La política brasileña contiene la respiración ante la ‘bomba Odebrecht’
El país de origen de la multinacional puede ser el más afectado por la trama de sobornos
Tom C. Avendaño
São Paulo, El País
En el país donde se originó el caso Odebrech aún no resulta fácil medir su impacto concreto. Cuesta contar cuántas cabezas han caído por su culpa: la mayoría de sus imputados ya estaban en el punto de mira de la justicia por la macroinvestigación Petrobras, que lleva años destapando la corrupción entre las élites del país y dentro de cuyo marco se encuentra este caso. Pero sobre todo porque en Brasil la bomba Odebrecht aún no ha sido detonada.
Por ahora, y ese ahora puede ser muy breve, el caso Odebrecht solo una pesadilla para centenares de políticos, a la espera de que un día un juez ordene una acción policial basada en La confesión del fin del mundo: los detalles que 77 ejecutivos de la multinacional han dado sobre los sobornos a todo tipo de políticos. Si ese juez es de primera instancia, irá a por los cargos intermedios y el daño será considerable pero no letal. Si ese juez es del Tribunal Supremo, que lleva algo más de una semana estudiando La confesión, puede ir hasta por los políticos aforados: los ministros del presidente y sus aliados. La élite. La bomba Odebrecht sería una grave crisis en un país normal. En uno aplastado por la recesión más grave que ha vivido en décadas, que dura ya tres años, y donde todavía no se han cerrado las heridas del traumático impeachment que en agosto alejó del poder a la presidenta Dilma Rousseff, puede ser una hecatombe política.
Los daños colaterales ya son irreparables. El propio imperio Odebrecht, por ejemplo, ha sufrido: de reflejar casi 500 millones de reales de beneficios (160 millones de dólares) en 2014 ha pasado declarar pérdidas de 300 millones de reales (casi 100 millones de dólares) en 2015. Ese fue el año en el que el presidente Marcelo Odebrecht fue detenido por su implicación en el caso Petrobras y la imagen de empresa ejemplar que proyectaba la marca se resquebrajó irreparablemente. No sé conoce aún el balance de 2016 pero teniendo en cuenta que en ese año la situación solo ha empeorado (se ha destapado la red de sobornos y el presidente ha sido sentenciado a 19 años de cárcel), la consultora Fitch calcula que las pérdidas aumentarán un 15%. Perú ha cancelado la construcción del gasoducto más grande su historia, uno de los mayores proyectos de la multinacional, y ha anunciado que no volverá a trabajar con los brasileños. Lo mismo ha anunciado Panamá.
Algunas instituciones también se están resistiendo: el juez que llevaba el caso Petrobras en el Tribunal Supremo, Teori Zavascki, murió a finales de enero cuando el avión privado en el que volaba se estrelló contra el mar de Paraty (Rio de Janeiro). Aún no había decidido si incluir o no La confesión del fin del mundo dentro de sus pesquisas: la decisión la acabó tomando la presidenta del Supremo el mismo día que la institución reabrió sus puertas tras las vacaciones de verano. Para entonces el país se encontraba sumido en teorías conspirativas sobre la muerte del magistrado.
Para muchos expertos, esta situación explica los últimos movimientos del presidente Michel Temer. Que haya nominado a su propio ministro de Justicia para ocupar la plaza de Zavascki en el Tribunal Supremo, cuando gran parte de Brasilia esperaba una decisión ecuánime y un nominado alejado de la política. La polémica decisión le acarreará más o menos desgaste pero, si el Senado se la refrenda, habrá colocado a un poderoso aliado en un puesto de valor excepcional: una de las funciones del puesto es supervisar de las sentencias que el Supremo emita relacionadas al caso Petrobras. Si le sale bien la jugada, el agobiado presidente habrá retrasado el fin del mundo un día más.
São Paulo, El País
En el país donde se originó el caso Odebrech aún no resulta fácil medir su impacto concreto. Cuesta contar cuántas cabezas han caído por su culpa: la mayoría de sus imputados ya estaban en el punto de mira de la justicia por la macroinvestigación Petrobras, que lleva años destapando la corrupción entre las élites del país y dentro de cuyo marco se encuentra este caso. Pero sobre todo porque en Brasil la bomba Odebrecht aún no ha sido detonada.
Por ahora, y ese ahora puede ser muy breve, el caso Odebrecht solo una pesadilla para centenares de políticos, a la espera de que un día un juez ordene una acción policial basada en La confesión del fin del mundo: los detalles que 77 ejecutivos de la multinacional han dado sobre los sobornos a todo tipo de políticos. Si ese juez es de primera instancia, irá a por los cargos intermedios y el daño será considerable pero no letal. Si ese juez es del Tribunal Supremo, que lleva algo más de una semana estudiando La confesión, puede ir hasta por los políticos aforados: los ministros del presidente y sus aliados. La élite. La bomba Odebrecht sería una grave crisis en un país normal. En uno aplastado por la recesión más grave que ha vivido en décadas, que dura ya tres años, y donde todavía no se han cerrado las heridas del traumático impeachment que en agosto alejó del poder a la presidenta Dilma Rousseff, puede ser una hecatombe política.
Los daños colaterales ya son irreparables. El propio imperio Odebrecht, por ejemplo, ha sufrido: de reflejar casi 500 millones de reales de beneficios (160 millones de dólares) en 2014 ha pasado declarar pérdidas de 300 millones de reales (casi 100 millones de dólares) en 2015. Ese fue el año en el que el presidente Marcelo Odebrecht fue detenido por su implicación en el caso Petrobras y la imagen de empresa ejemplar que proyectaba la marca se resquebrajó irreparablemente. No sé conoce aún el balance de 2016 pero teniendo en cuenta que en ese año la situación solo ha empeorado (se ha destapado la red de sobornos y el presidente ha sido sentenciado a 19 años de cárcel), la consultora Fitch calcula que las pérdidas aumentarán un 15%. Perú ha cancelado la construcción del gasoducto más grande su historia, uno de los mayores proyectos de la multinacional, y ha anunciado que no volverá a trabajar con los brasileños. Lo mismo ha anunciado Panamá.
Algunas instituciones también se están resistiendo: el juez que llevaba el caso Petrobras en el Tribunal Supremo, Teori Zavascki, murió a finales de enero cuando el avión privado en el que volaba se estrelló contra el mar de Paraty (Rio de Janeiro). Aún no había decidido si incluir o no La confesión del fin del mundo dentro de sus pesquisas: la decisión la acabó tomando la presidenta del Supremo el mismo día que la institución reabrió sus puertas tras las vacaciones de verano. Para entonces el país se encontraba sumido en teorías conspirativas sobre la muerte del magistrado.
Para muchos expertos, esta situación explica los últimos movimientos del presidente Michel Temer. Que haya nominado a su propio ministro de Justicia para ocupar la plaza de Zavascki en el Tribunal Supremo, cuando gran parte de Brasilia esperaba una decisión ecuánime y un nominado alejado de la política. La polémica decisión le acarreará más o menos desgaste pero, si el Senado se la refrenda, habrá colocado a un poderoso aliado en un puesto de valor excepcional: una de las funciones del puesto es supervisar de las sentencias que el Supremo emita relacionadas al caso Petrobras. Si le sale bien la jugada, el agobiado presidente habrá retrasado el fin del mundo un día más.
