Bolivia señala que condena a 9 bolivianos es una represalia de Chile por tema mar
'Fallo político. Los 9 bolivianos son inocentes (...)', escribió en su tuit el presidente Morales. El ministro de Justicia anunció que Bolivia apelará al Pacto de Bogotá.
Página Siete Digital / La Paz
El presidente Evo Morales aseguró este miércoles que el fallo de la justicia chilena, que condena e instruye la expulsión de los nueve bolivianos, detenidos en marzo en la frontera, es una represalia a la demanda marítima que Bolivia instauró contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
"Quedó demostrado que 9 bolivianos luchaban contra el contrabando. El fallo es una represalia porque demandamos a Chile ante La Haya”, se lee en su cuenta de Twitter.
Morales consideró que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, por "revancha" ordenó que los connacionales vayan presos, acusados por robo con intimidación, contrabando y porte de armas.
"Por revancha, hace tres meses, Heraldo Muñoz ordenó que 9 bolivianos vayan presos. Hoy la justicia de Chile acata esa instrucción", agregó en otro mensaje en la red social.
Aseveró que el fallo de la jueza de Pozo Almonte, Iquique, Isabel Peña, fue "político", porque los nueve encarcelados son inocentes, argumento que Chile no pudo ocultar y tuvo que poner fin a la detención "ilegal".
"Fallo político. Los 9 bolivianos son inocentes; gobierno de Chile no pudo ocultar la verdad y tuvo que poner fin a la detención ilegal", se lee en otro tuit de Morales.
Agregó, en otro tuit, que "La defensa demostró que camiones chilenos llevaban contrabando, uno de ellos tiene frondoso prontuario. Los 9 bolivianos cumplían su deber".
La justicia de Chile declaró culpables a los nueve bolivianos detenidos en ese país y los condenó a tres años de cárcel; sin embargo, sustituyó esa pena por su expulsión en un plazo de 30 días, además impuso un pago de 32. 176. 272 pesos chilenos (45.715 dólares).
Gobierno apelará al Pacto de Bogotá
El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció el miércoles que el Gobierno apelará al Pacto de Bogotá, suscrito por Bolivia y Chile, para una investigación "seria" del caso de los nueve bolivianos detenidos en el vecino país, contra quienes hoy la justicia chilena dictó sentencia y ordenó su expulsión.
"Queremos anunciar que Bolivia, una vez que se ha consumado este hecho, va a acudir ante el Pacto de Bogotá, ante los procedimientos e investigaciones que se llevan en el Pacto de Bogotá para pedir una investigación seria, responsable de acuerdo al procedimiento que está señalado, reitero en el pacto de Bogotá", dijo en conferencia de prensa.
El Pacto de Bogotá es un "mecanismo" firmado en la capital colombiana en 1948 por naciones del hemisferio, en el marco de una conferencia de la OEA, por el que se reconoce la competencia de La Haya para dirimir las controversias de orden jurídico que surgieran entre las partes.
Arce remarcó que Bolivia no va a retroceder ni declinar para que un hecho como el de los compatriotas sea profundamente investigado y sancionado para que no vuelva a ocurrir.
"El Estado boliviano es un Estado libre, soberano y no va a permitir que una injusticia de esta magnitud como la que hemos visto, con los argumentos que hemos escuchado, con las inverosimilidades que hemos visto, con las situaciones absolutamente erróneas y forzadas con las que la Juez de Pozo Almonte ha forzado una sentencia profundamente injusta", afirmó.
Explicó que el proceso y la sentencia, violó la inmunidad jurisdiccional del Estado, aspecto que reiteró Bolivia hizo notar mediante un procedimiento de amparo, que fue planteado ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, que tampoco ameritó su análisis.
"La sentencia también viola la inmunidad penal de los funcionarios del Estado porque se ha forzado que funcionarios legalmente constituidos de un Estado sean juzgados por un tribunal de otro Estado", dijo.
El Ministro de Justicia adelantó que los funcionarios anticontrabando al no haber cometido ningún delito no tienen por qué pagar la multa de 45.715 dólares, por lo que sostuvo que el Estado boliviano asumirá ese pago mediante los mecanismos que correspondan.
Arce argumentó que los delitos por los que fueron condenados los nueve connacionales no son justificados y sólo obedecen a la "soberbia" de algunas autoridades de Chile.
El presidente Evo Morales aseguró este miércoles que el fallo de la justicia chilena, que condena e instruye la expulsión de los nueve bolivianos, detenidos en marzo en la frontera, es una represalia a la demanda marítima que Bolivia instauró contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
"Quedó demostrado que 9 bolivianos luchaban contra el contrabando. El fallo es una represalia porque demandamos a Chile ante La Haya”, se lee en su cuenta de Twitter.
Morales consideró que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, por "revancha" ordenó que los connacionales vayan presos, acusados por robo con intimidación, contrabando y porte de armas.
"Por revancha, hace tres meses, Heraldo Muñoz ordenó que 9 bolivianos vayan presos. Hoy la justicia de Chile acata esa instrucción", agregó en otro mensaje en la red social.
Aseveró que el fallo de la jueza de Pozo Almonte, Iquique, Isabel Peña, fue "político", porque los nueve encarcelados son inocentes, argumento que Chile no pudo ocultar y tuvo que poner fin a la detención "ilegal".
"Fallo político. Los 9 bolivianos son inocentes; gobierno de Chile no pudo ocultar la verdad y tuvo que poner fin a la detención ilegal", se lee en otro tuit de Morales.
Agregó, en otro tuit, que "La defensa demostró que camiones chilenos llevaban contrabando, uno de ellos tiene frondoso prontuario. Los 9 bolivianos cumplían su deber".
La justicia de Chile declaró culpables a los nueve bolivianos detenidos en ese país y los condenó a tres años de cárcel; sin embargo, sustituyó esa pena por su expulsión en un plazo de 30 días, además impuso un pago de 32. 176. 272 pesos chilenos (45.715 dólares).
Gobierno apelará al Pacto de Bogotá
El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció el miércoles que el Gobierno apelará al Pacto de Bogotá, suscrito por Bolivia y Chile, para una investigación "seria" del caso de los nueve bolivianos detenidos en el vecino país, contra quienes hoy la justicia chilena dictó sentencia y ordenó su expulsión.
"Queremos anunciar que Bolivia, una vez que se ha consumado este hecho, va a acudir ante el Pacto de Bogotá, ante los procedimientos e investigaciones que se llevan en el Pacto de Bogotá para pedir una investigación seria, responsable de acuerdo al procedimiento que está señalado, reitero en el pacto de Bogotá", dijo en conferencia de prensa.
El Pacto de Bogotá es un "mecanismo" firmado en la capital colombiana en 1948 por naciones del hemisferio, en el marco de una conferencia de la OEA, por el que se reconoce la competencia de La Haya para dirimir las controversias de orden jurídico que surgieran entre las partes.
Arce remarcó que Bolivia no va a retroceder ni declinar para que un hecho como el de los compatriotas sea profundamente investigado y sancionado para que no vuelva a ocurrir.
"El Estado boliviano es un Estado libre, soberano y no va a permitir que una injusticia de esta magnitud como la que hemos visto, con los argumentos que hemos escuchado, con las inverosimilidades que hemos visto, con las situaciones absolutamente erróneas y forzadas con las que la Juez de Pozo Almonte ha forzado una sentencia profundamente injusta", afirmó.
Explicó que el proceso y la sentencia, violó la inmunidad jurisdiccional del Estado, aspecto que reiteró Bolivia hizo notar mediante un procedimiento de amparo, que fue planteado ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, que tampoco ameritó su análisis.
"La sentencia también viola la inmunidad penal de los funcionarios del Estado porque se ha forzado que funcionarios legalmente constituidos de un Estado sean juzgados por un tribunal de otro Estado", dijo.
El Ministro de Justicia adelantó que los funcionarios anticontrabando al no haber cometido ningún delito no tienen por qué pagar la multa de 45.715 dólares, por lo que sostuvo que el Estado boliviano asumirá ese pago mediante los mecanismos que correspondan.
Arce argumentó que los delitos por los que fueron condenados los nueve connacionales no son justificados y sólo obedecen a la "soberbia" de algunas autoridades de Chile.
