Estados Unidos endurecerá las penas por poseer y traficar con drogas
La Administración de Trump da marcha atrás en la política de Obama que evitaba largas condenas para consumidores y pequeños traficantes no violentos
Amanda Mars
Washington, El País
Donald Trump se ofreció a los americanos como el nuevo sherif de América y su promesa de mano dura contra las drogas ha empezado a cristalizar. Habrá condenas más duras, más gente en la cárcel y durante más años. El fiscal de general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha reclamado a los jueces federales de todo el país que acusen a los delincuentes de los delitos más graves aplicables y sus consiguiente penas más duras. La medida, enfocada especialmente en la guerra contra la droga, supone dar marcha atrás en la política de Barack Obama que buscaba reducir el problema de superpoblación carcelaria: Estados Unidos es el país con mayor ratio de presos por cada 100.000 habitantes.
En una nota enviada el pasado miércoles, Sessions, cuyo cargo es equivalente al de un ministro de Justicia, pidió a los jueces federales la aplicación más estricta de la ley apelando a la “justicia” y la “coherencia”. Es un cambio de tercio respecto a las directrices que el fiscal general Eric Holder aprobó en 2013 y que proponía obviar en algunos casos las cantidades de droga incautadas al detenido con el fin de evitar la aplicación automática de las pena mínimas obligatorias si la persona no tenía cargos violentos detrás ni formaba parte de ninguna banda u organización de narcotráfico. Durante años, la encarcelación masiva de consumidores y pequeños traficantes no había ayudado a combatir el problema de criminalidad relacionada con la droga, sino que agravaba las dificultades de reinserción y retroalimentaba el problema.
Aquella recomendación buscaba otra vía y también servía de moneda de cambio para que estos delincuentes no violentos admitieran los cargos y colaboraran con la justicia. Además, otras políticas sobre el cumplimiento de penas también favorecieron la excarcelación de miles de convictos como forma de darles una “segunda oportunidad”. Según las últimas estadísticas oficiales, la población de las cárceles federales y estatales sumaba 1,5 millones de personas, la cifra más baja desde 2005, y la tasa desencarcelados había bajado un 4%, (de 471 a 458 por cada 100.000 habitantes), pero sigue siendo tres veces y media superior a la de la media europea.
Esta tendencia puede cambiar a partir de ahora. Desde la campaña electoral, Trump hizo suya la bandera nixoniana de la “ley y el orden” y prometió mano dura contra la violencia y la epidemia de heroína. La tasa de homicidios se encuentra en su nivel más bajo en medio siglo, aunque sí ha habido un repunte importante en los dos últimos años respecto al anterior, lo que Sessions ha tomado como argumento para justificar el endurecimiento de penas.
“Esta política reafirma nuestra responsabilidad para hacer cumplir la ley, es moral, es justo y genera coherencia. Esta política utiliza las herramientas que el Congreso nos ha dado”, dice el fiscal general en su memorando a los jueces. “Por definición, los delitos más graves son aquellos que conllevan las penas reglamentarias más sustanciales, lo que incluye las sentencia mínimas obligatorias”, añade, si bien deja abierta la puerta a hacer “excepciones” después de que lo hayan considerado “cuidadosamente”.
Washington, El País
Donald Trump se ofreció a los americanos como el nuevo sherif de América y su promesa de mano dura contra las drogas ha empezado a cristalizar. Habrá condenas más duras, más gente en la cárcel y durante más años. El fiscal de general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha reclamado a los jueces federales de todo el país que acusen a los delincuentes de los delitos más graves aplicables y sus consiguiente penas más duras. La medida, enfocada especialmente en la guerra contra la droga, supone dar marcha atrás en la política de Barack Obama que buscaba reducir el problema de superpoblación carcelaria: Estados Unidos es el país con mayor ratio de presos por cada 100.000 habitantes.
En una nota enviada el pasado miércoles, Sessions, cuyo cargo es equivalente al de un ministro de Justicia, pidió a los jueces federales la aplicación más estricta de la ley apelando a la “justicia” y la “coherencia”. Es un cambio de tercio respecto a las directrices que el fiscal general Eric Holder aprobó en 2013 y que proponía obviar en algunos casos las cantidades de droga incautadas al detenido con el fin de evitar la aplicación automática de las pena mínimas obligatorias si la persona no tenía cargos violentos detrás ni formaba parte de ninguna banda u organización de narcotráfico. Durante años, la encarcelación masiva de consumidores y pequeños traficantes no había ayudado a combatir el problema de criminalidad relacionada con la droga, sino que agravaba las dificultades de reinserción y retroalimentaba el problema.
Aquella recomendación buscaba otra vía y también servía de moneda de cambio para que estos delincuentes no violentos admitieran los cargos y colaboraran con la justicia. Además, otras políticas sobre el cumplimiento de penas también favorecieron la excarcelación de miles de convictos como forma de darles una “segunda oportunidad”. Según las últimas estadísticas oficiales, la población de las cárceles federales y estatales sumaba 1,5 millones de personas, la cifra más baja desde 2005, y la tasa desencarcelados había bajado un 4%, (de 471 a 458 por cada 100.000 habitantes), pero sigue siendo tres veces y media superior a la de la media europea.
Esta tendencia puede cambiar a partir de ahora. Desde la campaña electoral, Trump hizo suya la bandera nixoniana de la “ley y el orden” y prometió mano dura contra la violencia y la epidemia de heroína. La tasa de homicidios se encuentra en su nivel más bajo en medio siglo, aunque sí ha habido un repunte importante en los dos últimos años respecto al anterior, lo que Sessions ha tomado como argumento para justificar el endurecimiento de penas.
“Esta política reafirma nuestra responsabilidad para hacer cumplir la ley, es moral, es justo y genera coherencia. Esta política utiliza las herramientas que el Congreso nos ha dado”, dice el fiscal general en su memorando a los jueces. “Por definición, los delitos más graves son aquellos que conllevan las penas reglamentarias más sustanciales, lo que incluye las sentencia mínimas obligatorias”, añade, si bien deja abierta la puerta a hacer “excepciones” después de que lo hayan considerado “cuidadosamente”.
