El fiscal general de EE UU asegura que detener a Julian Assange “es una prioridad”
El Departamento de Justicia estudia presentar cargos contra el fundador de Wikileaks
Cristina F. Pereda
Washington, El País
El fiscal general de Estados Unidos aseguró este jueves que detener a Julian Assange, fundador de Wikileaks, “es una prioridad”. El Departamento de Justicia que lidera Jeff Sessions estudia presentar cargos contra Assange, responsable de la revelación en el pasado de miles de documentos clasificados de las agencias de inteligencia estadounidenses. El Gobierno, según fuentes consultadas por los medios norteamericanos, investiga si la organización ha cometido un delito al obtener recientemente información secreta sobre las herramientas de espionaje de la CIA.
“Vamos a aumentar nuestros esfuerzos en la lucha contra todas las filtraciones”, declaró Sessions en una rueda de prensa este jueves. El fiscal general declaró que este asunto ha llegado más lejos “que nada que yo sepa” y que su departamento “intentará poner a algunas personas en la cárcel allí donde tengamos un caso” contra ellos.
La decisión de la Administración Trump supone un giro de 180 grados con respecto a lo defendido por el presidente republicano cuando era candidato. Entonces dijo “amo a Wikileaks”, alentando a la organización a que publicara los correos electrónicos de su rival, Hillary Clinton. Pero las filtraciones realizadas por Wikileaks en las últimas semanas, incluidos miles de documentos con herramientas de espionaje empleadas por la CIA, podrían suscitar una nueva investigación sobre la responsabilidad del grupo en el robo de esa información.
Trump estaría adoptando además un camino que su predecesor, Barack Obama, ya dio por imposible en 2013. Una querella contra Wikileaks por revelar información clasificada sería muy difícil de sacar adelante sin acusar también a las cabeceras estadounidenses —como The New York Times— que sacaron a la luz el mismo contenido. La Constitución estadounidense reconoce el derecho de los medios a publicar información clasificada, por lo que el Gobierno no ha podido acusar a Wikileaks por sus revelaciones.
La única opción del Gobierno está en acusar a Assange de conspiración para robar información clasificada, por lo que tendría que demostrar que el fundador de Wikileaks instruyó a Chelsea Manning o a Edward Snowden, responsables de las dos mayores filtraciones, a robar los documentos pertenecientes al Departamento de Estado, el Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional. Hasta la actualidad, EE UU no ha podido justificar si Assange estuvo involucrado directamente en el robo de la información.
La organización ha argumentado en su defensa que funciona como un medio de comunicación, por lo que sus actividades están protegidas ante la justicia. “Nuestras motivaciones son idénticas que las de The New York Times o The Washington Post: publicar contenido noticioso”, escribió Assange recientemente en el Post. “Publicamos material que podemos confirmar que es verdadero, al margen de si las fuentes lo obtuvieron legalmente o si tienen derecho a entregárselo a los medios”.
Sin embargo, la Administración estadounidense tiene una opinión muy distinta de Assange. El director de la CIA Mike Pompeo afirmó la semana pasada en Washington que el trabajo de Wikileaks va más allá de las actividades protegidas por la Libertad de Prensa. “Es el momento de llamar a Wikileaks por lo que es, un servicio de inteligencia hostil que a veces actúa instigado por poderes estatales como Rusia”.
Pompeo también declaró que Wikileaks “ordenó” a Chelsea Manning que interceptase información clasificada y que Assange carece de protecciones bajo la legislación estadounidense. “No puede acogerse a la libertad de prensa. Está sentado en una embajada en Londres. No es un ciudadano estadounidense”, aseguró.
Washington, El País
El fiscal general de Estados Unidos aseguró este jueves que detener a Julian Assange, fundador de Wikileaks, “es una prioridad”. El Departamento de Justicia que lidera Jeff Sessions estudia presentar cargos contra Assange, responsable de la revelación en el pasado de miles de documentos clasificados de las agencias de inteligencia estadounidenses. El Gobierno, según fuentes consultadas por los medios norteamericanos, investiga si la organización ha cometido un delito al obtener recientemente información secreta sobre las herramientas de espionaje de la CIA.
“Vamos a aumentar nuestros esfuerzos en la lucha contra todas las filtraciones”, declaró Sessions en una rueda de prensa este jueves. El fiscal general declaró que este asunto ha llegado más lejos “que nada que yo sepa” y que su departamento “intentará poner a algunas personas en la cárcel allí donde tengamos un caso” contra ellos.
La decisión de la Administración Trump supone un giro de 180 grados con respecto a lo defendido por el presidente republicano cuando era candidato. Entonces dijo “amo a Wikileaks”, alentando a la organización a que publicara los correos electrónicos de su rival, Hillary Clinton. Pero las filtraciones realizadas por Wikileaks en las últimas semanas, incluidos miles de documentos con herramientas de espionaje empleadas por la CIA, podrían suscitar una nueva investigación sobre la responsabilidad del grupo en el robo de esa información.
Trump estaría adoptando además un camino que su predecesor, Barack Obama, ya dio por imposible en 2013. Una querella contra Wikileaks por revelar información clasificada sería muy difícil de sacar adelante sin acusar también a las cabeceras estadounidenses —como The New York Times— que sacaron a la luz el mismo contenido. La Constitución estadounidense reconoce el derecho de los medios a publicar información clasificada, por lo que el Gobierno no ha podido acusar a Wikileaks por sus revelaciones.
La única opción del Gobierno está en acusar a Assange de conspiración para robar información clasificada, por lo que tendría que demostrar que el fundador de Wikileaks instruyó a Chelsea Manning o a Edward Snowden, responsables de las dos mayores filtraciones, a robar los documentos pertenecientes al Departamento de Estado, el Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional. Hasta la actualidad, EE UU no ha podido justificar si Assange estuvo involucrado directamente en el robo de la información.
La organización ha argumentado en su defensa que funciona como un medio de comunicación, por lo que sus actividades están protegidas ante la justicia. “Nuestras motivaciones son idénticas que las de The New York Times o The Washington Post: publicar contenido noticioso”, escribió Assange recientemente en el Post. “Publicamos material que podemos confirmar que es verdadero, al margen de si las fuentes lo obtuvieron legalmente o si tienen derecho a entregárselo a los medios”.
Sin embargo, la Administración estadounidense tiene una opinión muy distinta de Assange. El director de la CIA Mike Pompeo afirmó la semana pasada en Washington que el trabajo de Wikileaks va más allá de las actividades protegidas por la Libertad de Prensa. “Es el momento de llamar a Wikileaks por lo que es, un servicio de inteligencia hostil que a veces actúa instigado por poderes estatales como Rusia”.
Pompeo también declaró que Wikileaks “ordenó” a Chelsea Manning que interceptase información clasificada y que Assange carece de protecciones bajo la legislación estadounidense. “No puede acogerse a la libertad de prensa. Está sentado en una embajada en Londres. No es un ciudadano estadounidense”, aseguró.
