El déficit fiscal alcanzó hasta abril los Bs 2.393 millones
Expertos señalan que si bien el déficit no es preocupante, son necesarias medidas para racionalizar el gasto, eliminar consultorías o publicidad irrelevante.
Manuel Filomeno / La Paz
El déficit del Sector Público No Financiero alcanzó los 2.393 millones de bolivianos hasta abril de 2017, de acuerdo con datos del viceministerio del Tesoro y Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
En los primeros cuatro meses del año, los ingresos del sector público ascendieron a 33.707 millones de bolivianos, mientras que los egresos fueron de 36.099 millones.
En el mismo periodo de 2016, el sector público (que abarca al gobierno general y empresas públicas ) tuvo un superávit de 4.017 millones de bolivianos.
Los datos del déficit muestran una baja en los ingresos por hidrocarburos y mayores egresos en las partidas de servicios personales, bienes y servicios (ver gráfica).
Asimismo, las partidas de ingresos tributarios y de ingresos de capital crecieron en comparación con el mismo periodo de 2016.
En febrero pasado, durante la firma del Programa Fiscal Financiero 2017, el Gobierno informó que para este año se proyecta un déficit fiscal de 6,5%; sin embargo, en el Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado para 2017, éste se estimó en 7,8%.
Según esta proyección, la diferencia entre ingresos y gastos ascenderá a 20.550 millones de bolivianos. El Gobierno señaló entonces que el déficit se origina por el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene una agresiva inversión pública, financiada por el ahorro de años anteriores y financiamiento externo.
De acuerdo con el analista económico Alberto Bonadona, el déficit hasta abril es razonable y no debería generar preocupación.
"Lo que nos dicen los datos es que la relación negativa entre los ingresos y egresos es inferior al 3% del PIB, por lo que es relativamente manejable y no es preocupante, pero éste se está financiando mediante una mayor presión tributaria sobre los ciudadanos y la emisión de bonos, lo que a la larga puede ser contraproducente”, advirtió.
Por su parte, la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Beatriz Muriel, indicó que para reducir la brecha fiscal urge racionalizar los gastos corrientes, reduciendo aquellos innecesarios y buscar una mayor efectividad.
"Por ejemplo, se puede eliminar consultorías que no sean relevantes, publicidad innecesaria entre otros que no tienen resultados ni impactos concretos para la sociedad”, precisó.
También se debe mejorar la calidad del gasto, buscar mayor efectividad y evitar la duplicidad de funciones y tareas.
Asimismo, sostuvo que se pueden re-evaluar algunas inversiones públicas.
"En particular aquellas que no son prioritarias bajo principios de resultados e impactos concretos para la sociedad, y aún más aquellos que pueden correr el riesgo de ser "elefantes blancos”, anotó.
Respecto a los efectos que podría tener esta reducción del gasto público, Muriel señala que todo depende de la manera en la éste sea ejecutado.
"El Gobierno gasta en bienes y servicios tanto extranjeros como domésticos. El efecto negativo sobre la economía entonces se da si se reduce el consumo público por aquellos producidos en el país. En este marco el Gobierno puede, en alguna medida, dar prioridad a la producción interna en ciertas compras”, añadió.
Para la analista, es evidente que el país enfrenta una desaceleración y se debe evaluar si es que se están adoptando las medidas adecuadas.
"La economía debe ser evaluada desde un enfoque de largo plazo para minimizar los shocks negativos. Por ejemplo, si hoy decido aumentar gasto vía endeudamiento, mañana ciertamente tendré que reducir algún gasto público para pagar la deuda”, explicó.
Economía: La brecha en las empresas es por inversión
El Ministerio de Economía informó ayer que el déficit en las empresas públicas está originado en las inversiones que las estatales ejecutan.
"El défict fiscal de 1.841 millones de bolivianos se debe en su totalidad a los gastos de capital que realizan las empresas que llegó a 2.318 millones de bolivianos. Es decir, que de no haberse realizado inversiones en el país, el balance de las empresas públicas registraría un saldo superavitario”, precisa el Ministerio.
Este año, señala, se tiene un presupuesto de 16.158 millones de bolivianos para las empresas públicas de las cuales se han ejecutado recursos para proyectos como la planta de urea y amoniaco, la generación de electricidad a través de los proyectos de ciclos combinados, hidroeléctrica de Miguillas y Misicuni y la planta de salmuera del Salar de Uyuni entre otros.
Esa cartera de Estado sostiene además que la salud financiera de las empresas públicas no se evalúa por el flujo de caja. "El desempeño financiero de una empresa se mide a través de la utilidad neta que se calcula a partir de sus estados financieros una vez al año. A partir de 2006, las empresas públicas han reportado todos los años utilidades para el erario nacional”, subraya.
Añade que entre 2006 y 2016 se generaron 40.943 millones de bolivianos y en la gestión 2006 llegaron a 941 millones. Las firmas contribuyen al bono Juancito Pinto y Renta Dignidad,
De acuerdo con el Ministerio de Economía, las declaraciones del presidente de la CANEB, Wilfredo Rojo o José Luis Parada son infundadas.
El déficit del Sector Público No Financiero alcanzó los 2.393 millones de bolivianos hasta abril de 2017, de acuerdo con datos del viceministerio del Tesoro y Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
En los primeros cuatro meses del año, los ingresos del sector público ascendieron a 33.707 millones de bolivianos, mientras que los egresos fueron de 36.099 millones.
En el mismo periodo de 2016, el sector público (que abarca al gobierno general y empresas públicas ) tuvo un superávit de 4.017 millones de bolivianos.
Los datos del déficit muestran una baja en los ingresos por hidrocarburos y mayores egresos en las partidas de servicios personales, bienes y servicios (ver gráfica).
Asimismo, las partidas de ingresos tributarios y de ingresos de capital crecieron en comparación con el mismo periodo de 2016.
En febrero pasado, durante la firma del Programa Fiscal Financiero 2017, el Gobierno informó que para este año se proyecta un déficit fiscal de 6,5%; sin embargo, en el Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado para 2017, éste se estimó en 7,8%.
Según esta proyección, la diferencia entre ingresos y gastos ascenderá a 20.550 millones de bolivianos. El Gobierno señaló entonces que el déficit se origina por el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene una agresiva inversión pública, financiada por el ahorro de años anteriores y financiamiento externo.
De acuerdo con el analista económico Alberto Bonadona, el déficit hasta abril es razonable y no debería generar preocupación.
"Lo que nos dicen los datos es que la relación negativa entre los ingresos y egresos es inferior al 3% del PIB, por lo que es relativamente manejable y no es preocupante, pero éste se está financiando mediante una mayor presión tributaria sobre los ciudadanos y la emisión de bonos, lo que a la larga puede ser contraproducente”, advirtió.
Por su parte, la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Beatriz Muriel, indicó que para reducir la brecha fiscal urge racionalizar los gastos corrientes, reduciendo aquellos innecesarios y buscar una mayor efectividad.
"Por ejemplo, se puede eliminar consultorías que no sean relevantes, publicidad innecesaria entre otros que no tienen resultados ni impactos concretos para la sociedad”, precisó.
También se debe mejorar la calidad del gasto, buscar mayor efectividad y evitar la duplicidad de funciones y tareas.
Asimismo, sostuvo que se pueden re-evaluar algunas inversiones públicas.
"En particular aquellas que no son prioritarias bajo principios de resultados e impactos concretos para la sociedad, y aún más aquellos que pueden correr el riesgo de ser "elefantes blancos”, anotó.
Respecto a los efectos que podría tener esta reducción del gasto público, Muriel señala que todo depende de la manera en la éste sea ejecutado.
"El Gobierno gasta en bienes y servicios tanto extranjeros como domésticos. El efecto negativo sobre la economía entonces se da si se reduce el consumo público por aquellos producidos en el país. En este marco el Gobierno puede, en alguna medida, dar prioridad a la producción interna en ciertas compras”, añadió.
Para la analista, es evidente que el país enfrenta una desaceleración y se debe evaluar si es que se están adoptando las medidas adecuadas.
"La economía debe ser evaluada desde un enfoque de largo plazo para minimizar los shocks negativos. Por ejemplo, si hoy decido aumentar gasto vía endeudamiento, mañana ciertamente tendré que reducir algún gasto público para pagar la deuda”, explicó.
Economía: La brecha en las empresas es por inversión
El Ministerio de Economía informó ayer que el déficit en las empresas públicas está originado en las inversiones que las estatales ejecutan.
"El défict fiscal de 1.841 millones de bolivianos se debe en su totalidad a los gastos de capital que realizan las empresas que llegó a 2.318 millones de bolivianos. Es decir, que de no haberse realizado inversiones en el país, el balance de las empresas públicas registraría un saldo superavitario”, precisa el Ministerio.
Este año, señala, se tiene un presupuesto de 16.158 millones de bolivianos para las empresas públicas de las cuales se han ejecutado recursos para proyectos como la planta de urea y amoniaco, la generación de electricidad a través de los proyectos de ciclos combinados, hidroeléctrica de Miguillas y Misicuni y la planta de salmuera del Salar de Uyuni entre otros.
Esa cartera de Estado sostiene además que la salud financiera de las empresas públicas no se evalúa por el flujo de caja. "El desempeño financiero de una empresa se mide a través de la utilidad neta que se calcula a partir de sus estados financieros una vez al año. A partir de 2006, las empresas públicas han reportado todos los años utilidades para el erario nacional”, subraya.
Añade que entre 2006 y 2016 se generaron 40.943 millones de bolivianos y en la gestión 2006 llegaron a 941 millones. Las firmas contribuyen al bono Juancito Pinto y Renta Dignidad,
De acuerdo con el Ministerio de Economía, las declaraciones del presidente de la CANEB, Wilfredo Rojo o José Luis Parada son infundadas.
