La policía investiga la corrupción en torno a Netanyahu
La brigada anticorrupción interroga a un exjefe de gabinete y al abogado personal del primer ministro
Juan Carlos Sanz
Jerusalén, El País
El Lahav 433, la brigada contra el crimen organizado de la policía de Israel, ha estrechado en las últimas semanas el cerco en torno a las conexiones que el jefe del Gobierno, Benjamín Netanyahu, en el poder desde 2009, mantuvo con un antiguo jefe de gabinete y con uno de sus abogados personales, acusados ambos de actividades fraudulentas. La unidad equivalente al FBI del Estado hebreo cuenta ya con un testigo de cargo dispuesto a declarar: el intermediario israelí en un cuestionado contrato de compra de submarinos alemanes.
Los expedientes policiales de corrupción que salpican a Netanyahu se cuentan de mil en mil. El caso 1.000, sobre la polémica entrega de regalos, como puros habanos Cohiba, de magnates de las finanzas al primer ministro israelí. El caso 2.000, por supuestas componendas con el editor de Yedioth Ahronoth, el diario de pago de mayor circulación del país. Y el caso 3.000, por el presunto cobro de comisiones en la adquisición de sumergibles a la compañía Thyssen Krupp Marine Systems. Por si fuera poco, Sara Netanyahu, su esposa, fue convocada este miércoles en las dependencias del Lahav 443 en la ciudad de Lod, 25 kilómetros al sureste de Tel Aviv, para ser interrogada por cuarta vez por irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a la residencia oficial del primer ministro.
En un país que encarceló durante cinco años a un presidente —Moshe Katsav, condenado en 2010 por violación y agresiones sexuales— y que mantuvo entre rejas más de 14 meses a un jefe de Gobierno —Ehud Olmert, declarado culpable de delitos de corrupción por sentencia firme en 2016—, está más que demostrado que ni las más altas magistraturas del Estado se hallan a salvo de una brigada policial que hace gala de independencia.
Según revelaba este miércoles al unísono la prensa israelí, los detectives del Lahav 443 están negociando en los últimos días un acuerdo con Ari Harow, exjefe de gabinete de Netanyahu, para ofrecerle una reducción de condena en el proceso que afronta —por sospechas de conflicto de intereses durante su gestión entre 2014 y 2015— a cambio de que acepte declarar como testigo de cargo sobre sus actividades al servicio del primer ministro.
Harow, nacido hace 44 años en Los Ángeles, colaboró con el líder del Likud desde 2002 en la obtención de donaciones en la comunidad judía de Estados Unidos, y fue también jefe de su oficina en el partido conservador hasta 2010. Posteriormente, fundó la consultora H3 Global, dedicada a ofrecer contactos de alto nivel con el Gobierno israelí a empresas, organizaciones y dirigentes de otros países.
Arresto en el aeropuerto
La brigada anticorrupción le acusa ahora de haber seguido manejando los hilos de la compañía a su regreso al Ejecutivo como mano derecha de Netanyahu, pese a haber declarado oficialmente que se había desprendido de sus participaciones.
Los investigadores consideran que su testimonio puede ser clave en los llamados caso 1.000, por sus estrechas relaciones con hombres de negocios que financiaron las campañas políticas del actual primer ministro, y caso 2.000, ya que fue él quien grabó la conversación entre el editor Noni Mozes y el jefe del Gobierno, en la que este último le propuso ventajas económicas para su grupo de prensa a cambio de garantizarle una cobertura favorable de su actividad política.
Harow fue detenido en el aeropuerto de Tel Aviv a finales de 2015 y la policía ha presentado ya cargos para que sea procesado por la justicia. “Es la última persona a la que Netanyahu desearía ver declarando como testigo en su contra”, sostenía el analista político Ben Caspit en la edición de ayer de Maariv. “Sabe que se enfrenta a una condena de varios años de cárcel. Y lo único que puede entregar es [la cabeza de] Netanyahu”.
Michael Ganor, mediador en la venta de submarinos alemanes a Israel, firmó a finales de julio un compromiso con la brigada anticorrupción de la policía para declarar como testigo de cargo en el llamado caso 3.000. Sus revelaciones a los detectives del Lahav 443 han salpicado ya a varios mandos de la Armada que intervinieron en la adjudicación de los sumergibles.
El próximo torpedo de su testimonio parece apuntar hacia el abogado David Shimron, que actuó como su asesor legal en las negociaciones con los astilleros de Thyssen Krupp. Shimron, que quedó bajo arresto domiciliario el pasado 12 de julio para ser interrogado, forma parte del bufete de abogados que lleva asuntos políticos y personales del Netanyahu. Además, se encuentra emparentado con el primer ministro.
Jerusalén, El País
El Lahav 433, la brigada contra el crimen organizado de la policía de Israel, ha estrechado en las últimas semanas el cerco en torno a las conexiones que el jefe del Gobierno, Benjamín Netanyahu, en el poder desde 2009, mantuvo con un antiguo jefe de gabinete y con uno de sus abogados personales, acusados ambos de actividades fraudulentas. La unidad equivalente al FBI del Estado hebreo cuenta ya con un testigo de cargo dispuesto a declarar: el intermediario israelí en un cuestionado contrato de compra de submarinos alemanes.
Los expedientes policiales de corrupción que salpican a Netanyahu se cuentan de mil en mil. El caso 1.000, sobre la polémica entrega de regalos, como puros habanos Cohiba, de magnates de las finanzas al primer ministro israelí. El caso 2.000, por supuestas componendas con el editor de Yedioth Ahronoth, el diario de pago de mayor circulación del país. Y el caso 3.000, por el presunto cobro de comisiones en la adquisición de sumergibles a la compañía Thyssen Krupp Marine Systems. Por si fuera poco, Sara Netanyahu, su esposa, fue convocada este miércoles en las dependencias del Lahav 443 en la ciudad de Lod, 25 kilómetros al sureste de Tel Aviv, para ser interrogada por cuarta vez por irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a la residencia oficial del primer ministro.
En un país que encarceló durante cinco años a un presidente —Moshe Katsav, condenado en 2010 por violación y agresiones sexuales— y que mantuvo entre rejas más de 14 meses a un jefe de Gobierno —Ehud Olmert, declarado culpable de delitos de corrupción por sentencia firme en 2016—, está más que demostrado que ni las más altas magistraturas del Estado se hallan a salvo de una brigada policial que hace gala de independencia.
Según revelaba este miércoles al unísono la prensa israelí, los detectives del Lahav 443 están negociando en los últimos días un acuerdo con Ari Harow, exjefe de gabinete de Netanyahu, para ofrecerle una reducción de condena en el proceso que afronta —por sospechas de conflicto de intereses durante su gestión entre 2014 y 2015— a cambio de que acepte declarar como testigo de cargo sobre sus actividades al servicio del primer ministro.
Harow, nacido hace 44 años en Los Ángeles, colaboró con el líder del Likud desde 2002 en la obtención de donaciones en la comunidad judía de Estados Unidos, y fue también jefe de su oficina en el partido conservador hasta 2010. Posteriormente, fundó la consultora H3 Global, dedicada a ofrecer contactos de alto nivel con el Gobierno israelí a empresas, organizaciones y dirigentes de otros países.
Arresto en el aeropuerto
La brigada anticorrupción le acusa ahora de haber seguido manejando los hilos de la compañía a su regreso al Ejecutivo como mano derecha de Netanyahu, pese a haber declarado oficialmente que se había desprendido de sus participaciones.
Los investigadores consideran que su testimonio puede ser clave en los llamados caso 1.000, por sus estrechas relaciones con hombres de negocios que financiaron las campañas políticas del actual primer ministro, y caso 2.000, ya que fue él quien grabó la conversación entre el editor Noni Mozes y el jefe del Gobierno, en la que este último le propuso ventajas económicas para su grupo de prensa a cambio de garantizarle una cobertura favorable de su actividad política.
Harow fue detenido en el aeropuerto de Tel Aviv a finales de 2015 y la policía ha presentado ya cargos para que sea procesado por la justicia. “Es la última persona a la que Netanyahu desearía ver declarando como testigo en su contra”, sostenía el analista político Ben Caspit en la edición de ayer de Maariv. “Sabe que se enfrenta a una condena de varios años de cárcel. Y lo único que puede entregar es [la cabeza de] Netanyahu”.
Michael Ganor, mediador en la venta de submarinos alemanes a Israel, firmó a finales de julio un compromiso con la brigada anticorrupción de la policía para declarar como testigo de cargo en el llamado caso 3.000. Sus revelaciones a los detectives del Lahav 443 han salpicado ya a varios mandos de la Armada que intervinieron en la adjudicación de los sumergibles.
El próximo torpedo de su testimonio parece apuntar hacia el abogado David Shimron, que actuó como su asesor legal en las negociaciones con los astilleros de Thyssen Krupp. Shimron, que quedó bajo arresto domiciliario el pasado 12 de julio para ser interrogado, forma parte del bufete de abogados que lleva asuntos políticos y personales del Netanyahu. Además, se encuentra emparentado con el primer ministro.
