EE UU eleva a “cientos de millones de dólares” los activos congelados al vicepresidente de Venezuela
El Aissami fue incluido en febrero en la lista de narcotraficantes de Washington, que impone nuevas sanciones a 13 altos cargos venezolanos
Joan Faus
Washington, El País
El agujero es mucho mayor del vaticinado inicialmente. El Gobierno estadounidense anunció este lunes que ascienden a “cientos de millones de dólares” los activos congelados al entorno del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien sancionó el pasado febrero por sus vínculos con el narcotráfico.
“El Aissami y [su asesor Samark] José López Bello tenían mucho más dinero de lo que anticipábamos”, dijo en una conferencia de prensa un alto funcionario de la Administración de Donald Trump que pidió el anonimato. Hace cinco meses, el Departamento del Tesoro estimó que sumaban “decenas de millones de dólares” los activos en EE UU, la gran mayoría propiedades inmobiliarias en Miami.
Ninguno de los bienes bloqueados está a nombre de El Aissami, que asumió el cargo en enero y antes fue ministro de Interior y Justicia. Todos lo están presumiblemente al de Bello, al que Washington considera el testaferro del vicepresidente. Bello y sus asociados controlaban 13 empresas con sede en EE UU, Panamá, Reino Unido, Venezuela y las islas Vírgenes Británicas. El caso, según el alto funcionario, evidencia la “corrupción y el narcotráfico en el Gobierno venezolano”.
El Tesoro acusó en febrero, en el marco de la llamada Ley Kingpin, a El Aissami de tener un “papel significativo” en el narcotráfico internacional. El vicepresidente, según el Gobierno estadounidense, facilitó el envío de drogas desde puertos y aeropuertos venezolanos. Algunas de las sustancias iban dirigidas a México y EE UU.
Nuevas sanciones
La información sobre El Aissami se conoció durante el anuncio de nuevas sanciones de Washington a 13 altos cargos venezolanos, incluidos dos ministros y el jefe de la policía, en un intento final de presionar a Nicolás Maduro para que cancele la votación el domingo de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Las penalizaciones buscan mandar al presidente venezolano un mensaje de contundencia: Trump “cumplirá su palabra” e impondrá “fuertes y rápidas acciones económicas” si la votación tiene lugar, según explicaron funcionarios estadounidenses.
Las sanciones afectan a altos cargos del Gobierno venezolano, el Ejército y la compañía pública petrolera Pdvsa, que se considera se utiliza para desvío de fondos. Se les acusa de erosionar la democracia al promover la Constituyente, de violaciones de derechos humanos y de corrupción. Los castigos suponen la congelación de bienes en EE UU y restricciones financieras.
Entre los sancionados está el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente, ministro de Educación y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. También son castigados Carlos Alfredo Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; y Simón Alejandro Zerpa, vicepresidente de finanzas de Pdvsa.
Uno de los portavoces del Gobierno estadounidense advirtió de que “cualquier mal actor en Venezuela” puede ser sancionado, así como las personas que puedan integrar la Asamblea Nacional Constituyente. “Vemos la fecha del 30 de julio como una línea crítica que, si se cruza, podría suponer el fin de la democracia en Venezuela”, señaló en referencia a la votación del domingo.
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero, Washington ha acelerado sus penalizaciones a Caracas en un intento de aumentar la presión ante la deriva autoritaria de Maduro. Ha castigado a El Aissami y a ocho miembros del Tribunal Supremo.
Como el Gobierno de Barack Obama, Trump solo ha impuesto sanciones individuales. Pero el republicano está considerando adoptar castigos sectoriales o financieros. El presidente se guarda por ahora esa carta a la espera de qué ocurre en la votación del domingo, que la oposición y EE UU consideran una maniobra de Maduro para crear un Congreso a su medida que le permita reescribir la Constitución y diluir el poder de las otras instituciones.
Cualquier intento de hacer daño económico a Venezuela afectaría a su industria petrolera, el único estandarte de la paupérrima economía del país caribeño. En las últimas semanas, ha arreciado la especulación sobre si Trump se atrevería a decretar un embargo al crudo venezolano, lo que golpearía directamente a la línea de flotación del Gobierno pero podría empeorar aún más las condiciones de vida de los venezolanos.
Pese a los ataques cruzados, ambos países mantienen un estrecho comercio petrolero. Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es el tercer suministrador para EE UU. Caracas vendió en 2016 de media 741.000 barriles al día de crudo a Washington. Teniendo en cuenta el precio de referencia del año pasado, el flujo equivale a un negocio de 32,2 millones de dólares al día. Citgo, que Pdvsa controla desde los años ochenta, es el principal comprador de combustible venezolano en EE UU.
Washington, El País
El agujero es mucho mayor del vaticinado inicialmente. El Gobierno estadounidense anunció este lunes que ascienden a “cientos de millones de dólares” los activos congelados al entorno del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien sancionó el pasado febrero por sus vínculos con el narcotráfico.
“El Aissami y [su asesor Samark] José López Bello tenían mucho más dinero de lo que anticipábamos”, dijo en una conferencia de prensa un alto funcionario de la Administración de Donald Trump que pidió el anonimato. Hace cinco meses, el Departamento del Tesoro estimó que sumaban “decenas de millones de dólares” los activos en EE UU, la gran mayoría propiedades inmobiliarias en Miami.
Ninguno de los bienes bloqueados está a nombre de El Aissami, que asumió el cargo en enero y antes fue ministro de Interior y Justicia. Todos lo están presumiblemente al de Bello, al que Washington considera el testaferro del vicepresidente. Bello y sus asociados controlaban 13 empresas con sede en EE UU, Panamá, Reino Unido, Venezuela y las islas Vírgenes Británicas. El caso, según el alto funcionario, evidencia la “corrupción y el narcotráfico en el Gobierno venezolano”.
El Tesoro acusó en febrero, en el marco de la llamada Ley Kingpin, a El Aissami de tener un “papel significativo” en el narcotráfico internacional. El vicepresidente, según el Gobierno estadounidense, facilitó el envío de drogas desde puertos y aeropuertos venezolanos. Algunas de las sustancias iban dirigidas a México y EE UU.
Nuevas sanciones
La información sobre El Aissami se conoció durante el anuncio de nuevas sanciones de Washington a 13 altos cargos venezolanos, incluidos dos ministros y el jefe de la policía, en un intento final de presionar a Nicolás Maduro para que cancele la votación el domingo de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Las penalizaciones buscan mandar al presidente venezolano un mensaje de contundencia: Trump “cumplirá su palabra” e impondrá “fuertes y rápidas acciones económicas” si la votación tiene lugar, según explicaron funcionarios estadounidenses.
Las sanciones afectan a altos cargos del Gobierno venezolano, el Ejército y la compañía pública petrolera Pdvsa, que se considera se utiliza para desvío de fondos. Se les acusa de erosionar la democracia al promover la Constituyente, de violaciones de derechos humanos y de corrupción. Los castigos suponen la congelación de bienes en EE UU y restricciones financieras.
Entre los sancionados está el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente, ministro de Educación y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. También son castigados Carlos Alfredo Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; y Simón Alejandro Zerpa, vicepresidente de finanzas de Pdvsa.
Uno de los portavoces del Gobierno estadounidense advirtió de que “cualquier mal actor en Venezuela” puede ser sancionado, así como las personas que puedan integrar la Asamblea Nacional Constituyente. “Vemos la fecha del 30 de julio como una línea crítica que, si se cruza, podría suponer el fin de la democracia en Venezuela”, señaló en referencia a la votación del domingo.
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero, Washington ha acelerado sus penalizaciones a Caracas en un intento de aumentar la presión ante la deriva autoritaria de Maduro. Ha castigado a El Aissami y a ocho miembros del Tribunal Supremo.
Como el Gobierno de Barack Obama, Trump solo ha impuesto sanciones individuales. Pero el republicano está considerando adoptar castigos sectoriales o financieros. El presidente se guarda por ahora esa carta a la espera de qué ocurre en la votación del domingo, que la oposición y EE UU consideran una maniobra de Maduro para crear un Congreso a su medida que le permita reescribir la Constitución y diluir el poder de las otras instituciones.
Cualquier intento de hacer daño económico a Venezuela afectaría a su industria petrolera, el único estandarte de la paupérrima economía del país caribeño. En las últimas semanas, ha arreciado la especulación sobre si Trump se atrevería a decretar un embargo al crudo venezolano, lo que golpearía directamente a la línea de flotación del Gobierno pero podría empeorar aún más las condiciones de vida de los venezolanos.
Pese a los ataques cruzados, ambos países mantienen un estrecho comercio petrolero. Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es el tercer suministrador para EE UU. Caracas vendió en 2016 de media 741.000 barriles al día de crudo a Washington. Teniendo en cuenta el precio de referencia del año pasado, el flujo equivale a un negocio de 32,2 millones de dólares al día. Citgo, que Pdvsa controla desde los años ochenta, es el principal comprador de combustible venezolano en EE UU.
