestro proyecto político", aseguró.
En Alianza País existe una medición de fuerzas, cada vez más evidente, entre quienes sostienen la línea del ex mandatario y quienes apoyan al nuevo Presidente, lo cual hace pensar a muchos que la idea de una consulta popular podría tener más la intención de zanjar diferencias políticas al interior del movimiento y controlar a los más fervientes defensores de Correa.
Si esa es la apuesta de Moreno sin duda, es un arma de doble filo.
"Convocar a la ciudadanía a dirimir aspectos fundamentales refuerza la Democracia, pero utilizar la consulta popular para resolver conflictos internos de un movimiento, para zanjar problemas de conflictividad entre actores o como un velo para encubrir reconfiguración de alianzas puede ser peligroso pues no se puede saber cuál será el desenlace", advierte Franklin Ramírez, profesor-investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Crisis política y Económica
Un vicepresidente -a quien el presidente le quitó funciones- cuestionado por una supuesta participación en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, y que critica públicamente al Presidente; un Contralor prófugo, un ministro de Hidrocarburos y un gerente de la principal empresa del país, la estatal Petroecuador, presos, son, entre otros signos, de la crisis que agobia al país, por la que cada vez surgen más voces que demandan la consulta popular y que han merecido la furiosa reacción del iracundo Correa, que a través de su cuenta de twitter o de sus enlaces digitales desde Bélgica, donde ahora vive, pidió a sus seguidores revelarse para defender su gestión, a la que él llama la década ganada, en contraposición con muchos ecuatorianos que hablan de la "década perdida" y de la "década robada".
A lo anterior se suma una aguda crisis económica, cuyos números fueron revelados por el propio Moreno: una deuda total de alrededor del 50% del Producto Interno Bruto, un servicio anual de deuda de alrededor de 10.000 millones por año, entre otros, que demuestran que la mesa tendida para su sucesor de la que habló Correa antes de dejar el Gobierno no tenía ni mantel peor aún comida.
La consulta popular, utilizada en innumerables ocasiones por Correa, podría ser una hábil estrategia de Moreno para dejar en claro que él maneja el Gobierno y no está siendo utilizado por el ex Presidente, para aglutinar fuerzas políticas a su favor e, incluso, lograr una mayoría real en la Asamblea Nacional a su favor, pero nada garantiza que logre esos resultados.
"Hay crisis en Alianza País, hay cuestionamientos y la bancada de Alianza País aduce que el Presidente Moreno está dando un giro ideológico que atenta contra los principios fundacionales de Alianza País", dice el experto de la Universidad Andina Simón Bolívar José Antonio Baquero. "Si no hay un desenlace claro y pronto, ya sea una consulta popular, dependiendo de las preguntas o un pacto de no agresión entre el Ejecutivo y Alianza País la gobernabilidad se va a ver afectada".
Expertos coinciden en afirmar que muchos de los problemas del país obedecen al diseño hiperpresidencialista instaurado con Correa y que la corrupción ha sido el elemento central de los 100 primeros días de gobierno de Moreno.
"Moreno ha dado señales claras de que no puede haber impunidad, que es lo que exige el país, pero no se puede descartar que en Ecuador suceda algo similar a lo que paso en Brasil ya que la corrupción puede tocar a muchos actores. Jugar con esa arma para atacar a ciertos sectores políticos puede ser complicado; el caso de Brasil fue un huracán que golpeó a toda la clase política, incluido el presidente Michel Temer", acotó Ramírez.
