Allanada la residencia de la fiscal rebelde Ortega Díaz en Caracas
Ni Ortega ni su marido se encontraban en la vivienda, pero una empleada del hogar fue detenida
Ewald Scharfenberg
Caracas, El País
La persecución del Gobierno de Nicolás Maduro contra la fiscal disidente Luisa Ortega Díaz se agudizó esta tarde del miércoles cuando cuerpos de seguridad allanaron su apartamento en el este de Caracas, apenas minutos después de que el fiscal general recién designado por la Asamblea Constituyente chavista, Tarek William Saab, pidiera la emisión de una orden de captura contra el esposo de Ortega. En el momento del allanamiento ni Ortega ni su marido se encontraban en la vivienda, pero una empleada del hogar fue detenida.
Se trata de un nuevo episodio en el conflicto institucional que se vive en Venezuela desde que en octubre pasado el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, declaró en desacato al Parlamento de mayoría opositora, así como nulas todas sus actuaciones. En la subsiguiente escalada de obstrucciones mutuas, el mismo tribunal emitió a finales de marzo un veredicto en el que despojaba a la Asamblea Nacional de sus facultades legislativas para traspasarlas al presidente Nicolás Maduro. Esa medida, que la oposición denunció como un golpe de Estado y dio lugar a cuatro meses de protestas, fue también desafiada en esa oportunidad por Ortega Díaz, quien desde la Fiscalía General determinó que se trataba, en efecto, de una interrupción "del orden Constitucional". Fue tan solo la primera expresión pública de una disidencia que se hizo aún más abierta cuando Ortega criticó, desde posiciones de un chavismo "original", la convocatoria de una Asamblea Constituyente "presidencial" por parte de Maduro.
El ajuste de cuentas institucional adquirió entonces un cariz intestino para el oficialismo. La primera decisión de la Constituyente chavista, instalada el 6 de agosto, fue la remoción de Ortega de su cargo y la designación de un sucesor, Tarek William Saab, ex Defensor del Pueblo, exgobernador del Estado de Anzoátegui por el progubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y obediente ficha de la Revolución. La decisión se hizo para prever los efectos de la causa penal abierta contra Ortega ante el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en el ejercicio del cargo.
Independientemente de esa causa –que sigue su curso en el Supremo y pudiera llevar a prisión a Ortega–, este miércoles el poderoso número dos del PSUV, Diosdado Cabello, también diputado de la Constituyente, acudió a la sede de la Fiscalía General para exigir a Saab la apertura de una investigación contra el esposo de Ortega Díaz, Germán Ferrer, diputado a la asediada Asamblea Nacional por el PSUV, y quien también rompió recientemente con el oficialismo.
Según Cabello, Ferrer es el cabecilla de una red de extorsión que actuaba en el interior de la Fiscalía, de la que Ortega Díaz fue titular desde 2007. "Aquí había una red de extorsión", dijo el excapitán del Ejército Cabello a la salida de su diligencia ante el Ministerio Público. "Fiscales que chantajeaban a empresarios y les pedían 600.000 dólares (...) Es difícil que eso haya funcionado sin el conocimiento de la doctora Ortega", siguió sumando sospechas en torno a la exfiscal, a quien Cabello patrocinó para el cargo en 2007.
De inmediato, el nuevo fiscal Saab pidió que se emitiera una orden de captura contra Ferrer y que se le despojara de manera sumaria de su fuero parlamentario por vía de la Asamblea Constituyente. De acuerdo con Saab, cuatro exfuncionarios del Ministerio Público fueron detenidos "en flagrancia". Mostró copias de documentos sobre la presunta apertura de cuentas bancarias por parte de Ferrer y empleados de la Fiscalía, con saldos de hasta seis millones de dólares. "¿Cómo un parlamentario, con un sueldo que se sabe modesto, puede abrir cuentas en dólares?", se preguntó Saab ante los reporteros.
El allanamiento de la morada de la pareja Ferrer-Ortega, en el sector de La Florida en Caracas –un barrio de clase media alta, preferido por la jerarquía chavista, en el norte de Caracas– estuvo a cargo de la policía política, Sebin, y se cree que forma parte de las investigaciones en torno a la supuesta red de chantaje y legitimación de capitales.
Caracas, El País
La persecución del Gobierno de Nicolás Maduro contra la fiscal disidente Luisa Ortega Díaz se agudizó esta tarde del miércoles cuando cuerpos de seguridad allanaron su apartamento en el este de Caracas, apenas minutos después de que el fiscal general recién designado por la Asamblea Constituyente chavista, Tarek William Saab, pidiera la emisión de una orden de captura contra el esposo de Ortega. En el momento del allanamiento ni Ortega ni su marido se encontraban en la vivienda, pero una empleada del hogar fue detenida.
Se trata de un nuevo episodio en el conflicto institucional que se vive en Venezuela desde que en octubre pasado el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, declaró en desacato al Parlamento de mayoría opositora, así como nulas todas sus actuaciones. En la subsiguiente escalada de obstrucciones mutuas, el mismo tribunal emitió a finales de marzo un veredicto en el que despojaba a la Asamblea Nacional de sus facultades legislativas para traspasarlas al presidente Nicolás Maduro. Esa medida, que la oposición denunció como un golpe de Estado y dio lugar a cuatro meses de protestas, fue también desafiada en esa oportunidad por Ortega Díaz, quien desde la Fiscalía General determinó que se trataba, en efecto, de una interrupción "del orden Constitucional". Fue tan solo la primera expresión pública de una disidencia que se hizo aún más abierta cuando Ortega criticó, desde posiciones de un chavismo "original", la convocatoria de una Asamblea Constituyente "presidencial" por parte de Maduro.
El ajuste de cuentas institucional adquirió entonces un cariz intestino para el oficialismo. La primera decisión de la Constituyente chavista, instalada el 6 de agosto, fue la remoción de Ortega de su cargo y la designación de un sucesor, Tarek William Saab, ex Defensor del Pueblo, exgobernador del Estado de Anzoátegui por el progubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y obediente ficha de la Revolución. La decisión se hizo para prever los efectos de la causa penal abierta contra Ortega ante el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en el ejercicio del cargo.
Independientemente de esa causa –que sigue su curso en el Supremo y pudiera llevar a prisión a Ortega–, este miércoles el poderoso número dos del PSUV, Diosdado Cabello, también diputado de la Constituyente, acudió a la sede de la Fiscalía General para exigir a Saab la apertura de una investigación contra el esposo de Ortega Díaz, Germán Ferrer, diputado a la asediada Asamblea Nacional por el PSUV, y quien también rompió recientemente con el oficialismo.
Según Cabello, Ferrer es el cabecilla de una red de extorsión que actuaba en el interior de la Fiscalía, de la que Ortega Díaz fue titular desde 2007. "Aquí había una red de extorsión", dijo el excapitán del Ejército Cabello a la salida de su diligencia ante el Ministerio Público. "Fiscales que chantajeaban a empresarios y les pedían 600.000 dólares (...) Es difícil que eso haya funcionado sin el conocimiento de la doctora Ortega", siguió sumando sospechas en torno a la exfiscal, a quien Cabello patrocinó para el cargo en 2007.
De inmediato, el nuevo fiscal Saab pidió que se emitiera una orden de captura contra Ferrer y que se le despojara de manera sumaria de su fuero parlamentario por vía de la Asamblea Constituyente. De acuerdo con Saab, cuatro exfuncionarios del Ministerio Público fueron detenidos "en flagrancia". Mostró copias de documentos sobre la presunta apertura de cuentas bancarias por parte de Ferrer y empleados de la Fiscalía, con saldos de hasta seis millones de dólares. "¿Cómo un parlamentario, con un sueldo que se sabe modesto, puede abrir cuentas en dólares?", se preguntó Saab ante los reporteros.
El allanamiento de la morada de la pareja Ferrer-Ortega, en el sector de La Florida en Caracas –un barrio de clase media alta, preferido por la jerarquía chavista, en el norte de Caracas– estuvo a cargo de la policía política, Sebin, y se cree que forma parte de las investigaciones en torno a la supuesta red de chantaje y legitimación de capitales.
