El Gobierno rumano retirará el decreto que despenalizaba casos de corrupción
La presión de las mayores manifestaciones desde la caída del comunismo obligan al Ejecutivo socialdemócrata a dar marcha atrás
María R. Sahuquillo
Varsovia, El País
Después de cuatro días de intensas protestas en la calle, las mayores de la historia del país desde la caída de la dictadura comunista en 1989, el Gobierno rumano ha dado marcha atrás en su decreto que despenaliza ciertos casos de corrupción. El Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD), acosado por los ciudadanos descontentos, por la oposición y presionado por los organismos judiciales rumanos, ha anunciado este sábado que retirará la medida, que eliminaba las penas de cárcel para aquellos corruptos que hubieran causado un perjuicio inferior a 200.000 lei (44.000 euros). “No quiero dividir Rumania”, ha declarado el primer ministro Sorin Grindeanu, que ha asegurado en un discurso televisado que su Gabinete se reunirá mañana de urgencia para hallar una fórmula para derogar la medida.
Mientras hablaba, en Bucarest, decenas de miles de personas —unas 140.000 según Reuters— clamaban contra el Ejecutivo. Las protestas se repitieron en otras ciudades del país. No tuvieron seguimiento apenas, sin embargo, en la Rumania rural, donde el PSD es muy fuerte; algo que quedó claro en las elecciones del pasado diciembre, que los socialdemócratas ganaron con un 45% de los votos, pese a los continuos escándalos de corrupción que envuelven a sus dirigentes.
“Es una vergüenza, tenemos un Gobierno de corruptos que ampara a otros corruptos y que perpetúa un sistema que perjudica al ciudadano”, critica Madalina Matei, desde la plaza Victoria de la capital. Esta funcionaria de 32 años es una de los decenas de miles de rumanos que, indignados, lleva cuatro días manifestándose en las calles contra un decreto, anunciado veladamente y aprobado de manera prácticamente sorpresiva el pasado jueves.
De hecho uno de los beneficiados de la medida —que afectaba a casos ya en estudio— era el líder del PSD, Liviu Dragnea, imputado en un caso de abuso de poder y corrupción con daños estimados en 24.000 euros, quien no había podido ocupar el sillón de primer ministro precisamente por estar imputado en un delito de corrupción. “Yo todavía no me creo que vayan a retirar el decreto. No confío en ellos, cuando lo vea me lo creeré”, reclama George Bocsan, que también ha formado parte de las marchas pero desde Cluj, al norte del país.
El presidente, el independiente Klaus Iohannis --que cuenta con el apoyo del Partido Nacional liberal--, tildó de "inadmisible" la medida y alentó a los manifestantes al afirmar que comprendía sus ganas de salir a la calle.
El polémico decreto —recurrido por el Defensor del Pueblo y que ha motivado una moción de censura de la oposición— suponía un importante paso atrás en la lucha contra la corrupción en Rumania, uno de los principales problemas del país desde la época de Ceaucescu, cuando era tan difícil conseguir de manera regular las cosas que prácticamente se institucionalizó. Pagar por acelerar un trámite, por recibir un permiso, por una consulta médica gratuita o por garantizarse una educación adecuada es algo común en el Estado balcánico. Tanto que dos tercios de sus casi 20 millones de habitantes lo han hecho, según una encuesta de 2015.
La corrupción es uno de los elementos por los que la Comisión Europea mantiene su auditoría sobre el sistema judicial rumano desde su adhesión, hace ya diez años. Bruselas se había mostrado enormemente preocupado por el camino emprendido con este decreto, que no auspiciaba los mejores augurios del nuevo Gobierno del PSD.
Varsovia, El País
Después de cuatro días de intensas protestas en la calle, las mayores de la historia del país desde la caída de la dictadura comunista en 1989, el Gobierno rumano ha dado marcha atrás en su decreto que despenaliza ciertos casos de corrupción. El Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD), acosado por los ciudadanos descontentos, por la oposición y presionado por los organismos judiciales rumanos, ha anunciado este sábado que retirará la medida, que eliminaba las penas de cárcel para aquellos corruptos que hubieran causado un perjuicio inferior a 200.000 lei (44.000 euros). “No quiero dividir Rumania”, ha declarado el primer ministro Sorin Grindeanu, que ha asegurado en un discurso televisado que su Gabinete se reunirá mañana de urgencia para hallar una fórmula para derogar la medida.
Mientras hablaba, en Bucarest, decenas de miles de personas —unas 140.000 según Reuters— clamaban contra el Ejecutivo. Las protestas se repitieron en otras ciudades del país. No tuvieron seguimiento apenas, sin embargo, en la Rumania rural, donde el PSD es muy fuerte; algo que quedó claro en las elecciones del pasado diciembre, que los socialdemócratas ganaron con un 45% de los votos, pese a los continuos escándalos de corrupción que envuelven a sus dirigentes.
“Es una vergüenza, tenemos un Gobierno de corruptos que ampara a otros corruptos y que perpetúa un sistema que perjudica al ciudadano”, critica Madalina Matei, desde la plaza Victoria de la capital. Esta funcionaria de 32 años es una de los decenas de miles de rumanos que, indignados, lleva cuatro días manifestándose en las calles contra un decreto, anunciado veladamente y aprobado de manera prácticamente sorpresiva el pasado jueves.
De hecho uno de los beneficiados de la medida —que afectaba a casos ya en estudio— era el líder del PSD, Liviu Dragnea, imputado en un caso de abuso de poder y corrupción con daños estimados en 24.000 euros, quien no había podido ocupar el sillón de primer ministro precisamente por estar imputado en un delito de corrupción. “Yo todavía no me creo que vayan a retirar el decreto. No confío en ellos, cuando lo vea me lo creeré”, reclama George Bocsan, que también ha formado parte de las marchas pero desde Cluj, al norte del país.
El presidente, el independiente Klaus Iohannis --que cuenta con el apoyo del Partido Nacional liberal--, tildó de "inadmisible" la medida y alentó a los manifestantes al afirmar que comprendía sus ganas de salir a la calle.
El polémico decreto —recurrido por el Defensor del Pueblo y que ha motivado una moción de censura de la oposición— suponía un importante paso atrás en la lucha contra la corrupción en Rumania, uno de los principales problemas del país desde la época de Ceaucescu, cuando era tan difícil conseguir de manera regular las cosas que prácticamente se institucionalizó. Pagar por acelerar un trámite, por recibir un permiso, por una consulta médica gratuita o por garantizarse una educación adecuada es algo común en el Estado balcánico. Tanto que dos tercios de sus casi 20 millones de habitantes lo han hecho, según una encuesta de 2015.
La corrupción es uno de los elementos por los que la Comisión Europea mantiene su auditoría sobre el sistema judicial rumano desde su adhesión, hace ya diez años. Bruselas se había mostrado enormemente preocupado por el camino emprendido con este decreto, que no auspiciaba los mejores augurios del nuevo Gobierno del PSD.
