La oposición turca llega al referéndum tras una campaña plagada de arrestos u otros obstáculos
Los contrarios a dar más poder a Erdogan sufren ataques
Andrés Mourenza
Estambul, El País
Apenas pusieron el pie en la aldea de Çamoba, cuando comenzó a oírse al muecín gritar desde el minarete de la mezquita: “¡Unos foráneos han entrado en el pueblo! ¡No les abráis las puertas de vuestros hogares!”. La delegación de la Asociación de Pensamiento Atatürkista, formada mayormente por mujeres, no salía de su asombro: había acudido a esa pequeña villa en la costa del mar Egeo para promover el no en el referéndum que Turquía celebra el próximo domingo y se encontraban con tal extraño recibimiento.
No ha sido la única ocasión durante la tensa campaña hacia el plebiscito que decidirá si Turquía se convierte en un sistema presidencialista en que las mezquitas entran de lleno en el debate pese a que los imanes son funcionarios a sueldo del Estado y tienen prohibido dar consignas políticas: durante un sermón el pasado febrero, un imán de Estambul instó a votar sí acusando de “traidores a la patria” a quienes optasen por el no; otro imán, en la provincia de Rize (norte), grabó un vídeo con sus fieles apoyando el sí y en un templo de Nevsehir (Anatolia Central) se repartieron caramelos con propaganda a favor del sí, entre otros ejemplos. Tampoco han sido estos los mayores obstáculos sufridos por los partidarios del no, en una campaña electoral en la que han sido tachados continuamente de “terroristas” y “golpistas” por las autoridades turcas.
“¿Votarás sí o no en el referéndum?”, pregunta un amigo a otro en una de las últimas portadas de la revista satírica Penguen. “Ah, pero ¿hay más opciones aparte del sí?”, responde el otro sorprendido. En efecto, paseando por las calles de las ciudades turcas, empapeladas con enormes pancartas en las que se repiten los rostros del primer ministro y el presidente y la palabra “Evet” (Sí), parece que no haya otra opción que la defendida por Erdogan y los suyos. Los propios observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) han dado cuenta del “abuso de los recursos públicos” –utilización de vehículos públicos o de instancias y fondos de la Administración para hacer propaganda por ejemplo- por parte de la campaña del Sí, pese a que la ley lo prohíbe.
Según un informe de la principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), agentes de policía o simpatizantes del gobierno han atacado o amenazado hasta 231 actos de partidarios del no en toda Turquía y 330 personas implicadas en la campaña contra el presidencialismo han sido detenidas. “En algunas provincias han prohibido nuestros actos y varios de nuestros militantes han sido detenidos cuando repartían propaganda contra el sistema presidencial porque, nos dicen, solo los partidos políticos pueden llevar a cabo campañas políticas”, se queja el copresidente de la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (KESK), Lami Özgen. El estado de emergencia que rige Turquía desde el pasado julio confiere a las Delegaciones del Gobierno poderes extraordinarios para autorizar o prohibir actos públicos, lo que está siendo utilizado en detrimento de la oposición. “Se nos ha vetado la calle, lo que da idea de cual es la situación en Turquía. Solo se escucha una voz, la del sí. Por eso nos hemos centrado en una campaña pequeña, puerta a puerta”, se quejaba al inicio de la campaña el diputado socialdemócrata Eren Erdem.
También podría añadirse que se les ha vetado la televisión. De acuerdo con un estudio de la plataforma Unidad por la Democracia, más del 90 % de la duración de las noticias sobre el referéndum en los principales canales de televisión está dedicado a la opción del sí ya que mediante un decreto gubernamental –que ni siquiera fue debatido en el Parlamento como contempla la ley- se eliminó una disposición que exigía a los medios de comunicación públicos y privados dar información imparcial durante periodos electorales. No en vano, durante la campaña, al menos cinco conocidos presentadores de televisión y periodistas que dijeron públicamente simpatizar con la opción del no fueron fulminantemente despedidos.
Más difíciles aún es la situación en las regiones kurdas del país. El informe de los observadores de la OSCE muestra preocupación por cómo se verán afectados en su derecho al sufragio los casi 300.000 votantes que viven en zonas declaradas de “especial seguridad militar” en el sureste de Turquía y el casi medio millón de desplazados por los combates entre el grupo armado kurdo PKK y las fuerzas de seguridad turcas. Aún más inquietud expresa por “el hecho de que líderes políticos y activistas se hallen entre rejas ha mermado seriamente las posibilidades de ciertos grupos de llevar a cabo su campaña”. Se refiere al encarcelamiento de 13 diputados, incluidos los dos copresidentes, del Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP) y de varios miles de cargos locales de dicha formación prokurda acusados de colaborar con el PKK. Incluso el himno de campaña del HDP, en lengua kurda, ha sido prohibido por un tribunal que lo consideró “separatista”.
El Gobierno ha anunciado que el día del referéndum unos 380.000 policías y gendarmes vigilarán la seguridad de la votación en todo el país. En las regiones orientales, se desplegarán además unos 70.000 guardias rurales –paramilitares kurdos leales al Gobierno de Ankara- para evitar, según el primer ministro, Binali Yildirim, que “las organizaciones terroristas influyan en las voluntad popular por medio de amenazas” como, en su opinión, ocurrió en las elecciones de junio de 2015 cuando el buen resultado del HDP impidió a los islamistas lograr la mayoría absoluta. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) en la provincia oriental de Erzurum, Medeni Aygül, se teme que esta presencia de las fuerzas de seguridad sea utilizada para “presionar y amedrentar” a los votantes kurdos, especialmente en los pueblos más pequeños: “Esta consulta necesita a todos los observadores internacionales que sea posible”.
Estambul, El País
Apenas pusieron el pie en la aldea de Çamoba, cuando comenzó a oírse al muecín gritar desde el minarete de la mezquita: “¡Unos foráneos han entrado en el pueblo! ¡No les abráis las puertas de vuestros hogares!”. La delegación de la Asociación de Pensamiento Atatürkista, formada mayormente por mujeres, no salía de su asombro: había acudido a esa pequeña villa en la costa del mar Egeo para promover el no en el referéndum que Turquía celebra el próximo domingo y se encontraban con tal extraño recibimiento.
No ha sido la única ocasión durante la tensa campaña hacia el plebiscito que decidirá si Turquía se convierte en un sistema presidencialista en que las mezquitas entran de lleno en el debate pese a que los imanes son funcionarios a sueldo del Estado y tienen prohibido dar consignas políticas: durante un sermón el pasado febrero, un imán de Estambul instó a votar sí acusando de “traidores a la patria” a quienes optasen por el no; otro imán, en la provincia de Rize (norte), grabó un vídeo con sus fieles apoyando el sí y en un templo de Nevsehir (Anatolia Central) se repartieron caramelos con propaganda a favor del sí, entre otros ejemplos. Tampoco han sido estos los mayores obstáculos sufridos por los partidarios del no, en una campaña electoral en la que han sido tachados continuamente de “terroristas” y “golpistas” por las autoridades turcas.
“¿Votarás sí o no en el referéndum?”, pregunta un amigo a otro en una de las últimas portadas de la revista satírica Penguen. “Ah, pero ¿hay más opciones aparte del sí?”, responde el otro sorprendido. En efecto, paseando por las calles de las ciudades turcas, empapeladas con enormes pancartas en las que se repiten los rostros del primer ministro y el presidente y la palabra “Evet” (Sí), parece que no haya otra opción que la defendida por Erdogan y los suyos. Los propios observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) han dado cuenta del “abuso de los recursos públicos” –utilización de vehículos públicos o de instancias y fondos de la Administración para hacer propaganda por ejemplo- por parte de la campaña del Sí, pese a que la ley lo prohíbe.
Según un informe de la principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), agentes de policía o simpatizantes del gobierno han atacado o amenazado hasta 231 actos de partidarios del no en toda Turquía y 330 personas implicadas en la campaña contra el presidencialismo han sido detenidas. “En algunas provincias han prohibido nuestros actos y varios de nuestros militantes han sido detenidos cuando repartían propaganda contra el sistema presidencial porque, nos dicen, solo los partidos políticos pueden llevar a cabo campañas políticas”, se queja el copresidente de la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (KESK), Lami Özgen. El estado de emergencia que rige Turquía desde el pasado julio confiere a las Delegaciones del Gobierno poderes extraordinarios para autorizar o prohibir actos públicos, lo que está siendo utilizado en detrimento de la oposición. “Se nos ha vetado la calle, lo que da idea de cual es la situación en Turquía. Solo se escucha una voz, la del sí. Por eso nos hemos centrado en una campaña pequeña, puerta a puerta”, se quejaba al inicio de la campaña el diputado socialdemócrata Eren Erdem.
También podría añadirse que se les ha vetado la televisión. De acuerdo con un estudio de la plataforma Unidad por la Democracia, más del 90 % de la duración de las noticias sobre el referéndum en los principales canales de televisión está dedicado a la opción del sí ya que mediante un decreto gubernamental –que ni siquiera fue debatido en el Parlamento como contempla la ley- se eliminó una disposición que exigía a los medios de comunicación públicos y privados dar información imparcial durante periodos electorales. No en vano, durante la campaña, al menos cinco conocidos presentadores de televisión y periodistas que dijeron públicamente simpatizar con la opción del no fueron fulminantemente despedidos.
Más difíciles aún es la situación en las regiones kurdas del país. El informe de los observadores de la OSCE muestra preocupación por cómo se verán afectados en su derecho al sufragio los casi 300.000 votantes que viven en zonas declaradas de “especial seguridad militar” en el sureste de Turquía y el casi medio millón de desplazados por los combates entre el grupo armado kurdo PKK y las fuerzas de seguridad turcas. Aún más inquietud expresa por “el hecho de que líderes políticos y activistas se hallen entre rejas ha mermado seriamente las posibilidades de ciertos grupos de llevar a cabo su campaña”. Se refiere al encarcelamiento de 13 diputados, incluidos los dos copresidentes, del Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP) y de varios miles de cargos locales de dicha formación prokurda acusados de colaborar con el PKK. Incluso el himno de campaña del HDP, en lengua kurda, ha sido prohibido por un tribunal que lo consideró “separatista”.
El Gobierno ha anunciado que el día del referéndum unos 380.000 policías y gendarmes vigilarán la seguridad de la votación en todo el país. En las regiones orientales, se desplegarán además unos 70.000 guardias rurales –paramilitares kurdos leales al Gobierno de Ankara- para evitar, según el primer ministro, Binali Yildirim, que “las organizaciones terroristas influyan en las voluntad popular por medio de amenazas” como, en su opinión, ocurrió en las elecciones de junio de 2015 cuando el buen resultado del HDP impidió a los islamistas lograr la mayoría absoluta. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) en la provincia oriental de Erzurum, Medeni Aygül, se teme que esta presencia de las fuerzas de seguridad sea utilizada para “presionar y amedrentar” a los votantes kurdos, especialmente en los pueblos más pequeños: “Esta consulta necesita a todos los observadores internacionales que sea posible”.
