El aislamiento global de Venezuela se intensifica tras la Constituyente
Las potencias de América Latina plantan cara a la medida de Maduro, al que Estados Unidos incluye en la lista de sancionados
Javier Lafuente
México, El País
La presión internacional sobre Venezuela es una montaña rusa. Constantes subidas y bajadas, giros inesperados y una permanente sensación de que todo es posible antes de volver al mismo punto, eso sí, con otra sacudida de por medio. Ahora, después de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, encarrila un nuevo pico. El híbrido que se esconde tras la comunidad internacional, que va desde la mayor potencia mundial hasta la Unión Europea, pasando por los países más poderosos América Latina, ha intensificado el aislamiento de Venezuela y estudia las consecuencias de aplicar sanciones que vayan más allá de los comunicados de condena al chavismo y evitar que este saque réditos. Estados Unidos incluyó a Maduro en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro. Mientras el tiempo pasa, lo único que no tiene freno es el número de muertos y la insostenible crisis humanitaria que se vive en Venezuela.
Las críticas a las elecciones del domingo no se hicieron esperar. Muchos países ya habían condenado la celebración de los comicios. Algunos incluso anunciaron de antemano que no reconocerían los resultados. Otros, lo hicieron después. Hasta el mediodía del lunes se habían pronunciado al menos 27 países sobre la jornada electoral en la que el chavismo anunció una rotunda victoria, con más de ocho millones de votos. Tan abultada resultó que los ataques ya no solo se limitaron a la mera consumación de la Constituyente, sino que pusieron en duda al Consejo Nacional Electoral y la posibilidad de que Maduro haya logrado un triunfo similar al de Hugo Chávez en 2012.
De esos 27 países, 19 —entre ellos 11 de los 16 principales socios comerciales— condenaron los resultados, aseguraron que no los reconocerían o pidieron que se reconsiderara la Asamblea Constituyente. Solo cinco —Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y El Salvador— la avalaron. República Dominicana resultó, una vez más, ambigua y Uruguay insistió en la necesidad de iniciar un diálogo sin condenar la elección. Entre los principales aliados de Venezuela fuera de América Latina, China y Rusia, solo el Gobierno de Putin se pronunció en la mañana del lunes de lo sucedido la víspera, con un mensaje dirigido al resto de países: "Esperamos que en la situación de Venezuela no intervengan actores externos".
Las principales potencias de América Latina han dado buena cuenta en los últimos meses de que no quieren permitir la consolidación de un régimen autoritario en la región en la segunda década del siglo XXI. Desde hace meses, México, Colombia y Argentina, entre otros, han abanderado el liderazgo de la región en distintos escenarios. Las dudas se ciernen ahora sobre las implicaciones que pueden llegar a tener mayores sanciones que las meras condenas y en qué se concretarán. "Hasta ahora los esfuerzos diplomáticos no han sido muy fructíferos, pero se auguran semanas de alta intensidad", considera Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en derecho internacional y relaciones internacionales.
La reunión de cancilleres latinoamericanos que Perú ha convocado para la próxima semana al margen de la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la que han confirmado asistencia al menos 11 países, pretende lograr una posición unánime para adoptar medidas contundentes más allá de otro comunicado de rechazo. Para entonces, el chavismo habrá instalado la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que el escenario será todavía más impredecible.
Los países de la región críticos con la deriva de Nicolás Maduro han insistido en que seguirán reconociendo a la disuelta Asamblea Nacional, electa en 2015 con 14 millones de votos y a la fiscal general que, como todo parece indicar, será destituida. Además, estudian la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas, como la retirada de sus embajadores, la expulsión de funcionarios chavistas de sus países o la cancelación de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Maduro o el que surgiese a partir de la instalación de la Constituyente.
El siguiente paso, el más controvertido, sería aplicar sanciones económicas o comerciales y seguir el camino de Estados Unidos, que ya ha amenazado con ellas, empezando por el sector petrolero. Los analistas dan por hecho que se concretarán en los próximos días. De momento, este lunes, el Departamento del Tesoro incluyó a Nicolás Maduro en la lista de sancionados.
El fondo de inversión Torino Capital, cuyo economista jefe es el venezolano Francisco Rodríguez, uno de los más reconocidos en el país —también de los más optimistas— considera en su último informe que las sanciones contra las exportaciones petroleras tendrían un impacto sobre el PIB venezolano. "En un escenario conservador estimamos que se podría contraer en 11 puntos y que las sanciones afectarán al 57% de las exportaciones totales", asegura el informe de Torino, cuyas estimaciones apuntan a que el domingo votaron 3,6 millones de personas, un millón menos de los cálculos de la oposición y a años luz de los 8,1 millones del CNE.
Las consecuencias de estas sanciones pueden resultar, no obstante, demoledoras para una sociedad que agoniza. "Venezuela está en una situación tan delicada que de la crisis humanitaria se puede pasar a tragedia humanitaria si las sanciones son muy duras", opina Rodríguez. "Hay riesgo de que sean contraproducentes, porque el Gobierno las podría utilizar para ahondar en la caracterización de la oposición como un grupo que intenta hacer daño al país". Una encuesta reciente de Torino Capital con Datanalisis aseguraba que el 63,3% de los venezolanos se oponía a las sanciones estadounidenses.
La comunidad internacional afronta un escenario prácticamente inédito. Mariano de Alba considera que hay dos precedentes similares de procesos no reconocidos, la adhesión de Crimea a Rusia y, en el caso de América Latina, el golpe de Estado en Honduras. Entonces, Estados Unidos y la Unión Europea aseguraron que no reconocerían las elecciones previstas tras el derrocamiento de Manuel Zelaya. La presión sirvió para que se lograse un acuerdo entre el presidente depuesto y Roberto Micheletti, que se hizo cargo tras el golpe, para la celebración de elecciones. Aunque el pacto fue rechazado después por Zelaya, la comunidad internacional consideró válidos los comicios que dieron la presidencia a Porfirio Lobo. Lograr un escenario así, que dé pie al inicio de un diálogo creíble en Venezuela es el fin último de la comunidad internacional, que da constantes vueltas en esta montaña rusa de caos, sangre y hambre mientras Maduro se muestra impertérrito.
México, El País
La presión internacional sobre Venezuela es una montaña rusa. Constantes subidas y bajadas, giros inesperados y una permanente sensación de que todo es posible antes de volver al mismo punto, eso sí, con otra sacudida de por medio. Ahora, después de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, encarrila un nuevo pico. El híbrido que se esconde tras la comunidad internacional, que va desde la mayor potencia mundial hasta la Unión Europea, pasando por los países más poderosos América Latina, ha intensificado el aislamiento de Venezuela y estudia las consecuencias de aplicar sanciones que vayan más allá de los comunicados de condena al chavismo y evitar que este saque réditos. Estados Unidos incluyó a Maduro en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro. Mientras el tiempo pasa, lo único que no tiene freno es el número de muertos y la insostenible crisis humanitaria que se vive en Venezuela.
Las críticas a las elecciones del domingo no se hicieron esperar. Muchos países ya habían condenado la celebración de los comicios. Algunos incluso anunciaron de antemano que no reconocerían los resultados. Otros, lo hicieron después. Hasta el mediodía del lunes se habían pronunciado al menos 27 países sobre la jornada electoral en la que el chavismo anunció una rotunda victoria, con más de ocho millones de votos. Tan abultada resultó que los ataques ya no solo se limitaron a la mera consumación de la Constituyente, sino que pusieron en duda al Consejo Nacional Electoral y la posibilidad de que Maduro haya logrado un triunfo similar al de Hugo Chávez en 2012.
De esos 27 países, 19 —entre ellos 11 de los 16 principales socios comerciales— condenaron los resultados, aseguraron que no los reconocerían o pidieron que se reconsiderara la Asamblea Constituyente. Solo cinco —Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y El Salvador— la avalaron. República Dominicana resultó, una vez más, ambigua y Uruguay insistió en la necesidad de iniciar un diálogo sin condenar la elección. Entre los principales aliados de Venezuela fuera de América Latina, China y Rusia, solo el Gobierno de Putin se pronunció en la mañana del lunes de lo sucedido la víspera, con un mensaje dirigido al resto de países: "Esperamos que en la situación de Venezuela no intervengan actores externos".
Las principales potencias de América Latina han dado buena cuenta en los últimos meses de que no quieren permitir la consolidación de un régimen autoritario en la región en la segunda década del siglo XXI. Desde hace meses, México, Colombia y Argentina, entre otros, han abanderado el liderazgo de la región en distintos escenarios. Las dudas se ciernen ahora sobre las implicaciones que pueden llegar a tener mayores sanciones que las meras condenas y en qué se concretarán. "Hasta ahora los esfuerzos diplomáticos no han sido muy fructíferos, pero se auguran semanas de alta intensidad", considera Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en derecho internacional y relaciones internacionales.
La reunión de cancilleres latinoamericanos que Perú ha convocado para la próxima semana al margen de la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la que han confirmado asistencia al menos 11 países, pretende lograr una posición unánime para adoptar medidas contundentes más allá de otro comunicado de rechazo. Para entonces, el chavismo habrá instalado la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que el escenario será todavía más impredecible.
Los países de la región críticos con la deriva de Nicolás Maduro han insistido en que seguirán reconociendo a la disuelta Asamblea Nacional, electa en 2015 con 14 millones de votos y a la fiscal general que, como todo parece indicar, será destituida. Además, estudian la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas, como la retirada de sus embajadores, la expulsión de funcionarios chavistas de sus países o la cancelación de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Maduro o el que surgiese a partir de la instalación de la Constituyente.
El siguiente paso, el más controvertido, sería aplicar sanciones económicas o comerciales y seguir el camino de Estados Unidos, que ya ha amenazado con ellas, empezando por el sector petrolero. Los analistas dan por hecho que se concretarán en los próximos días. De momento, este lunes, el Departamento del Tesoro incluyó a Nicolás Maduro en la lista de sancionados.
El fondo de inversión Torino Capital, cuyo economista jefe es el venezolano Francisco Rodríguez, uno de los más reconocidos en el país —también de los más optimistas— considera en su último informe que las sanciones contra las exportaciones petroleras tendrían un impacto sobre el PIB venezolano. "En un escenario conservador estimamos que se podría contraer en 11 puntos y que las sanciones afectarán al 57% de las exportaciones totales", asegura el informe de Torino, cuyas estimaciones apuntan a que el domingo votaron 3,6 millones de personas, un millón menos de los cálculos de la oposición y a años luz de los 8,1 millones del CNE.
Las consecuencias de estas sanciones pueden resultar, no obstante, demoledoras para una sociedad que agoniza. "Venezuela está en una situación tan delicada que de la crisis humanitaria se puede pasar a tragedia humanitaria si las sanciones son muy duras", opina Rodríguez. "Hay riesgo de que sean contraproducentes, porque el Gobierno las podría utilizar para ahondar en la caracterización de la oposición como un grupo que intenta hacer daño al país". Una encuesta reciente de Torino Capital con Datanalisis aseguraba que el 63,3% de los venezolanos se oponía a las sanciones estadounidenses.
La comunidad internacional afronta un escenario prácticamente inédito. Mariano de Alba considera que hay dos precedentes similares de procesos no reconocidos, la adhesión de Crimea a Rusia y, en el caso de América Latina, el golpe de Estado en Honduras. Entonces, Estados Unidos y la Unión Europea aseguraron que no reconocerían las elecciones previstas tras el derrocamiento de Manuel Zelaya. La presión sirvió para que se lograse un acuerdo entre el presidente depuesto y Roberto Micheletti, que se hizo cargo tras el golpe, para la celebración de elecciones. Aunque el pacto fue rechazado después por Zelaya, la comunidad internacional consideró válidos los comicios que dieron la presidencia a Porfirio Lobo. Lograr un escenario así, que dé pie al inicio de un diálogo creíble en Venezuela es el fin último de la comunidad internacional, que da constantes vueltas en esta montaña rusa de caos, sangre y hambre mientras Maduro se muestra impertérrito.
