Exministra Moreira, imputada por la crisis del agua, fue nombrada en el servicio exterior

ANF
La exministra de Agua y Medio Ambiente, Alexandra Moreira, imputada por la Fiscalía por el delito de atentados a los servicios públicos, a raíz de la crisis del agua en La Paz, fue nombrada funcionaria en el servicio exterior, de acuerdo con su declaración jurada en la Contraloría General del Estado.


Moreira hizo su declaración jurada recientemente, el viernes 25 de agosto. Ahora ocupa un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el servicio exterior. ANF conoció extraoficialmente, de acuerdo con fuentes vinculadas a la Cancillería, que Moreira asumirá un cargo en la Embajada de Bolivia en México.

La exautoridad junto a otros servidores públicos es investigada porque 94 barrios de La Paz en la zona Sur y la ladera Este de La Paz, en noviembre de 2016, se quedaron sin agua, producto del descenso de los niveles de la represa en Hampaturi.

Varias querellas se presentaron después del problema que dejó sin agua a varios barrios de esta ciudad. El interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Humberto Claure, interpuso una denuncia penal contra sus dos antecesores, Rudy Rojas y Hugo Gómez.

Por su parte, el senador Yerko Núñez (UD) presentó una denuncia penal por los delitos de incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública en contra de la entonces ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira; el exdirector de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe; entre otros.

Pese a las críticas contra el Gobierno por la "mala administración” del problema originado por la falta de provisión de agua, las autoridades no prescindieron de Moreira. Renunció el 18 de enero de este año, poco antes de ser interpelada en la Asamblea Legislativa.

A 10 meses de haber sucedido este hecho aún no existe acusación del Ministerio Público. Moreira concurrió a declarar en la Fiscalía, y el caso sigue pendiente de ser resuelto.

A fines de noviembre de 2016, el vicepresidente Álvaro García Linera comprometió que una vez se concluya con la auditoría del interventor de EPSAS se enjuiciará a todos los funcionarios y autoridades que sean responsables, entre ellas Moreira.

Incluso anunció que se tomaron los recaudos para que los posibles acusados no salgan del país. "Los vamos a enjuiciar, le hemos pedido al interventor de EPSAS una auditoría y todos los responsables de esta barbaridad, de este crimen para mí, tienen que ir a pagar sus penas”, dijo ese tiempo.

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