Trump promete una larga batalla judicial por su nuevo veto migratorio
El Gobierno recurrirá la suspensión ordenada por dos jueces pero sus opciones son limitadas
Joan Faus
Washington, El País
Después de la humillación, Donald Trump promete pelear. El Gobierno estadounidense estudia este jueves sus próximos pasos después de que dos jueces de Hawái y Maryland suspendieran la entrada en vigor del nuevo veto migratorio, prevista para la pasada medianoche. Trump criticó a la justicia y anunció que está dispuesto a llevar la batalla hasta el Tribunal Supremo. Pero, haga lo que haga, el Gobierno no tiene garantizada una victoria. Puede apelar las sentencias, reescribir de nuevo la orden ejecutiva o ir directo al Supremo.
Por ahora, optará por la primera opción. “Tenemos intención de recurrir esta sentencia defectuosa”, anunció el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su rueda de prensa diaria. Spicer explicó que el Departamento de Justicia actuará con rapidez y que está “explorando todas las opciones disponibles”. “El peligro es real y la ley es clara”, agregó el portavoz, que defendió la capacidad del presidente de cerrar las fronteras del país si considera que hay una amenaza de seguridad.
Para Ofelia Calderón, una abogada que ayudó en el aeropuerto de Washington a personas afectadas por el primer veto, las sentencias de Hawái y Maryland son una “buena señal” de la salud democrática de EE UU. “El hecho de que la rama judicial está haciendo su trabajo es una prueba de que tenemos una democracia y de lo que sirve el sistema de contrapoderes”, dice por teléfono.
Calderón sostiene que las declaraciones pasadas y presentes de Trump evidencian que los dos decretos migratorios responden a un “intento de discriminar según la religión”, lo que vulnera la Constitución.
Una versión más rebajada que la primera
En el nuevo veto migratorio, se impide durante 90 días solicitar un visado a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen). Pero en la lista ya no figura Irak y la restricción no afecta a las personas que ya tienen un visado o residencia permanente.
Se mantiene la paralización durante 120 días del programa de refugiados pero se levanta la suspensión indefinida a los ciudadanos sirios. También se elimina el lenguaje a favor de proteger a minorías religiosas, en una alusión a cristianos en Oriente Próximo, y se enfatiza que el veto responde a motivos de seguridad nacional para evitar resquicios legales sobre una posible discriminación intencionada a musulmanes.
En los fallos que paralizan temporalmente el veto a visitantes de seis países de mayoría musulmana, los magistrados consideran más importante la amenaza a la libertad religiosa del segundo decreto —una versión rebajada del primero que ya frenaron los tribunales— que el argumento de seguridad con el que lo justifica el Gobierno.
El juez federal de Maryland Theodore Chuang esgrimió que probablemente el objetivo de la orden ejecutiva sea la “ejecución del veto musulmán” que Trump prometió como candidato electoral.
El magistrado de Hawái coincidió en esa idea. Ante el argumento del Gobierno de que Trump carece de animosidad religiosa, el juez Derrick Watson recordó una nota de prensa durante la campaña en la que el republicano abogaba por un “cierre total y completo a la entrada de musulmanes a Estados Unidos”.
La acusación también citaba comentarios recientes de asesores de Trump, que aseguraban que el objetivo del segundo decreto era el mismo que el primero.
La retórica incendiaria de Trump, que el miércoles calificó de “terrible” el fallo de Hawái, le persigue ahora en los tribunales. En caso de recurrir, esa sentencia sería examinada por el noveno circuito de apelaciones, el mismo que ya refrendó la suspensión del primer decreto tras ordenarla un juez de Seattle.
Si se repitiese la secuencia de que ese circuito mantuviese la suspensión dictada por el juez de Hawái, el Gobierno podría recurrir directamente al Supremo. Pero la temporalidad que vive la máxima instancia judicial puede jugar en contra de Trump. Actualmente, hay un empate entre conservadores y progresistas en el Supremo a falta de que se confirme al noveno juez vacante. Parece improbable que el magistrado propuesto por el presidente, el conservador Neil Gorsuch, hubiese sido confirmado en el cargo antes de que se estudiara ese caso.
Washington, El País
Después de la humillación, Donald Trump promete pelear. El Gobierno estadounidense estudia este jueves sus próximos pasos después de que dos jueces de Hawái y Maryland suspendieran la entrada en vigor del nuevo veto migratorio, prevista para la pasada medianoche. Trump criticó a la justicia y anunció que está dispuesto a llevar la batalla hasta el Tribunal Supremo. Pero, haga lo que haga, el Gobierno no tiene garantizada una victoria. Puede apelar las sentencias, reescribir de nuevo la orden ejecutiva o ir directo al Supremo.
Por ahora, optará por la primera opción. “Tenemos intención de recurrir esta sentencia defectuosa”, anunció el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su rueda de prensa diaria. Spicer explicó que el Departamento de Justicia actuará con rapidez y que está “explorando todas las opciones disponibles”. “El peligro es real y la ley es clara”, agregó el portavoz, que defendió la capacidad del presidente de cerrar las fronteras del país si considera que hay una amenaza de seguridad.
Para Ofelia Calderón, una abogada que ayudó en el aeropuerto de Washington a personas afectadas por el primer veto, las sentencias de Hawái y Maryland son una “buena señal” de la salud democrática de EE UU. “El hecho de que la rama judicial está haciendo su trabajo es una prueba de que tenemos una democracia y de lo que sirve el sistema de contrapoderes”, dice por teléfono.
Calderón sostiene que las declaraciones pasadas y presentes de Trump evidencian que los dos decretos migratorios responden a un “intento de discriminar según la religión”, lo que vulnera la Constitución.
Una versión más rebajada que la primera
En el nuevo veto migratorio, se impide durante 90 días solicitar un visado a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen). Pero en la lista ya no figura Irak y la restricción no afecta a las personas que ya tienen un visado o residencia permanente.
Se mantiene la paralización durante 120 días del programa de refugiados pero se levanta la suspensión indefinida a los ciudadanos sirios. También se elimina el lenguaje a favor de proteger a minorías religiosas, en una alusión a cristianos en Oriente Próximo, y se enfatiza que el veto responde a motivos de seguridad nacional para evitar resquicios legales sobre una posible discriminación intencionada a musulmanes.
En los fallos que paralizan temporalmente el veto a visitantes de seis países de mayoría musulmana, los magistrados consideran más importante la amenaza a la libertad religiosa del segundo decreto —una versión rebajada del primero que ya frenaron los tribunales— que el argumento de seguridad con el que lo justifica el Gobierno.
El juez federal de Maryland Theodore Chuang esgrimió que probablemente el objetivo de la orden ejecutiva sea la “ejecución del veto musulmán” que Trump prometió como candidato electoral.
El magistrado de Hawái coincidió en esa idea. Ante el argumento del Gobierno de que Trump carece de animosidad religiosa, el juez Derrick Watson recordó una nota de prensa durante la campaña en la que el republicano abogaba por un “cierre total y completo a la entrada de musulmanes a Estados Unidos”.
La acusación también citaba comentarios recientes de asesores de Trump, que aseguraban que el objetivo del segundo decreto era el mismo que el primero.
La retórica incendiaria de Trump, que el miércoles calificó de “terrible” el fallo de Hawái, le persigue ahora en los tribunales. En caso de recurrir, esa sentencia sería examinada por el noveno circuito de apelaciones, el mismo que ya refrendó la suspensión del primer decreto tras ordenarla un juez de Seattle.
Si se repitiese la secuencia de que ese circuito mantuviese la suspensión dictada por el juez de Hawái, el Gobierno podría recurrir directamente al Supremo. Pero la temporalidad que vive la máxima instancia judicial puede jugar en contra de Trump. Actualmente, hay un empate entre conservadores y progresistas en el Supremo a falta de que se confirme al noveno juez vacante. Parece improbable que el magistrado propuesto por el presidente, el conservador Neil Gorsuch, hubiese sido confirmado en el cargo antes de que se estudiara ese caso.
