El Parlamento Europeo pide retirar los derechos de voto a Hungría
Alemanes, italianos y españoles del PPE rechazan la resolución de condena a Orbán
Lucía Abellán
Bruselas, El País
La figura de Viktor Orbán, el controvertido primer ministro húngaro, pone en aprietos al Partido Popular Europeo (PPE). El grupo parlamentario se dividió en tres al votar el miércoles una resolución para que la UE retire los derechos de voto a Hungría por “riesgo claro de violación de los valores europeos”. El partido del líder húngaro, Fidesz, pertenece al PPE. La iniciativa del Parlamento Europeo salió adelante con los votos de socialdemócratas, liberales, izquierda minoritaria y verdes, pero también con un tercio de los eurodiputados populares. El rechazo de los españoles del PP, de los alemanes de la CDU —el partido de Angela Merkel— y de los italianos de Forza Italia decantó una mayoría del grupo hacia el respaldo a Orbán.
El populista Orbán ha acentuado los tintes autoritarios desde que llegó al poder, en 2010. En sus mandatos se han aprobado leyes de control judicial, contra las minorías y medidas de persecución a migrantes y refugiados. La Comisión Europea le ha abierto un procedimiento por una de sus últimas andanadas: la aprobación de una norma que aboca al cierre a la Central European University. La universidad, de gran prestigio, está financiada por el multimillonario y filántropo George Soros, estadounidense nacido en Hungría y denostado por Orbán.
Con ese largo expediente, la Eurocámara constata “el grave deterioro del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales” en el país del Este y pide al Consejo Europeo que active la primera parte del artículo 7. Es el paso previo para despojar a Budapest de sus derechos de voto en la UE, el máximo castigo que prevén los tratados cuando un país se aleja de la senda democrática. El texto recibió 393 votos a favor y 221 en contra (esencialmente, de un 43% del PPE que se unió a partidos euroescépticos como los tories británicos y xenófobos como el Frente Nacional de Marine Le Pen). Hubo, además, 40 abstenciones.
Los diputados del Partido Popular Europeo, la formación más numerosa en la Eurocámara, mantuvieron un acalorado debate previo a la votación. Pero la idea de infligir el máximo castigo a Hungría los dividió. “Compartimos al 100% las críticas a Orbán. La discrepancia está en el artículo 7, que nunca se ha aplicado en Europa. Tiene que existir proporcionalidad entre infracción y condena”, argumenta Esteban González Pons, jefe de filas del PP en la Eurocámara y vicepresidente del grupo europeo. El eurodiputado subraya que ese instrumento no se ha empleado —la Comisión Europea aún se reserva el derecho— en el caso de Polonia, “que es más grave”.
Señal política
La anulación de los derechos de voto de un país resulta casi imposible. Solo el Consejo Europeo, representativo de los Estados miembros, puede decidirla y requiere de un voto unánime previo —excluido el país afectado— para constatar “la existencia de una violación grave y persistente” de los valores europeos. Pese a las dificultades prácticas, la resolución parlamentaria envía una clara señal política ante los excesos de Orbán.
La Eurocámara cree que Hungría representa una “amenaza sistémica” y critica a la Comisión por no actuar de manera más enérgica. Bruselas “pasa por alto tendencias y pautas de actuación” y opta por procedimientos de infracción que “no han servido para producir cambios reales”, valora la resolución.
Bruselas, El País
La figura de Viktor Orbán, el controvertido primer ministro húngaro, pone en aprietos al Partido Popular Europeo (PPE). El grupo parlamentario se dividió en tres al votar el miércoles una resolución para que la UE retire los derechos de voto a Hungría por “riesgo claro de violación de los valores europeos”. El partido del líder húngaro, Fidesz, pertenece al PPE. La iniciativa del Parlamento Europeo salió adelante con los votos de socialdemócratas, liberales, izquierda minoritaria y verdes, pero también con un tercio de los eurodiputados populares. El rechazo de los españoles del PP, de los alemanes de la CDU —el partido de Angela Merkel— y de los italianos de Forza Italia decantó una mayoría del grupo hacia el respaldo a Orbán.
El populista Orbán ha acentuado los tintes autoritarios desde que llegó al poder, en 2010. En sus mandatos se han aprobado leyes de control judicial, contra las minorías y medidas de persecución a migrantes y refugiados. La Comisión Europea le ha abierto un procedimiento por una de sus últimas andanadas: la aprobación de una norma que aboca al cierre a la Central European University. La universidad, de gran prestigio, está financiada por el multimillonario y filántropo George Soros, estadounidense nacido en Hungría y denostado por Orbán.
Con ese largo expediente, la Eurocámara constata “el grave deterioro del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales” en el país del Este y pide al Consejo Europeo que active la primera parte del artículo 7. Es el paso previo para despojar a Budapest de sus derechos de voto en la UE, el máximo castigo que prevén los tratados cuando un país se aleja de la senda democrática. El texto recibió 393 votos a favor y 221 en contra (esencialmente, de un 43% del PPE que se unió a partidos euroescépticos como los tories británicos y xenófobos como el Frente Nacional de Marine Le Pen). Hubo, además, 40 abstenciones.
Los diputados del Partido Popular Europeo, la formación más numerosa en la Eurocámara, mantuvieron un acalorado debate previo a la votación. Pero la idea de infligir el máximo castigo a Hungría los dividió. “Compartimos al 100% las críticas a Orbán. La discrepancia está en el artículo 7, que nunca se ha aplicado en Europa. Tiene que existir proporcionalidad entre infracción y condena”, argumenta Esteban González Pons, jefe de filas del PP en la Eurocámara y vicepresidente del grupo europeo. El eurodiputado subraya que ese instrumento no se ha empleado —la Comisión Europea aún se reserva el derecho— en el caso de Polonia, “que es más grave”.
Señal política
La anulación de los derechos de voto de un país resulta casi imposible. Solo el Consejo Europeo, representativo de los Estados miembros, puede decidirla y requiere de un voto unánime previo —excluido el país afectado— para constatar “la existencia de una violación grave y persistente” de los valores europeos. Pese a las dificultades prácticas, la resolución parlamentaria envía una clara señal política ante los excesos de Orbán.
La Eurocámara cree que Hungría representa una “amenaza sistémica” y critica a la Comisión por no actuar de manera más enérgica. Bruselas “pasa por alto tendencias y pautas de actuación” y opta por procedimientos de infracción que “no han servido para producir cambios reales”, valora la resolución.
