Argentina condena a cadena perpetua a cuatro jueces por delitos de lesa humanidad
Un tribunal los consideró partícipes primarios de secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura militar
Federico Rivas Molina
Buenos Aires, El País
La justicia argentina ha dado otro paso sin precedentes en el castigo al terrorismo de Estado. A los cientos de militares juzgados y condenados suma ahora a cuatro exjueces federales de la provincia de Mendoza (1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires) culpables de garantizar la impunidad en decenas de secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) al no investivar los delitos. La novedad del fallo, leído el jueves por la noche, es la condena a una conducta sistemática del Poder Judicial y no a casos puntuales, como en causas anteriores.
"Hemos entrado en la historia con un fallo ejemplar a nivel internacional. Creo que después del juicio a los jueces del nazismo no hay otro antecedente en el mundo. Los jueces condenados dijeron a los represores ‘secuestren, aprópiense de niños que nosotros les cubrimos las espaldas sin investigar y archivando las denuncias”, dice Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza.
La garantía de impunidad fue la clave de las condenas a prisión perpetua contra Rolando Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret. El tribunal consideró que todos fueron partícipes primarios de los delitos de lesa humanidad cometidos por otros 21 acusados en el juicio, entre militares y policías que fueron la “mano de obra” de la dictadura. “Partícipes primarios significa que los jueces realizaron un aporte esencial a la realización del delito, por eso la pena es la misma que para los autores materiales. Estos jueces tuvieron el dominio de la jurisdicción de Mendoza durante terrorismo de Estado”, explicó Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sólo Romano fue condenado por 84 casos de secuestros, 38 tormentos y 33 homicidios. Su caso fue emblemático porque se ocultó en Chile y pidió asilo político, hasta que la Corte Suprema de ese país aprobó su extradición a Argentina.
La condena ha sido también un avance hacia los responsables civiles del terrorismo de Estado. Si bien los juicios contra los militares avanzaron con rapidez con el regreso a la democracia en 1983, con el juicio a la Junta militar como emblema, los funcionarios que apoyaron a la dictadura lograron evadir durante años a los tribunales. El caso de los cuatro magistrados ahora condenados es paradigmático. “Siguieron siendo jueces hasta 2011, bien entrada la democracia. Tuvimos que sacarlos con el Consejo de la Magistratura con todas las garantías legales, las mismas que ellos no dieron durante la dictadura a las víctimas”, dice Salinas. En todo caso, el fallo condenatorio entendió que esta negación de garantías fue el aceite que permitió mover los engranajes de la represión estatal. “Si su postura durante la dictadura hubiese sido otra, seguramente no hubiéramos tenido crímenes de esta magnitud. Habría habido crímenes, seguro, pero quizás ni tantos ni tan fáciles de realizar y ocultar”, agrega Iud.
El fallo fue el resultado de una larga investigación. Desde el 17 de febrero de 2014, cuando se inició el juicio oral, el tribunal escuchó a víctimas de tormentos y a los familiares de los que no sobrevivieron al aparato represivo montado en Mendoza. Luz Faingold, actual directora de Derechos Humanos de Mendoza, estaba en el último año de secundaria cuando fue detenida junto a varios compañeros en los meses previos al golpe 1976. Del centro clandestino de detención D2 de Mendoza la pasaron a un instituto de mujeres provincial, a pesar de que sus padres pedían su restitución. En ese momento fue interrogada por Miret, uno de los condenados: “Me preguntó por mis apuntes. Yo tenía matemáticas y astronomía, nos habían pedido que todo lo que viéramos en la prensa relacionado con astronomía lo pegáramos en la carpeta y lo último que tenía era la copia del Apolo y del Soyuz. Miret me preguntó ‘qué es este artículo del diario’, porque la Soyuz era soviética. Fue lo único que pudo encontrar que tuviera que ver con la izquierda”, declaró Faingold durante el juicio. “Yo era muy chica, no me dejaron salir y volver a mi casa. Mi madre fue a preguntar por mí y le dijeron que me consideraban subversiva, una delincuente peligrosa”, recuerda Faingold a EL PAÍS.
Horas después de escuchar el fallo, Faingold asegura sentirse “como si hubiera librado una batalla terrible”. “Quedé muy conmovida de escuchar la sentencia y el nombre de las víctimas. El mío y el de amigos, algunos muertos, desaparecidos…”, señala. Fuera del tribunal, una multitud celebró la sentencia.
Buenos Aires, El País
La justicia argentina ha dado otro paso sin precedentes en el castigo al terrorismo de Estado. A los cientos de militares juzgados y condenados suma ahora a cuatro exjueces federales de la provincia de Mendoza (1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires) culpables de garantizar la impunidad en decenas de secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) al no investivar los delitos. La novedad del fallo, leído el jueves por la noche, es la condena a una conducta sistemática del Poder Judicial y no a casos puntuales, como en causas anteriores.
"Hemos entrado en la historia con un fallo ejemplar a nivel internacional. Creo que después del juicio a los jueces del nazismo no hay otro antecedente en el mundo. Los jueces condenados dijeron a los represores ‘secuestren, aprópiense de niños que nosotros les cubrimos las espaldas sin investigar y archivando las denuncias”, dice Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza.
La garantía de impunidad fue la clave de las condenas a prisión perpetua contra Rolando Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret. El tribunal consideró que todos fueron partícipes primarios de los delitos de lesa humanidad cometidos por otros 21 acusados en el juicio, entre militares y policías que fueron la “mano de obra” de la dictadura. “Partícipes primarios significa que los jueces realizaron un aporte esencial a la realización del delito, por eso la pena es la misma que para los autores materiales. Estos jueces tuvieron el dominio de la jurisdicción de Mendoza durante terrorismo de Estado”, explicó Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sólo Romano fue condenado por 84 casos de secuestros, 38 tormentos y 33 homicidios. Su caso fue emblemático porque se ocultó en Chile y pidió asilo político, hasta que la Corte Suprema de ese país aprobó su extradición a Argentina.
La condena ha sido también un avance hacia los responsables civiles del terrorismo de Estado. Si bien los juicios contra los militares avanzaron con rapidez con el regreso a la democracia en 1983, con el juicio a la Junta militar como emblema, los funcionarios que apoyaron a la dictadura lograron evadir durante años a los tribunales. El caso de los cuatro magistrados ahora condenados es paradigmático. “Siguieron siendo jueces hasta 2011, bien entrada la democracia. Tuvimos que sacarlos con el Consejo de la Magistratura con todas las garantías legales, las mismas que ellos no dieron durante la dictadura a las víctimas”, dice Salinas. En todo caso, el fallo condenatorio entendió que esta negación de garantías fue el aceite que permitió mover los engranajes de la represión estatal. “Si su postura durante la dictadura hubiese sido otra, seguramente no hubiéramos tenido crímenes de esta magnitud. Habría habido crímenes, seguro, pero quizás ni tantos ni tan fáciles de realizar y ocultar”, agrega Iud.
El fallo fue el resultado de una larga investigación. Desde el 17 de febrero de 2014, cuando se inició el juicio oral, el tribunal escuchó a víctimas de tormentos y a los familiares de los que no sobrevivieron al aparato represivo montado en Mendoza. Luz Faingold, actual directora de Derechos Humanos de Mendoza, estaba en el último año de secundaria cuando fue detenida junto a varios compañeros en los meses previos al golpe 1976. Del centro clandestino de detención D2 de Mendoza la pasaron a un instituto de mujeres provincial, a pesar de que sus padres pedían su restitución. En ese momento fue interrogada por Miret, uno de los condenados: “Me preguntó por mis apuntes. Yo tenía matemáticas y astronomía, nos habían pedido que todo lo que viéramos en la prensa relacionado con astronomía lo pegáramos en la carpeta y lo último que tenía era la copia del Apolo y del Soyuz. Miret me preguntó ‘qué es este artículo del diario’, porque la Soyuz era soviética. Fue lo único que pudo encontrar que tuviera que ver con la izquierda”, declaró Faingold durante el juicio. “Yo era muy chica, no me dejaron salir y volver a mi casa. Mi madre fue a preguntar por mí y le dijeron que me consideraban subversiva, una delincuente peligrosa”, recuerda Faingold a EL PAÍS.
Horas después de escuchar el fallo, Faingold asegura sentirse “como si hubiera librado una batalla terrible”. “Quedé muy conmovida de escuchar la sentencia y el nombre de las víctimas. El mío y el de amigos, algunos muertos, desaparecidos…”, señala. Fuera del tribunal, una multitud celebró la sentencia.
