Un juez de Hawái permite a los abuelos eludir el veto migratorio de Trump
El juez interpreta que la expresión "familiares cercanos" incluye también a los abuelos de los inmigrantes legales de los seis países musulmanes vetados
Pablo Ximénez de Sandoval
Corresponsal en California
Los Ángeles, El País
Un juez federal de Hawái hizo el jueves su propia interpretación de los límites del veto migratorio del Gobierno de Estados Unidos y dictó una resolución por la cual considera que la medida no afecta a los abuelos de residentes permanentes o ciudadanos. La decisión contradice abiertamente la interpretación que hizo el Departamento de Justicia de una decisión previa del Tribunal Supremo y abre un nuevo frente de conflicto en este asunto para el Gobierno.
El llamado veto migratorio fue un decreto de Donald Trump en los primeros días de su Gobierno que cerraba las puertas de Estados Unidos a personas de siete países de la noche a la mañana. Los jueces suspendieron cautelarmente su aplicación por supuesta inconstitucionalidad después de que generara el caos en los aeropuertos. Fue sustituido por una segunda versión que solo afectaba a seis países (Siria, Sudán, Yemen, Somalia, Libia e Irán) y retrasaba su entrada en vigor hasta este mes de julio. La segunda versión fue también denunciada y paralizada por jueces federales. Pero el pasado 26 de julio el Tribunal Supremo decidió levantar la medida cautelar y permitir que, mientras se decide el caso, el veto entre en vigor, con excepciones.
Esas excepciones eran para personas que tengan “relación de buena fe” con “personas o entidades” en Estados Unidos. La sentencia del Supremo dejaba abierta la interpretación de esta circunstancia y por ahí ha llegado el nuevo conflicto. El Departamento de Estado dijo que entendía que se trata de esposas, maridos, hijos, hermanos, padres, prometidos, suegros y sobrinos de personas que ya estén legalmente en el país. Todos los demás están vetados.
Además, el veto migratorio frena completamente la admisión de refugiados de Siria. El Gobierno cree que todos los refugiados están afectados por la entrada en vigor del veto.
Lo que dice el juez de Hawái es que “el sentido común” dicta que los abuelos estén incluidos en el grupo de personas consideradas familiares cercanos. En el caso de los refugiados, el juez dice que aquellos que ya habían iniciado trámites con agencias de recolocación de refugiados de Estados Unidos tienen una relación con una institución norteamericana, por tanto se les debe permitir seguir adelante con sus planes.
El juez que dictó esta resolución el jueves es Derrick Watson, que es el mismo que frenó completamente la aplicación de la segunda versión del veto migratorio antes de que entrara en vigor. Esa es la decisión que corroboró una corte de apelaciones pero después revirtió el Supremo.
El Gobierno de Estados Unidos, a través de un comunicado del fiscal general, Jeff Sessions, anunció este viernes que recurrirá la decisión de nuevo. “El Tribunal Supremo tuvo que corregir a esta corte inferior en una ocasión anterior y ahora tenemos que volver a recurrir a a la Corte para reivindicar el imperio de la ley y el deber del Ejecutivo de proteger a la nación”, dijo Sessions.
Pablo Ximénez de Sandoval
Corresponsal en California
Los Ángeles, El País
Un juez federal de Hawái hizo el jueves su propia interpretación de los límites del veto migratorio del Gobierno de Estados Unidos y dictó una resolución por la cual considera que la medida no afecta a los abuelos de residentes permanentes o ciudadanos. La decisión contradice abiertamente la interpretación que hizo el Departamento de Justicia de una decisión previa del Tribunal Supremo y abre un nuevo frente de conflicto en este asunto para el Gobierno.
El llamado veto migratorio fue un decreto de Donald Trump en los primeros días de su Gobierno que cerraba las puertas de Estados Unidos a personas de siete países de la noche a la mañana. Los jueces suspendieron cautelarmente su aplicación por supuesta inconstitucionalidad después de que generara el caos en los aeropuertos. Fue sustituido por una segunda versión que solo afectaba a seis países (Siria, Sudán, Yemen, Somalia, Libia e Irán) y retrasaba su entrada en vigor hasta este mes de julio. La segunda versión fue también denunciada y paralizada por jueces federales. Pero el pasado 26 de julio el Tribunal Supremo decidió levantar la medida cautelar y permitir que, mientras se decide el caso, el veto entre en vigor, con excepciones.
Esas excepciones eran para personas que tengan “relación de buena fe” con “personas o entidades” en Estados Unidos. La sentencia del Supremo dejaba abierta la interpretación de esta circunstancia y por ahí ha llegado el nuevo conflicto. El Departamento de Estado dijo que entendía que se trata de esposas, maridos, hijos, hermanos, padres, prometidos, suegros y sobrinos de personas que ya estén legalmente en el país. Todos los demás están vetados.
Además, el veto migratorio frena completamente la admisión de refugiados de Siria. El Gobierno cree que todos los refugiados están afectados por la entrada en vigor del veto.
Lo que dice el juez de Hawái es que “el sentido común” dicta que los abuelos estén incluidos en el grupo de personas consideradas familiares cercanos. En el caso de los refugiados, el juez dice que aquellos que ya habían iniciado trámites con agencias de recolocación de refugiados de Estados Unidos tienen una relación con una institución norteamericana, por tanto se les debe permitir seguir adelante con sus planes.
El juez que dictó esta resolución el jueves es Derrick Watson, que es el mismo que frenó completamente la aplicación de la segunda versión del veto migratorio antes de que entrara en vigor. Esa es la decisión que corroboró una corte de apelaciones pero después revirtió el Supremo.
El Gobierno de Estados Unidos, a través de un comunicado del fiscal general, Jeff Sessions, anunció este viernes que recurrirá la decisión de nuevo. “El Tribunal Supremo tuvo que corregir a esta corte inferior en una ocasión anterior y ahora tenemos que volver a recurrir a a la Corte para reivindicar el imperio de la ley y el deber del Ejecutivo de proteger a la nación”, dijo Sessions.